La situación continúa tensa este jueves 26 de enero en la aldea Tierra Blanca, Sayaxché, Petén, donde algunas personas resultaron heridas en enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional Civil (PNC).  

Pobladores mantienen manifestaciones en un puente para exigir la reparación de carreteras.

Agentes de la PNC intentaron el miércoles dispersar a los manifestantes,  pero fueron recibidos  con disparos de AK-47, lo que dejo agentes heridos.

Este jueves 26 de enero, la PNC de nuevo intentó dispersar una nueva manifestación y se observó un helicóptero sobrevolando el área.

En la manifestación del miércoles, un agente sufrió una herida de bala durante los enfrentamientos.

Fuentes de la PNC dijeron que los atacantes tenían fusiles AK-47 y pistolas, por lo que fue necesario utilizar gas lacrimógeno para controlar la situación.

Se consultó a la PNC para que actualizara respecto de la situación e informó que se ha respetado el protocolo a través del diálogo. Añadió que hay un agente lesionado.

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Otro desalojo violento

Otro desalojo se tornó violento luego que fracasó el diálogo entre autoridades y pobladores que ocupan la finca Monte María en Tucurú, Alta Verapaz, donde se reportó la muerte de un agente de la PNC.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Mynor Anibal Morales Calat, de 28 años, originario de Zacapa

Un desalojo se tornó violento la mañana de este miércoles 25 de enero, luego que fracasó el diálogo entre autoridades y pobladores que ocupan la finca Monte María en Tucurú, Alta Verapaz, en la que se reporta ya la muerte de un agente de la PNC.

El reporte inicial detalla que la madrugada de este miércoles las unidades de la PNC y los fiscales llegaron a la finca con el objetivo de cumplir una orden judicial de desalojo, pero las personas que ocupan esos terrenos se oponían.

Las autoridades intentaron dialogar con las personas pero no llegaron a ningún acuerdo, por lo que los agentes ingresaron al inmueble, pero fueron atacados por supuestos invasores de la finca.

Según se reporta, los ocupantes de la finca estaban armados y dispararon contra las fuerzas de seguridad.

Testigos comentaron que hubo un intercambio de disparos y varios agentes de la PNC resultaron heridos.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron a varios agentes de la PNC, pero seis de ellos tenían heridas más graves y fueron llevados al Centro de Atención Permanente (CAP), en donde uno de los policías murió.

Los otros cinco agentes fueron estabilizados en el CAP y fueron llevados a la emergencia del Hospital de Cobán.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Mynor Anibal Morales Calat, de 28 años, originario de Zacapa y con siete años de servicio en la PNC.

Según se informó, Morales llegó al CAP con una herida de bala en lado derecho del tórax.

El reporte preliminar explica que hay varios pobladores heridos por el incidente.

Imágenes del momento en el que inció el enfrentamiento entre agentes de la PNC y los ocupantes de la finca. (Video Guatevisión: Esilal Sa Aatinob’aal Q’eqchi’)

El diálogo fracasó entre autoridades y pobladores que ocupan la finca Monte María, Tucurú, Alta Verapaz, que resultó con un enfrentamiento. (Video Prensa Libre: Colaboración)

Así fue la evacuación de los agentes de la PNC de la zona en donde ocurrió el enfrentamiento.

En redes sociales circulan videos de un desalojo en la finca Chabiland, en el sur de El Estor, Izabal.

En las imágenes se observa que algunas viviendas fueron incendiadas y el desalojo habría sido violento el martes 16 de noviembre, por lo que autoridades brindaron su postura al respecto de lo sucedido.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que recomendó a la Policía Nacional Civil (PNC) aplicar protocolos internacionales en materia de derechos humanos ante el desalojo en El Estor. Añadió que los delegados de la institución determinaron que el Juez dio posesión de la finca al mandatario judicial.

Añadió que hubo ranchos que se incendiaron por lo cual recomendó a la Comisaría de la PNC que su personal no realizará acciones de esa naturaleza, aunque indicaron que no eran ellos, que los ranchos tenían fuego y material inflamable.

Afirmó que también recibieron información de la PNC de que antes del desalojo se promovió el diálogo; sin embargo, los pobladores no quisieron salir voluntariamente, ambos extremos no pudieron ser verificados por el personal de la PDH en Izabal.

Mientras que Pablo Castillo, portavoz del Ministerio de Gobernación, indicó que la información de la PNC es que en esa diligencia estuvo presente el Juez competente, delegados de la PDH, PNC y representantes de las partes afectadas.

Añadió que el desalojo fue pacífico y la PNC únicamente brindo seguridad perimetral.

Respecto de las viviendas incendiadas, dijo que refiere la PNC que los mismos moradores adujeron que preferían quemarlas, que dejar sus cosas en la propiedad privada.

Indicó que las autoridades de todas las instituciones presentes observaron tal situación.

En algunas publicaciones en redes sociales se afirmaba que el estado de Sitio que rige en El Estor fue aprovechado para el desalojo y quemar viviendas; sin embargo, las autoridades dieron su postura al respecto.

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En un comunicado, la PNC informó este miércoles 17 de noviembre que se llevó a cabo un desalojo en la finca Chabiland, con orden y presencia de juez, pero también con presencia de juez de Paz, Gobernación Departamental, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y PDH.

Afirmó que se siguieron los protocolos y el debido respeto a los Derechos Humanos de las personas. Añadió que hubo un grupo de personas que con machetes y garrotes con clavos amenazó a los participantes en la diligencia.

“A pesar de la tensión se mantuvo el orden, el juez fijó tiempo de una hora a los invasores para el desalojo pacifico, también un agente de PNC hizo saber en Qéqchi lo indicado por el juez, situación que se repitió varias veces”, asegura el comunicado.

Agregó que los invasores se retiraron del lugar y todo lo actuado por PNC quedó documentado por siete instituciones, por lo que rechazan que “se pretenda, malintencionadamente, indilgar la quema de los ranchos abandonados que construyeron los invasores”.

Procurador se pronuncia

Se consultó al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien informó que de acuerdo con los protocolos internacionales se debe garantizar la protección contra los desalojos forzosos y el derecho humano a una vivienda adecuada y a la seguridad de la tenencia, que están garantizados sin discriminación alguna.

También, garantizar la igualdad de derechos de mujeres y hombres a la protección contra los desalojos forzosos y la igualdad de disfrute del derecho humano a la vivienda adecuada y a la seguridad.

Añadió que en el caso del desalojo en El Estor, la PDH recomendó a la PNC no hacer uso excesivo de la fuerza excesiva.

Previamente la juez de Paz recomendó que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Agregó que hay expediente de verificación abierto, y que los delegados de la Auxiliatura de Izabal verificaron que antes del desalojo se promovió el dialogo; sin embargo, los pobladores no quisieron salir voluntariamente.

Los delegados informaron que los pobladores se dispersaron, después se escucharon detonaciones “posiblemente había bombas o morteros” aunque no se pudo constatar qué eran.

Durante la diligencia los ánimos se caldearon lo que llevó al enfrentamiento entre inquilinos del mercado y las fuerzas de seguridad, ocasionando que los arrendatarios del mercado le lanzaran objetos a los agentes de seguridad quienes respondieron disparando bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud enardecida.

Según, William Cucul, de Servicios Públicos de la municipalidad de Cobán hay “un promedio de 16 compañeros municipales gravemente heridos” uno de ellos con una fractura expuesta en el brazo izquierdo. Por parte de los comerciantes no hubo heridos debido a que al iniciar a esparcirse el gas lacrimógeno se resguardaron en distintos lugares.

El presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes, José Xánte Chic, informó que no habían sido notificados de esta acción municipal y que una notificación de hace dos meses había quedado sin efecto. Agregó que los comerciantes estaban preparados para llegar a las últimas consecuencias.

El desalojo a decir de representantes municipales se debe a que esta área del mercado no reúne las condiciones adecuadas y asimismo se trata de evitar la propagación de la Covid-19, ya que Cobán se encuentra en alerta naranja por el alto número de contagiados de los últimos días.

Información: José Maas y La Red

Jesús Ramírez Castillo, quien vivía en dicha casa le amputaron una extremidad inferior al tratar de rescatar a su mamá que murió entre los escombros del terremoto del 7 de noviembre del 2012.

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Seis años después se ha quedado sin vivienda, en donde habrían habitado por más de 45 años por un reclamo que hace al parecer el propietario.

Tras una orden de desalojo de manera voluntaria dejó su hogar en la zona 2 de San Marcos.

Un grupo de vecinos llegó al lugar y trató de impedir el desalojo pero varios agentes de la Policía Nacional Civil rodeaban la vivienda.

Como una indemnización la persona que reclama la propiedad se comprometió a brindarles un terreno y blocks para que construyan una vivienda.

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En dicho desalojo fue necesario utilizar la fuerza para despejar la Franja Transversal del Norte, bloqueada por un grupo opositor a una hidroeléctrica desde hace 26 días.

Las fuerzas de seguridad reportaron que desde el lunes por la noche fueron atacados por un grupo de manifestantes, con quienes este martes intentaron dialogar.

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Sin embargo, fueron agredidos por lo que  los agentes se defendieron con el uso de gases lacrimógenos.

Ambiente tenso

El saldo fue de siete heridos, aunque se despejó la carretera, el ambiente sigue tenso en la zona donde permanece un contingente policial y personal militar.

Según un video difundido por el sitio digital de prensa comunitaria la resistencia se mantendrá. Autoridades de gobierno dicen que el grupo ha mostrado resistencia a una mesa de diálogo.

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Los inconformes aseguran que ellos son víctimas del despojo de sus recursos naturales, mientras que la empresa busca concluir proyectos hidroeléctricos en el área, para lo que cuentan con el respaldo de 23 comunidades y ha cumplido con hacer las consultas a los entes rectores.

Sorpresa causó en los alumnos de los grados de pre primario, cuarto y quinto al encontrar un candado en la puerta principal que les impidió recibir clases este día.

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Las autoridades municipales explicaron que no pagarán porque el propietario de la vivienda no quiere extender factura por ese servicio

Vía telefónica el propietario de la vivienda negó que haya presentado una factura de una tienda.

En la escuela ninguno de los profesores aceptó hablar del cierre de vivienda y cómo esto afecta a los estudiantes.

Vecinos y padres de familia solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Mientras que la comuna dijo que construye en la escuela tres aulas y la inversión será de 850 mil.

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Son mil 600 estudiantes los que serían afectados si el Ministerio de Educación desaloja al Instituto Carlos Martínez Durán de plan diario en jornada matutina y vespertina y al Instituto Matilde Rouge de la jornada nocturna y sabatina.

Las instalaciones de los centros escolares, ubicadas sobre la avenida Petapa, zona 12, fueron entregadas por la Universidad de San Carlos como usufructo para 50 años, faltando 5 todavía para cumplir su tiempo.

Si el Ministerio de Educación no cuenta con los recursos para la construcción de ese edificio, los estudiantes, maestros y padres de familia del Instituto Matilde Rouge exigirían una prórroga del usufructo por 50 años más.

AEU podría tomar medidas legales

Según lo que les han dicho, el desalojo sería por asinamiento. Sin embargo, según los afectados, se tienen 10 aulas grandes, pero solo utilizan 8.

Según las declaraciones de padres de familia, quieren quitar una parte del jardín del establecimiento para abrir una calle y quitarán la cancha de futbol del establecimiento para construir parqueos para alumnos de la USAC.

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El Instituto Matilde Rouge tiene como alumnos a padres de familia, personas mayores, trabajadores o con capacidades diferentes y si desalojan el espacio se verían afectados pues la mayoría viven cerca del establecimiento.

El Ministerio de Educación tiene para reubicarlos a la escuela tipo federación ubicada en Pamplona, pero según estudios que han realizado, esa escuela no tiene las condiciones para recibir a los estudiantes del Matilde Rouge pues es de primaria.

Los representantes de la AEU dijeron que no dejarán de apoyarlos para evitar el desalojo y que tomarán las medidas judiciales y legales para defender el derecho de la población a la educación.

Alrededor de las ocho de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público (MP) llegaron a la finca, en el km 211 de la ca-2, en Colomba, Quetzaltenango, para desalojar a las familias que ocupan el terreno.

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Los ocupantes argumentaron que es una finca nacional y la mayoría de familias no tienen donde vivir ni cultivar. Aseguran que  son oriundos de Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos, además de revelar que desde hace dos meses se situaron en el lugar.

Según los invasores, interpusieron un amparo que está en proceso ya que consideran que el terreno es estatal y que tienen derecho a trabajar la tierra, a la falta de empleo.

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Como si se tratara de un caso de alto impacto, tropas del Ejército Nacional, agentes de la Policía Nacional Civil, Municipal de Tránsito y Municipal acompañaron a funcionarios del juzgado de la comuna para llevar a cabo la diligencia.

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Pobladores indican que fueron tratados como delincuentes

El concesionario quien es propietario de tres locales en el interior del estacionamiento asegura que hubo abuso de autoridades.

Martínez aseguró que tomaran acciones legales en contra del concejo pues no se respetó el debido proceso. La comuna no dialogó para buscar una salida pacífica y tampoco se respetó su contrato.

Mientras el concejal Mack González señala que como corporación decidieron rescindir los contratos en este parqueo y en el campo de la feria. Este es el inicio de acciones para recuperar bienes de la municipalidad en poder de particulares las cuales se van a realizar en distintos sectores de la ciudad.

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