En un intento por reducir una eventual condena, María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, solicitó este lunes 12 de septiembre al Juzgado de Mayor Riesgo “A” que le aceptara acogerse a la figura de aceptación de cargos, en el caso por la muerte del capitán Byron Lima, ocurrida el 18 de julio de 2016 en la cárcel Pavón.

Castañeda Torres y otros 15 señalados, entre ellos Marvin Montiel, alias “el Taquero”, fueron enviados a juicio el 17 de julio de 2019 por el caso en el que se investiga la muerte de Lima en dicha prisión.

De esa cuenta, este lunes Castañeda Torres hizo la solicitud al juzgado, pero esta fue rechazada, por lo que deberá enfrentar a la justicia de manera regular.

La intención era reducir una eventual condena al aceptar la culpa por el delito de encubrimiento propio, por el cual es procesada.

[plr_enestemomento link_format=”3″ /]

De acuerdo con la resolución del Tribunal, la petición de Castañeda Torres fue rechazada porque el delito no aplica para el procedimiento de aceptación de cargos.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción vincula a Castañeda Torres con “el Taquero”, quien, según las autoridades habría impulsado la venta de drogas en Pavón.

Otro caso

Señalada de casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero y otros activos, Castañeda Torres fue ligada a proceso penal el 18 de octubre de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), Castañeda Torre fue investigada porque “como propietaria y representante legal de la empresa AFINSA durante el 2004 al 2006 cobró la cantidad de Q710 mil por servicios que nunca efectuó a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa” por supuestos servicios de asesoría financiera y gestión de préstamos ante bancos del sistema; sin embargo, la investigación determinó que esas gestiones las hizo el Instituto de Fomento Municipal (Infom).

[plr_terecomendamos link_format=”2″ post_id=”12889100″ post_id2=”11509271″ /]

La Fiscalía agrega que “se logró determinar por medio de una auditoría tributaria” que Castañeda Torres, “en el régimen de pequeño contribuyente referente a las obligaciones formales al Impuesto al Valor Agregado IVA y así como del Impuesto Sobre la Renta ISR, no se cumplió con presentar los formularios del pago del IVA” y omitió pagar Q156 mil 29.38 que corresponde al 12%.

Además, con relación al ISR “presentó las declaraciones juradas y recibos, pero omitió el pago de Q53 mil 378.73 “de acuerdo al régimen general del 5%. Haciendo un total de Q209 mil 408.11 de impuesto más mora e interés que la Superintendencia de Administración Tributaria dejó de percibir”.

El MP también determinó que Castañeda Torres recibió en su cuenta monetaria Q 500 mil “a sabiendas que ese dinero era producto de la comisión de un hecho delictivo que dañó el patrimonio de la Municipalidad de Comapa, Jutiapa, aun así extendió diferentes cheques a nombre de terceras personas por cantidades mayores a Q 10 mil”.

En marzo de 2021, Castañeda Torres fue condenada a cuatro años de prisión conmutables y multada con Q10 mil por haber estafado a la municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché.

[plr_otrasnotas /]

La Fiscalía contra la Corrupción logró probar que Castañeda cobró a la comuna Q1.5 millones por una asesoría que no brindó.

Castañeda Torres tendría que haber asesorado a la referida municipalidad para la adquisición de un préstamo de Q10 millones, pero no hubo asesoría para el crédito.

El juicio en contra del narcotraficante guatemalteco Marvin Montiel, alias el Taquero, por la matanza en 2016 de 12 reos dentro de una cárcel, incluido uno de los asesinos del obispo Juan Gerardi, y una mujer argentina, fue reprogramado para abril de 2024.

El Tribunal de Mayor Riesgo A del Organismo Judicial guatemalteco tenía contemplado iniciar este martes 16 de agosto el inicio del debate oral y público contra Montiel, pero ante la ausencia de uno de sus magistrados y ante el exceso de casos en su corte lo agendó nuevamente para abril de 2024.

Montiel, conocido con el alias de “El Taquero”, enfrenta el proceso judicial en su contra por la masacre al igual que su esposa, Sara Cruz Mancilla, y otros 12 sindicados.

La matanza tuvo lugar durante el 18 de abril de 2016 dentro de la cárcel de Pavón, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, y tenía como objetivo al capitán retirado del Ejército Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato del sacerdote Juan Gerardi en 1998.

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP), un comando armado de la estructura de Montiel se organizó para llegar hasta el lugar donde se encontraba Lima en la prisión y perpetró la matanza.

El militar retirado, 11 reos más y Joanna Birriel, una modelo argentina que lo visitaba en la prisión, murieron en el ataque.

El hecho se produjo supuestamente por la rivalidad que mantenían ambos presos con la finalidad de hacerse del control de la cárcel, de acuerdo con las pesquisas del MP que serán usadas en el juicio.

Lima Oliva cumplía una condena en Pavón de 20 años de prisión desde 2001 al haber sido hallado culpable como coautor por el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala, Juan José Gerardi.

El religioso fue asesinado a golpes el 26 de abril de 1998, unas 54 horas después de haber presentado el informe arquidiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más.

En ese informe se documentaron miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996) y más del 90 por ciento se le atribuyeron al Ejército.

Para leer más: Investigador de Cicig renuncia luego de que se diera a conocer supuesto romance con viuda de Byron Lima

Cumple condena

Por su parte, Montiel cumple una sentencia de 820 años de cárcel por el asesinato de 15 turistas nicaragüenses y 1 holandés, hecho perpetrado por su estructura de tráfico de drogas en una carretera del oriente de Guatemala el 8 de noviembre de 2008.

Montiel fue sentenciado en enero de 2016 por el asesinato de los turistas, que se transportaban en un autobús cuando fueron secuestrados y posteriormente asesinados e incinerados, supuestamente confundidos como narcotraficantes rivales.

El relato de cómo ocurrió la masacre de los nicaragüenses fue develado por un expolicía guatemalteco que se convirtió en “colaborador eficaz”, de acuerdo con una investigación que realizó en aquel momento la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). EFE

Montiel Marín está condenado a 820 años de cárcel por la muerte de 16 extranjeros y asegura que durante su visita, Ramírez quería convencerlo de que se declarara culpable por la muerte de Lima.

“Usted ya tiene 820 años (la condena por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés) ¿Qué son 700 años más? Usted está perdido. Está caído”, asegura que le dijo.

En el transcurso de esta semana, El Taquero mostró fotos en las que se evidencia que el exinvestigador sostenía una relación amorosa con Alejandra Reyes, viuda de Lima.

Luego de que se hicieran públicas las fotos, Ramírez presentó su renuncia a la Cicig por “faltas a las normas” que regulan el trabajo a esa entidad.

El exfuncionario hizo llegar a varios medios una carta en la que ofrece disculpas a Guatemala y a la Cicig por sus “acciones privadas y humanas”.

Asegura que sus esfuerzos como funcionario fueron transparentes y reconoce que tuvo una “cercanía emocional” con Reyes, absolutamente alejada de cualquier caso investigado.

Lea también

Marvin Montiel Marín alias “El Taquero” pide que sus fincas sean para damnificados de Volcán de Fuego

El Taquero no puede casarse en prisión dice el Sistema Penitenciario [VIDEO]

Sara Cruz, esposa de Montiel Marín, estuvo en la misma prisión que Reyes y ahí le comentó su relación con el investigador Rogelio Ramírez.

“Siempre lo he dicho el crimen de Byron Lima fue un crimen de Estado. Nosotros éramos amigos y compañeros en prisión”, dijo Montiel y explicó que las fotografías se las filtraron, sin especificar la fecha.

“La institución realizó todas las pesquisas internas correspondientes, incluyendo una entrevista con el investigador Ramírez. Como resultado, la persona presentó su dimisión por faltas a las normas que regulan nuestro trabajo”, aseguró el portavoz de la Comisión, Matías Ponce.

Reyes ha brindado su testimonio en el caso Caja de Pandora, que involucraba al fallecido alcalde Álvaro Arzú, y en un proceso de financiamiento electoral no registrado de empresarios a la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que llevó a la presidencia a Jimmy Morales en 2015.

Es señalada de haber sido testaferro de Lima, quien dirigía una estructura que negociaba beneficios para reos en el Preventivo para Hombres de la zona 18. Tenía un salón de belleza en la zona 10 que era utilizado como centro de operaciones de la estructura.

Según la Comisión, Ramírez no intervino en el caso Caja de Pandora y prestaba funciones en la sede de Quetzaltenango desde noviembre de 2016, luego de ser retirado del caso La Sexta.

Alejandra Reyes declaró como colaborador eficaz el 4 de octubre de 2017, por el caso Caja de Pandora y abandonó el país ese mismo día.

“Durante ese tiempo el exfuncionario de Cicig no estuvo en el proceso de verificación de la información de la colabora eficaz”, explicó Ponce y agregó que la institución toma las medidas pertinentes para asegurar la integridad de sus investigadores y “se seguirá investigando los hechos sucedidos”.

Lea también

Spa de Byron Lima era centro de las operaciones criminales de presidios

¿Quién es la exesposa de Byron Lima que tiene en jaque a Arzú?

Entre los casos investigados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se encuentran:

• Rosenberg, que tuvo nueve procesados y los nueve fueron condenados, con penas entre los 8 y 38 años de cárcel.
• Víctor Rivera, de los 11 procesados, ocho condenados entre 5 y 34 años de cárcel. Tres fueron absueltos.
• IGSS Chiquimula 21 procesados, de ellos nueve fueron absueltos y 12 condenados con penas de prisión  de 6 años y tres meses.
• Agua mágica fueron 13 procesados, tres sentencias absolutorias y 10 condenas, una de ellas fue la de la exvicepresidenta Roxana Baldetti  que obtuvo la pena más alta de 15 años y tres meses de cárcel por fraude, tráfico de influencias y dirigir una organización criminal.
• Bus de Nicaragua en el que los ocho procesados fueron condenados, entre ellos Marvin Montiel, alias El Taquero a 820 años de cárcel,  por lavado, por comercio trafico y almacenamiento ilícito y por asesinato.
• Construcción y corrupción en el que hubo 11 sentencias condenatorias y se llevó por procedimiento abreviado. Los constructores aceptaron que pagaron sobornos al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

En total son 47 casos que han obtenido una sentencia. Entre los casos que están en los tribunales de justicia, se encuentran:

• La línea con 34 procesados, entre ellos el binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el caso se encuentra en fase intermedia. Se registra una sentencia, la de Estuardo González, alias ECO, que declaró como colaborador eficaz.
• Cooptación de Estado tiene 57 procesados. Está en fase intermedia y  también se encuentra Estuardo González, sentenciado.   
• Plazas fantasma del congreso, es uno de los que más procesados tiene, en total 67 y está en fase intermedia.

En total de los casos de investigación se registran 1,065 procesados y más de 100 prófugos.