Las fuerzas de seguridad de Guatemala recibieron este miércoles 11 de mayo, entregado por Panamá, a un exmilitar acusado de crímenes de guerra supuestamente cometidos durante el conflicto armado interno, que dejó más de 250 mil muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996.

La Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca detalló en un comunicado que el detenido es Toribio Acevedo Ramírez, de 68 años, quien fue capturado el martes en Panamá a través de una alerta roja internacional que tenía en su contra, por lo que fue remitido a Guatemala.

Acevedo Ramírez, explicaron las autoridades, fue arrestado por la policía guatemalteca este miércoles en la sede del Instituto Guatemalteco de Migración, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora de la ciudad de Guatemala, a su arribo en un vuelo procedente de Panamá.

Caso Diario Militar

De acuerdo con las autoridades, el guatemalteco era buscado por su presunta participación en los asesinatos, desapariciones forzadas y delitos contra deberes de la humanidad que están contenidos en el caso denominado “Diario Militar”, que fue desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 1999.

En el documento, también llamado “Dossier de la Muerte” y elaborado por inteligencia militar, están descritos los casos de al menos 183 de personas que fueron considerados como “enemigos del Estado” y que fueron desaparecidos o asesinatos en la década de 1980.

Precisamente el pasado viernes un tribunal guatemalteco de alto riesgo envió a juicio 9 expolicías y exmilitares por su vinculación al caso, y por tanto en el asesinato de casi 200 personas.

El conflicto armado interno en Guatemala, que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, dejó al menos 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 183 hombres y mujeres, según el “Diario Militar”.

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De acuerdo con diversas fuentes, Acevedo Ramírez pretendía volar a España cuando fue arrestado en Panamá. EFE

Toribio Acevedo fue localizado en un aeropuerto de Panamá , se realizaron las coordinaciones con la orden de aprehensión internacional para retornarlo hacia Guatemala

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 11, 2022

Trasladado a Mariscal Zavala

El militar Acevedo Ramírez fue trasladado este miércoles a la cárcel de Mariscal Zavala después de que un Juzgado de turno le notificó las razones de su detención.

La audiencia de primera declaración será en el juzgado Mayor Riesgo B.

Unidades de @INTERPOL_HQ Panamá retienen en @ATocumen, al ciudadano guatemalteco Toribio Acevedo Ramírez, quien mantiene notificación roja por su país, por los delitos de Desaparición Forzada, Asesinato y Contra los Deberes de la Humanidad. #ContraElDelito pic.twitter.com/K1gH9CPmUw

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) May 11, 2022

El recién pasado 6 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados señalados en el caso Diario Militar.

Interpol localiza en Panamá a presunto responsable de desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad

Por medio de una alerta Roja Internacional agentes de la #INTERPOL, ubicaron en Panamá a Toribio Acevedo, de 68 años. pic.twitter.com/3tm1Di9ICa

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 11, 2022

José Manuel Castañeda Aparicio, de 71 años, fue detenido por las autoridades en un allanamiento que se llevó a cabo este 28 de septiembre en el barrio San Marcos, Cabañas, Zacapa, en cumplimiento a una orden de captura por su supuesta vinculación en la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo, Tactic, Alta Verapaz en la década de 1980.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y el Departamento de Delitos contra la Seguridad e Integridad de las Personas, Sección de Derechos Humanos, de la Policía Nacional Cividl (PNC), realizaron el cateo y procedieron a la captura de Castañeda Aparicio en cumplimiento a una orden de aprehensión que giró el 23 de septiembre el Tribunal Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo D.

Según la PNC, el detenido está vinculado a la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo de Tactic en los años 80.

Absuelto

José Manuel Castañeda Aparicio fue detenido el 6 de noviembre de 2013 en Guatemala sindicado de la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo.

Los desaparecidos son Francisco Guerrero López, Jacobo López Ac y Rodolfo López Quej.

El 3 de junio de 2014 Castañeda Aparicio fue absuelto por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, por falta de prueba idónea.

Los dos militares procesados son el exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, y el coronel de infantería y excomandante de la zona militar del departamento central de Chimaltenango, Víctor Augusto Vásquez Echeverría.

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, resolvió vincularlos al proceso que engloba a al menos 12 militares y policías retirados, por su presunta participación en delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

Gálvez consideró que existen indicios racionales sobre la participación de Oliva Blanco en la desaparición forzada de cuatro personas y en delitos contra los deberes de humanidad contra 13 personas.

Además, advirtió que, en el caso de Vásquez Echeverría, fue imputado por la desaparición forzada de ocho personas, seis de las cuales han sido identificadas mediante sus restos recuperados de una de las fosas comunes halladas en el destacamento militar de Comalapa, del departamento de Chimaltenango, a unos 80 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Ambos podrán permanecer en el hospital del Centro Médico Militar, en la Ciudad de Guatemala, bajo prisión preventiva, debido a su estado delicado de salud.

Por este mismo proceso, Gálvez ordenó prisión preventiva contra otros seis militares retirados y expolicías, sindicados de capturas ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

La estructura criminal que supuestamente integraron los procesados, presuntamente cometió tales delitos contra al menos 183 personas fichadas en un documento denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.

Los activistas que exploran el sitio en busca de restos humanos le llaman “Ejido 7”. Está dentro de la reserva de la biósfera El Cielo, una de las áreas naturales más bellas de México.

Pero el impresionante paisaje contrasta con lo que allí sucedió. Durante varios años el grupo criminal lo utilizó para deshacerse de sus víctimas.

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“Es un campo de exterminio“, le dice a BBC Mundo Graciela Pérez Rodríguez, fundadora del colectivo Milynali Red CFC, que busca a personas desaparecidas en México.

“Un sitio de exterminio donde llevaban a personas secuestradas. Ahí mismo las ejecutaron y las quemaron”.

No se sabe cuántas personas fueron asesinadas en esta zona de la Sierra de Cucharas. Los activistas creen que fueron al menos 200.

Pero cuando fue detenido en 2014, Enrique Santillán Trejo, quien fuera responsable de Los Zetas en la región, dijo que su grupo había asesinado a por lo menos 500 personas.

Muchos fueron ejecutados en Sierra de Cucharas y sus cuerpos incinerados. De muchas víctimas sólo quedaron fragmentos de huesos, dientes y algo de ropa.

En los últimos años el colectivo y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), han recolectado más de 100 kilos de esta clase de restos.

Todos son analizados con la esperanza de encontrar una huella genética que permita saber a quién pertenecen.

Hasta ahora se han identificado perfiles de una docena de personas.

La guerra

Desde 2010 Tamaulipas es el escenario de una intensa guerra entre los grupos que formaron parte del Cartel del Golfo, que se dividió ese mismo año.

La facción más violenta fue el cartel de Los Zetas, fundado por exmilitares de élite y que mantuvo el control de varios estados del país.

Según activistas y autoridades, el grupo es responsable de la muerte de miles de personas y de la desaparición de cientos más.

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En algunos casos se trató de miembros de grupos rivales, pero muchas víctimas nada tenían que ver con la guerra de bandas del narcotráfico.

Muchas fueron secuestradas cuando viajaban en las carreteras de Tamaulipas, por ejemplo. A otras los sicarios se las llevaron de sus comunidades durante enfrentamientos con otros grupos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), en el estado hay al menos 6.000 personas desaparecidas. El 79% son hombres según datos de la FGR.

La Fiscalía señala que en la lista abundan quienes se dedican a vender comida, estudiantes, obreros, migrantes centroamericanos o amas de casa, por ejemplo.

Es uno de los problemas más graves de México. Hasta febrero pasado los datos oficiales reportaron 40.000 personas desaparecidas, 1.100 fosas clandestinas y unos 26.000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.

De hecho el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, dice que México se convirtió “en una enorme fosa clandestina”.

La crisis se agravó porque los distintos gobiernos han aplicado una estrategia equivocada de seguridad, explica Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.

En el caso de los desaparecidos “se olvidaron de ellos, las instituciones no cumplieron con su obligación de buscarlos“, le dice a BBC Mundo.

Muchos familiares de víctimas asumieron esa responsabilidad y, de hecho, son ellos quienes han encontrado muchas fosas clandestinas.

Restos calcinados

Fue el caso de las fosas clandestinas en Sierra de Cucharas, localizadas en 2013 por la Secretaría de la Defensa y ubicadas a unos 40 kilómetros de Ciudad Mante, en el sur de Tamaulipas.

El colectivo Milynali Red CFC confirmó que Los Zetas se deshacían allí de sus víctimas, y empezó la búsqueda de restos humanos en una zona conocida como Papalote.

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Durante varios años los activistas visitaron la zona con regularidad, pero hace unos meses supieron del llamado Ejido 7. Es un lugar de difícil acceso, arriba de un cerro.

Al llegar “encuentras de un lado y otro del camino montículos de tierra” dice Graciela Pérez. Es una señal de que puede haber restos humanos enterrados.

Hasta ahora el colectivo localizó 15 posibles fosas clandestinas, pero pueden ser muchas más porque el terreno es extenso.

No se sabe cuántas personas fueron asesinadas en este lugar. “Encontramos un campamento, una casa de campaña y ropa enterrada, mucha ropa de niños y adultos“, explica Pérez Rodríguez.

También “muchas botellas del aceite que usan para limpiar armas, eso me impactó. Todo estaba enterrado, no sabemos para qué”.

Una hipótesis, dicen los activistas, es que los sicarios trataron de ocultar las evidencias de la vigilancia aérea de los militares.

También se han encontrado barriles metálicos donde al parecer incineraban los cuerpos.

Algunos restos calcinados fueron enterrados, pero otros se dispersaron con las lluvias. Eso vuelve más difícil la búsqueda porque se extiende el área que debe ser examinada.

Los activistas aprendieron a distinguir entre un trozo de madera quemada, por ejemplo, y un fragmento de hueso. También identifican dientes mezclados con pedazos de piedra.

“Todos lo sabían”

El trabajo se hace a mano, con ayuda de picos, palas y tela metálica para cernir la tierra y encontrar restos humanos.

El colectivo Milynali ha explorado siete fosas clandestinas, y esperan concluir la revisión este año.

Los responsables del “campo de exterminio” prácticamente vivían en el sitio. Lo muestran las latas vacías de comida, cepillos dentales y bolsas de pan y golosinas.

Tenían un campamento de vigilancia en la parte más alta de la sierra, y abajo “las cocinas”, como se llama al sitio donde incineraban a las personas dicen activistas que han visitado el campo.

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Aunque se trata de un área deshabitada, por la cantidad de víctimas incineradas es difícil que no se hubiera notado lo que allí sucedía, reconocen los activistas.

“Prácticamente todos los vecinos lo sabían pero no lo dijeron”, lamenta Graciela Pérez.

“Parte de todos los crímenes cometidos en Tamaulipas son por la sumisión en que está metida la ciudadanía, el temor de que les ocurra lo mismo”.

Un miedo que sirve a los criminales, añade la activista. “Eso provoca que no hablen, y mientras nosotros padeciendo” durante varios años.

“Si hubiéramos sabido a tiempo quizá no hubiera ocurrido“.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, criticó este jueves la inacción del Estado en la búsqueda de unos 45.000 desaparecidos de la guerra civil que sufrió el país entre 1960 y 1996.

Rodas lamentó que una iniciativa de ley para buscar a víctimas de desapariciones forzadas se encuentra en el Congreso desde enero del 2007, aunque no se ha votado a pesar de contar con dos dictámenes favorables.

Guatemala vivió un conflicto armado durante 36 años que dejó unos 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos, según un informe auspiciado por las Naciones Unidas en 1999.

Las críticas de Rodas se enmarcan en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, establecido en 2011 por la ONU el 30 de agosto de cada año.

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Decenas de indígenas con fotografías de sus familiares desaparecidos y claveles rojos en la mano recorrieron calles del centro histórico de la capital para exigir a los diputados la aprobación de esta ley.

De acuerdo con el procurador, el “Estado guatemalteco no impulsa la recuperación de la memoria histórica como uno de los derechos de las víctimas”.

“Los estándares internacionales en materia de justicia transicional han señalado que el conocimiento de la verdad es un derecho de las víctimas, el cual no solo implica saber qué pasó, (y si están desaparecidas) cuál fue su destino para la devolución de sus restos”, puntualizó.

Hasta el momento solo un pequeño porcentaje de los desaparecidos han sido encontrados, por lo cual grupos humanitarios, de familiares y de la sociedad civil han insistido en la aprobación de la ley para intensificar la búsqueda.

Los defensores de los 5 militares retirados acusados por la desaparición y muerte del menor de edad Marco Antonio Molina Theissen,  presentan sus argumentos en la fase de conclusiones del debate,  ante un tribunal “C” de Alto Riesgo.

Tribunal de mayor riego continúa audiencia en fase de conclusiones en contra de 5 Militares retirados en el caso de Marco Antonio Molina Theissen. La defensa presenta sus argumentos. pic.twitter.com/QfSqbAqke1

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) May 17, 2018

A lo largo de 20 semanas y aproximadamente 19 audiencias y luego de que el Ministerio Público diera por finalizada la presentación de los argumentos en la fase de conclusiones, este día los defensores de los 5 militares han iniciado con sus argumentos de defensa por delitos contra los Deberes de la Humanidad, Desaparición Forzada y Violación Agravada que a lo largo del proceso los sindica el Ministerio Público.

En esta semana el MP solicitó penas entre 90 a 112 años,  30 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, 20 años por el delito de violación con agravación de la pena para los militares.

Por el delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Theissen, el Ministerio Público solicitó penas de 40 años de prisión en contra de Lucas García, Manuel Callejas y Ramiro Zaldaña.

La presentanción de los argumentos por parte de la defensa de los militares continúan.