José Manuel Castañeda Aparicio, de 71 años, fue detenido por las autoridades en un allanamiento que se llevó a cabo este 28 de septiembre en el barrio San Marcos, Cabañas, Zacapa, en cumplimiento a una orden de captura por su supuesta vinculación en la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo, Tactic, Alta Verapaz en la década de 1980.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y el Departamento de Delitos contra la Seguridad e Integridad de las Personas, Sección de Derechos Humanos, de la Policía Nacional Cividl (PNC), realizaron el cateo y procedieron a la captura de Castañeda Aparicio en cumplimiento a una orden de aprehensión que giró el 23 de septiembre el Tribunal Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo D.

Según la PNC, el detenido está vinculado a la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo de Tactic en los años 80.

Absuelto

José Manuel Castañeda Aparicio fue detenido el 6 de noviembre de 2013 en Guatemala sindicado de la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo.

Los desaparecidos son Francisco Guerrero López, Jacobo López Ac y Rodolfo López Quej.

El 3 de junio de 2014 Castañeda Aparicio fue absuelto por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, por falta de prueba idónea.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, criticó este jueves la inacción del Estado en la búsqueda de unos 45.000 desaparecidos de la guerra civil que sufrió el país entre 1960 y 1996.

Rodas lamentó que una iniciativa de ley para buscar a víctimas de desapariciones forzadas se encuentra en el Congreso desde enero del 2007, aunque no se ha votado a pesar de contar con dos dictámenes favorables.

Guatemala vivió un conflicto armado durante 36 años que dejó unos 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos, según un informe auspiciado por las Naciones Unidas en 1999.

Las críticas de Rodas se enmarcan en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, establecido en 2011 por la ONU el 30 de agosto de cada año.

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Decenas de indígenas con fotografías de sus familiares desaparecidos y claveles rojos en la mano recorrieron calles del centro histórico de la capital para exigir a los diputados la aprobación de esta ley.

De acuerdo con el procurador, el “Estado guatemalteco no impulsa la recuperación de la memoria histórica como uno de los derechos de las víctimas”.

“Los estándares internacionales en materia de justicia transicional han señalado que el conocimiento de la verdad es un derecho de las víctimas, el cual no solo implica saber qué pasó, (y si están desaparecidas) cuál fue su destino para la devolución de sus restos”, puntualizó.

Hasta el momento solo un pequeño porcentaje de los desaparecidos han sido encontrados, por lo cual grupos humanitarios, de familiares y de la sociedad civil han insistido en la aprobación de la ley para intensificar la búsqueda.