Leslie Rosales, fiscal titular del proceso del Caso La Línea será removida de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), según una fuente cercana al caso.

El cambio se hará efectivo cuando finalice el debate oral y público que aún está en desarrollo en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”.

La decisión tendría la autorización de las máximas autoridades del Ministerio Público (MP), haciendo que la fiscal Rosales, quien investigó por al menos cuatro años el proceso, se desligue de este y sea trasladada a la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad con sede en Quetzaltenango. 

La funcionaria judicial también tuvo a su cargo los casos: Blanca Stalling, IGSS-Pisa, IGSS-Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, TCQ, entre otros.

Rosales asumió la gestión de esas investigaciones para apoyar a Juan Francisco Sandoval cuando fue nombrado jefe de la Feci. Sobre Sandoval pesan dos órdenes de captura.

En febrero de este año,  Darwin Zepeda, auxiliar de Rosales, también dejó la fiscalía, aunque él renunció y salió del país por temor a ser criminalizado por su trabajo como investigador.

Después de la destitución de Sandoval, por lo menos 18 extrabajadores de esa unidad dejaron el cargo y algunos salieron de Guatemala, mientras que otros enfrentan procesos judiciales en Guatemala.

En enero de 2022, casi siete años desde que se reveló el Caso La Línea, comenzó el juicio en contra de quienes señalan de integrar una presunta red de defraudación aduanera liderada por el exbinomio presidencial del partido patriota.

La decisión

Se consultó al departamento de Comunicación Social del Ministerio Público más detalles sobre la decisión de fondo del traslado de Rosales y explicó que el cambio obedece a un ascenso que buscó la profesional.

“Ella solicitó un ascenso, cumplió con todos los requisitos y el mismo le fue conferido como Fiscal de Sección Adjunta de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad en Quetzaltenango, sin embargo continuará desempeñando sus funciones en la Feci hasta que concluya el Caso La Línea, el cual tiene a su cargo”, explicó el MP.

El ente investigador también aseguró que este cambio “no afecta de ninguna manera el desarrollo del caso”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordán Rodas Andrade, comparte su opinión sobre la destitución del titular de la Feci, Juan Francisco Sandoval, y lo relaciona con varios sucesos recientes en Guatemala, como la exigencia de la población por la supuesta inversión de vacunas Sputnik-V.

Además, también exige la renuncia de la Fiscal María Consuelo Porras, al proteger a ciertas estructuras criminales y de perjudicar este importante trabajo contra la corrupción en Guatemala.

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La unidad que encabezó Sandoval (Fiscalía Especial contra la Impunidad) fue creada originalmente para abordar las investigaciones encabezadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por Naciones Unidas, que fue removida del país en 2019.

Sandoval fue un fiscal anticorrupción respetado con un historial de perseguir a decenas de redes criminales. Junto con la exmisión anticorrupción de la ONU, ayudó a derrocar al expresidente Otto Pérez Molina y a algunos miembros de su gabinete por cargos de corrupción y fraude.

Iván Velásquez, exjefe de la comisión anticorrupción de la ONU expulsado de Guatemala, calificó la destitución de Sandoval como “un acto ilegal, arbitrario y criminal”. “La comunidad internacional debe protegerlo de inmediato”, dijo Velásquez.

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El pasado viernes 23 de julio, se anunciaba la destitución del Fiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval mediante un polémico comunicado e informaba que ya no formaba parte del Ministerio Público.

La Fiscal General, María Consuelo Porras, aseguraba que el MP seguirá luchando contra la corrupción, ya que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que era liderada por Sandoval, continuará trabajando de manera objetiva, imparcial y apegada a Derecho.

¿Qué repercusiones tiene haber removido a Sandoval?

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Juan Francisco Sandoval fue destituido como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) sin mediar procedimiento disciplinario alguno. La fiscal general Consuelo Porras justificó que su cargo era de confianza y por lo tanto podía removerlo sin mayor trámite. Sin embargo, aún existen dudas sobre la legalidad del despido.

“Fundamentada en un reglamento del año 98, que ha sido superado por cualquier disposición laboral, se dice que los fiscales somos trabajadores de confianza. Pero a mí no me designó la fiscal general… Me designó, lógicamente, después de pasar un concurso de oposición. Yo no pasé ningún proceso administrativo para mi destitución, fue una decisión arbitraria y la voy a impugnar”, dijo Sandoval durante la conferencia de prensa que brindó el viernes 23 de julio, luego de su destitución.

En el Estado existen puestos a los cuales se llega por concursos de oposición, como el caso de auxiliares fiscales, agentes fiscales y fiscales de sección. El cargo que ocupaba Sandoval, y otros que se consideran de confianza, pues la autoridad superior puede nombrarlos directamente.

En su declaración, Sandoval argumentaba que para ocupar el cargo de fiscal de sección de la Feci tuvo que pasar un concurso de oposición y superar las pruebas que son requisito para ascender en la jerarquía de la carrera fiscal.

Por lo tanto, se debía seguir el proceso administrativo que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público para su remoción, aseguró.

“No se puede invocar el reglamento”

Adrián Zapata, abogado experto en asuntos laborales, comenta que los derechos laborales siempre son susceptibles de mejoras. En ese sentido, si existe alguna norma más actualizada que el Reglamento de Trabajo que invocó la fiscal general y que sea más favorable al trabajador, debe de tener preeminencia sobre la normativa anterior, explica Zapata.

En el caso del MP, se aprobó el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 2015, que en su artículo 14 garantiza la estabilidad laboral de sus trabajadores, salvo que estos incurran en cualquiera de las causales justas de despido contempladas en la ley y de acuerdo al procedimiento disciplinario.

“Cuando el despido no se debiera a una causa justa de las contempladas en la ley, el trabajador despedido podrá reclamar judicialmente su reinstalación (…)”, dice dicho artículo.

Zapata considera que el exfiscal puede impugnar la decisión en la vía administrativa interna del MP y si obtiene una resolución negativa, podría acudir a instancias judiciales.

David Gaitán, analista en temas de justicia, coincide que el cargo de fiscal no puede considerarse de confianza y si se quería destituir a Sandoval debió iniciarse el procedimiento que regula la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Dicha ley regula en su artículo 60, inciso 4, que nadie puede ser sancionado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el sistema disciplinario de la carrera profesional.

Además, regula que es motivo de destitución si el personal incurre en una falta gravísima, pero esto debe ser probado ante la junta disciplinaria.

Por su parte, Edgar Ortiz, director jurídico de la Fundación Libertad y Desarrollo, explica que existen sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) que determinan que para que un puesto se considere de confianza debe estar regulado en leyes ordinarias. Además, advierte que la remoción se dio luego de que Sandoval se opusiera al nombramiento de Cinthia Monterroso a cargo de ciertos casos. Y aunque la ley llama al deber de obediencia, también reconoce en su artículo 68 la posibilidad de que los fiscales puedan plantear objeciones.

“No hay una respuesta absoluta”

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que en algunas instituciones del Estado, como en la Policía Nacional Civil (PNC), hay personal de carrera que ascienden a puestos de alta jerarquía mediante concursos de oposición. Sin embargo, en la medida en que van ascendiendo, tienen menos garantizada la estabilidad laboral.

En ese sentido, se debe considerar que al ser puestos de alta jerarquía, requieren ser de la confianza de la autoridad superior, ya que todas las instrucciones se canalizan por medio de ellos a los mandos bajos.

“Habría que hacer un balance. Uno podría decir, bueno estas personas llegaron a la cúspide y merecen ser un cuadro técnico permanente, pero, ¿qué pasa si la autoridad superior no confía en ellos o no le obedecen? La institución podría ser inoperante”, dice Quezada.

Quezada considera que debiera orientarse el análisis para esclarecer cuáles son las medidas administrativas que permitan, por un lado, no amarrar a la autoridad superior a remover a funcionarios en puestos clave que podrían no favorecer a sus directrices y por otro, garantizar la estabilidad laboral.

Por su parte, el MP, por medio de comunicación social, insistió en que los fiscales son puestos de confianza de acuerdo al reglamento interno de trabajo.

“El Ministerio Público es respetuoso de los derechos laborales, si las personas no están de acuerdo, también pueden hacer uso de los mecanismos que la ley establece”, respondieron.

Las reacciones por el despido del fiscal Juan Francisco Sandoval del Ministerio Público (MP) continúan. Este domingo se pronunció en contra de esa decisión el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

El alto funcionario del Gobierno estadounidense considera que la decisión de la fiscal general, María Consuelo Porras, no es la mejor para el fortalecimiento del estado de Derecho.

Asimismo, manifestó que con la salida de Sandoval al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) tan solo se están provocando las condiciones más aptas para grupos a favor de la impunidad.

“Estamos con el pueblo de Guatemala y con el fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un Premio Campeón Anticorrupción. Su despido socava el estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”, cita el mensaje del funcionario norteamericano.

We stand with the people of Guatemala and with Prosecutor Juan Francisco Sandoval, whom I recognized this year with an Anticorruption Champion Award. His dismissal undermines the rule of law and strengthens the forces of impunity. Guatemalans deserve better.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 25, 2021

Ese y otros pronunciamientos contrasta con la versión que dio a conocer el MP en su comunicado de prensa del pasado viernes, donde aseguraban que la nueva titular de la fiscalía, Carla Isidra Valenzuela, contaba con el respaldo de las agencias de investigación de Estados Unidos.

“Además de ser una profesional capaz, integra y honesta, ha trabajado de forma coordinada con las agencias de investigación de los Estados Unidos de América, lo cual respalda y avala su labor”, señalaba el ente investigador.

Otras reacciones

La declaración de Blinken se suma a la de otros funcionarios y congresistas estadounidenses. Samantha Power, directora de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid,  en inglés), también rechazó la remoción de Sandoval asegurando que es una decisión “escandalosa”.

“Como destaqué en mi visita el mes pasado, la independencia de FECI es una prueba esencial del compromiso de Guatemala con el Estado de Derecho. El despido por parte de la Fiscal General Porras del campeón anticorrupción Juan Francisco Sandoval es una medida escandalosa. El pueblo guatemalteco se merece algo mejor”, expresó.

También Juan González, asistente especial del presidente de Estados Unidos y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, señaló que Consuelo Porras se encuentra socavando el estado de Derecho.

Quien también rechazó la destitución fue la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, quien compartió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “El presidente Giammattei y la fiscal general Porras le han cedido todo el poder a los élites corruptos. Los Estados Unidos no puede apoyarla y a su campaña desmantelar el estado de Derecho”.

Albio Sires, congresista estadounidense, emitió un pronunciamiento dejando entre ver que la destitución de Sandoval podría traer consigo repercusiones legales contra los funcionarios guatemaltecos involucrados.

“El acto de remover a Juan Francisco Sandoval de Feci es un golpe letal a la lucha contra la corrupción en Guatemala. Si no se retira la decisión, los Estados Unidos debe designar a AG Porras bajo nuestra ley por haber interferido con las investigaciones de corrupción”, señaló.

Presentan amparo

Durante la noche del pasado sábado algunos diputados de oposición presentaron una acción de amparo contra la fiscal general, impugnación busca dejar sin efecto el despido de Sandoval.

Los congresistas de los bloques Winaq, Movimiento Semilla, URNG-Maíz y una fracción de Bienestar Nacional (Bien), Andrea Villagrán y Evelyn Morataya, acuerparon la acción legal.

La misma se presentó ante el juzgado de turno de la ciudad de Guatemala, con lo que esperan que se soliciten informes circunstanciados al Ministerio Público (MP) para exponer lo que aseguran es un despido injustificado.