Era el represente legal de una cadena de supermercados que presuntamente eludió las responsabilidades tributarias y evadió impuestos que ascienden a Q150 millones, según los datos que comparte la Policía Nacional Civil (PNC).

El hombre señalado por la justicia guatemalteca responde al nombre de Francisco José Barrios Hernández de 41 años de edad, quien era requerido por mantener activa una orden de captura desde finales del 2020.

Las autoridades sospecharon que el hombre pudo darse a la fuga y salir del país justo cuando Guatemala se enfrentaba a un confinamiento y serias medidas de restricción por la pandemia, por lo que solicitaron apoyo de la Interpol.

El 8 de abril del 2021 se consiguió activar una alerta roja con motivo de una captura internacional, incluso no es el primer proceso de este sujeto por delitos relacionados con las finanzas.

Reportes destacan que el 27 de julio del 2021 Barrios Hernández fue detenido en el operativo “Quetzal” desarrollado en Panamá por la sindicación de blanqueo de capitales, cargo que en Guatemala es conocido como lavado de dinero u otros activos.

Este 26 de noviembre tras un proceso jurídico, administrativo y migratorio, las autoridades de Panamá deportaron al guatemalteco que tras pisar suelo guatemalteco fue detenido por los agentes de la PNC.

La INTERPOL-Guatemala se apersonaron al interior de las instalaciones de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde capturan a Francisco José Barrios Hernández, de 41 años, acusado del delito de “Defraudación Tributaria y Casos Especiales de Defraudación Tributaria pic.twitter.com/h9w62Ym6Jx

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 26, 2022

Forma de operación

Reportar declaraciones en cero, acogerse a un procedimiento de resistencia de acción fiscalizadora, cumplir con el pago de multa, y luego en la omisión de pago de impuestos, es la tipología de evasión que se develó en este caso, en mayo de 2021 por la intendencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Este proceso se tuvo que llevar a cabo durante una auditoría profunda, con base en las retenciones del IVA, cruces de información con proveedores del comercial, y se determinó un menoscabo preliminar de Q150 millones.

Esta serie de operaciones habrían sido cometidas por medio de Grupo Simply -que administra la cadena de supermercados La Barata-, según informaron el año pasado las autoridades tributarias.

En el caso de Grupo Simply, la mayoría de las transacciones se daban en efectivo y ello perjudicó a esa empresa al no tener respaldos suficientes para evidenciar su operación -contable-, (por lo que) la empresa pudo haber incurrido en costos y gastos deducibles del pago de sus impuestos.

La cantante colombiana Shakira tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros.

Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Shakira (Barranquilla, Colombia, 1977) ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía – más otros tres millones de euros en intereses – , lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario“, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

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La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años, mantiene el Ministerio Público español.

Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una “mínima tributación fiscal“, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”, asegura el Ministerio Público.

El equipo legal de la cantante ha mantenido varias conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero Shakira rechazó las ofertas.

El Ministerio Público presentó este viernes su escrito de acusación ante la Justicia catalana, después de que la artista rechazara el pasado miércoles el último acuerdo de la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio.

La Fiscalía solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira, quien es señalada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014, cuando habría simulado que no residía en España.

Shakira ya devolvió los 14.5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.

Como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar entrar en prisión.

Domicilio familiar en Barcelona desde 2012

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Un entramado en paraísos fiscales

Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años, mantiene la Fiscalía.

Esos acuerdos, según el ministerio público, dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

La Fiscalía mantiene que los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”.

El equipo legal de la cantante ha mantenido conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero el pasado miércoles Shakira rechazó la última oferta y emitió un duro comunicado en el que criticaba la “persecución” a que la sometía Hacienda y la “intransigencia” de la Fiscalía durante todo el proceso.

No obstante, la artista aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones hasta el momento de sentarse en el banquillo.

Quedó en libertad luego de pagar una multa de Q21 mil por impuestos generados desde 1993, debido a que su contador no hizo el cierre del hotel que él administraba.

La orden de captura fue emitida en 2014 por el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT.

El sindicado aseguró que se sintió sorprendido por la acción, debido que nunca fue notificado de algún problema legal.

Al conocer la situación de Pérez Flores, la agrupación política emitió un comunicado en el que anunció que procede a desconocer su aspiración a la candidatura.

Afirman que cualquier irregularidad que el partido detecte con alguna de sus candidaturas promovidas será hecha de conocimiento público.

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La Agencia Tributaria española redujo en dos millones de euros la multa de 18,8 (21,6 millones de dólares) acordada con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo para cerrar la causa por fraude fiscal, según informa el diario El Mundo este viernes.

El fisco español y los abogados de Ronaldo habían alcanzado este acuerdo para cerrar la causa contra el jugador de 33 años, recientemente transferido a la Juventus italiana, por haber escondido los ingresos por sus derechos de imagen mientras jugaba en el Real Madrid.

El pacto también incluía una condena de dos años de prisión que no se ejecutará, algo habitual bajo la ley española en las penas de hasta dos años decretadas por crímenes no violentos a personas sin antecedentes.

De acuerdo a El Mundo, que tuvo acceso a los documentos de la liquidación, las autoridades fiscales se dieron cuenta que Ronaldo pagó el año anterior unos dos millones de euros de más por unos derechos de imagen que había vendido en 2014.

Esto implica que sólo tendrá que pagar 16,7 millones de euros de los que ya había desembolsado 13,4 millones, según esta información.

El ministerio de Hacienda rechazó comentar la noticia para la AFP.

El periódico señala también que el pacto estipula el archivo de las acusaciones contra el agente del futbolista, Jorge Mendes.

La AFP no pudo contactar con el tribunal para confirmar o desmentir este extremo.

Más dinero al fisco de España

Si no hubiera existido este pacto y la causa hubiera progresado, Ronaldo podría haber recibido una multa de 28 millones de euros y una condena de hasta tres años y medio, de acuerdo con el sindicato de técnicos de Hacienda españoles Gestha.

El gran rival de Ronaldo, el argentino del FC Barcelona Lionel Messi, pagó una multa de dos millones de euros en 2016 por fraude fiscal y recibió una condena de 21 meses de prisión.

Esta pena fue finalmente sustituida por una sanción de 252.000 euros equivalente a 400 euros diarios por cada día de condena.

© Agence France-Presse