Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala no se presentó este 18 de julio al Juzgado de Mayor Riesgo B en el que procedería a aceptar los cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado, debido a una situación médica.

Según se conoció, Baldetti no se presentó al juzgado y se excusó por cirugía a la que fue sometida recién.

La jueza Eva Recinos pospuso la audiencia de petición de aceptación de cargos para el próximo 16 de agosto.

El 12 de julio pasado, la exvicepresidenta pidió al Juzgado de Mayor Riesgo B que le permita someterse a la aceptación de cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.

La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Caso Cooptación del Estado

El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.

Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.

“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.  Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.

La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, le pidió al Juzgado de Mayor Riesgo B que le permita someterse a la aceptación de cargos en el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado.

Según se informó este 12 de julio, a exmandataria hizo la petición a la jueza Eva Recinos, quien lleva el expediente y tentativamente fijó la audiencia para conocer la petición para el próximo 18 de julio de 2023.

La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

Caso Cooptación del Estado

El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.

Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.

Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.

Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.

“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.  Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.

Abner Fonseca, acusado en el caso Cooptación del Estado, aceptó este miércoles 26 de abril haber cometido conspiración para el lavado de dinero y encubrimiento propio, por lo que fue condenado a seis meses de prisión conmutables. Además, señaló a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia se desarrolló en el Jugado de Mayor Riesgo B, donde Fonseca, exgerente de un banco, está implicado en referido caso que involucra al gobierno del Partido Patriota.

Los señalados en este caso habían acaparado distintos negocios del Estado, que eran adjudicados a empresas vinculadas a los integrantes de la estructura criminal, según la investigación del Ministerio Público.

Fonseca aceptó los cargos y el juez le impuso multas de Q200 mil, Q100 mil para el banco que representaba y Q100 mil para el Estado de Guatemala. La pena era de un año, pero con reducción quedó en seis meses.

En esta condena de seis meses de prisión conmutables, Fonseca tiene derecho a pagar Q5 diarios por cada día de la pena y de esa manera evitar la cárcel.

El juicio fue breve y distinto a un debate ordinario, ya que el sindicado aceptó los hechos que le señalaban durante la investigación.

Señala a Baldetti

En la audiencia, Fonseca señaló a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Explicó ante el juez que le preguntaron que si los dos sobregiros de Roxana Baldetti ya estaban cancelados y respondió que desconocía.  

Ante esto, Fonseca hizo una llamada para consultar por los sobregiros y le indicaron que no estaban cancelados, por lo que Edin Barrientos, también implicado, sacó su chequera y preguntó cuánto era, a lo que le respondieron que eran Q5 millones por cada sobregiro en favor de la exfuncionaria.

Para leer más: Tres colaboradores eficaces del caso Cooptación del Estado podrían perder beneficios

También explicó cómo la estructura pedía créditos empresariales.

El 24 de abril, Baldetti nombró a una nueva abogada para que la represente en el proceso por este caso en el que está implicada.

Baldetti por impago al abogado Gustavo Juárez dejó de recibir esos servicios, este abogado logró que la exfuncionaria obtuviera permiso para salir de la cárcel para tratamiento médico.

En el previo a discutir la etapa intermedia del caso Cooptación del Estado, la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, ha nombrado a una nueva abogada para que la represente en el proceso.

Baldetti por impago al abogado Gustavo Juárez dejó de recibir esos servicios, este abogado logró que la exfuncionaria obtuviera permiso para salir de la cárcel para tratamiento médico. 

El referido beneficio lo concedió la jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos.

Se conoció que Baldetti no logró pagar dos audiencias al abogado Juárez.

Ahora, ha nombrado a Gloria Floridalma Hernández Reyes para continuar con su representación en el caso que, está cerca de empezar la etapa intermedia en la que se define si va o no a juicio.

En el caso Cooptación del Estado hay más de 50 sindicados.

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Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

En una audiencia del caso Cooptación del Estado, el abogado defensor de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, pidió que ella pudiera salir de prisión para recibir tratamiento médico por dolencias en la espalda.

En una audiencia anterior, Baldetti había solicitado medidas sustitutivas para salir de la cárcel de Santa Teresa, en la zona 18 de la capital, pero la petición fue rechazada por la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos.

Sin embargo, la defensa de la exfuncionaria lo volvió a intentar por otra vía y consiguió un beneficio parcial.

La jueza Recinos le otorgó permiso a Baldetti para salir de prisión por cuatro días a la semana para recibir tratamientos médicos.

“Se declara con lugar la solicitud para recibir tratamiento preoperatorio consistente en rehabilitación física a la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías, razón por la cual deberá ser trasladada de lunes a jueves a su lugar de residencia para que reciba tratamiento médico”, resolvió la jueza Recinos.

La resolución de la jueza establece la autorización para dejar la prisión de Santa Teresa, pero cada día debe regresar a su celda.

“Se recibirá el tratamiento cuatro veces a la semana, lo único es que será trasladada diariamente del centro penitenciario donde se encuentra al lugar de su residencia. El traslado se deberá realizar durante la mañana, ya será una coordinación que realice con el centro penitenciario. Recibirá el tratamiento y se esperará ciertas horas a efecto de que ella pueda reaccionar a ese tratamiento y que su traslado no se vea afectado en cuanto a que se sufra de tráfico y otras circunstancias”, determinó la jueza.

Los tratamientos serán aplicados por el médico privado que ha contratado Baldetti, y este debe de informar a “la doctora -fisioterapista-, Ana Beatriz Quinto Dubois, de informar cada semana -al Juzgado- sobre cómo está funcionando el tratamiento”.

Recinos justificó su decisión: “Como se ha establecido la situación de la señora Roxana Baldetti Elías no es algo fácil, toda vez que al haber sido vicepresidenta de la República de Guatemala pues se tienen los cuidados necesarios, no solo por la seguridad de su persona, sino porque está sujeta a otros procesos penales en los cuales debe cumplir. Se debe de resguardar no solo la integridad física sino la presencia en otras judicaturas en los que tiene procesos pendientes”.

La exfuncionaria aún debe enfrentar dos procesos penales por su posible participación en los casos Registro de Información Catastral, Cooptación del Estado y su posible extradición a EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico.

Para leer más: España extraditará a Guatemala a empresario implicado en el caso TCQ

Condenas contra Baldetti

En octubre del 2018, Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, el 7 de diciembre de 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, en el que le ordena que debe suspender la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

En la circular se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

En la circula se lee: “De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que en resolución dictada por esta Sala dentro del Amparo arriba identificado, se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, y en consecuencia se deja en suspenso la orden de aprehensión en contra de la señora ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, dentro del proceso penal número cero mil setenta y cuatro guion dos mil quince guion cero cero cero diecisiete del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riego, Grupo “B”. Para lo cual se fija el plazo de veinticuatro horas, para que informe de la efectiva ejecución de la misma”.

El amparo está identificado con el número 01141-2022-01266.

Según se informó, el juez Gálvez acató la orden el pasado viernes 29 de julio, con lo cual Alba Elvira Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) informó que el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio decretó medida cautelar de embargo sobre 30 mil 092.54 dólares de los Estados Unidos (unos Q232 mil) relacionados con el exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla.

Lo anterior por su vinculación en los casos Cooptación del Estado y La Cooperacha y derivado de las actividades ilícitas que se le atribuyen en los referidos casos.

Mediante la investigación el MP estableció que el dinero se encuentra vinculado a una inversión y un seguro de vida, los cuales no figuran dentro del patrimonio que él declara.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso Cooptación del Estado el 2 de junio del 2016.

Las pesquisas se derivaron de la información incautada con el caso La Línea, un año antes, en el cual están involucrados el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Según la investigación, derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina.

Para leer más: Alba Lorenzana presenta acción de inconstitucionalidad con la que pretende no ser juzgada por financiamiento electoral no registrado

Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).

Condenas

El 19 de mayo del 2019, el Tribunal Octavo de Sentencia condenó al exministro de Gobernación, López Bonilla, a un total de 13 años y nueve meses de cárcel inconmutables por fraude en el caso denominado Patrullas fase 2, y al pago de una multa de Q62 mil 500, sentencia que fue confirmada por el tribunal de alzada.

El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por fraude, en el caso denominado Blindados.

La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo en ese entonces que el ministro del Interior del extinto Partido Patriota cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.

Un exrector de la Usac y dos abogados implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020 también hacen petición a jueces para que les permitan inmunizarse contra el covid-19.

El expresidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, recibió la autorización de Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, para que pueda acudir a inmunizarse contra el coronavirus.

Este viernes 2 de julio, el abogado defensor de Pérez Molina, César Calderón, informó que el juez Gálvez había autorizado que su cliente acuda a un centro de vacunación y así recibir inmunización contra el coronavirus.

El exmandatario está procesado en el caso Cooptación del Estado.

Otras peticiones

El exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz y los abogados Luis Fernando Ruiz y Juan Salvador Soto, vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020 también hicieron una petición para que les autoricen vacunarse.

En una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D,  este viernes los abogados defensores de Paiz, Ruiz y Soto pidieron el permiso a la juzgadora Erika Aifán para trasladar a centros de vacunación a los procesados.

Los tres están implicados en la negociación para elección de cortes nacionales, una operación descubierta por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y que determinó que el orquestador de ese amaño fue el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos.

Las solicitudes de los tres procesados en el caso Comisiones Paralelas 2020 aún se analiza y Aifán pidió una constancia que garantice que serán vacunados para autorizar su traslado.

Otros detenidos ya vacunados

La exvicepresidenta de Guatemala, Ingrid Roxana Baldetti Elías, quien guarda prisión por su supuesta vinculación en actos de corrupción durante su mandato, fue llevada a un centro de vacunación en Santa Catarina Pinula para ser inmunizada contra el covid-19, según se informó el viernes 18 de junio.

Baldetti fue inmunizada contra el coronavirus luego que la jueza de Mayor Riesgo “A”, Marta Claudette Dominguez Guerrero, autorizada dicho procedimiento.

El pasado 16 de junio se conoció que El juez presidente del Juzgado de Mayor Riesgo E, Elvis David Hernández, ordenó que el exguerrillero Julio César Macías López, alias “César Montes”, preso en la cárcel del Cuartel Militar de Matamoros y procesado por la muerte de tres soldados en El Estor, Izabal, fuera vacunado contra el coronavirus.

La orden tampoco especificaba las razones por las cuales “César Montes” fue vacunado; además, tanto autoridades del Sistema Penitenciario (SP) como del Ministerio de Salud aseguran que en todo el país él es el único reo que ha sido inmunizado.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ha girado una orden de captura en contra de la empresaria Margarita del Carmen Quijada por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

La investigación del Ministerio Público (MP) señala que Quijada como representante de sociedad First Reinsurance Service Corp. pagó comisión ilícita de US$ 1 millón – unos Q7 millones – por adjudicación de prima de seguro de los aeropuertos La Aurora, Mundo Maya y el aeródromo de San José.

El juez emitió la orden de captura por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.

Además; se gestionará alerta ante la Interpol porque Quijano estaría fuera del país.

La adjudicación del contrato de prima de seguro era contra todo riesgo, responsabilidad civil, terrorismo y sabotaje de los aeropuertos internacionales.

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La Aurora, Mundo Maya y aeródromo de San José, adjudicados a dicha entidad por Q36 mil 763 mil 188.

Según se informó este jueves 3 de septiembre, los abogados de Sinibaldi le solicitaron al juez Miguel Ángel Gálvez que suspendiera la diligencia y que la reprogramara, aunque todavía no se sabe el motivo.

El juez Gálvez reprogramó la audiencia para el próximo lunes 7 de septiembre.

Alejando Sinibaldi escuchó el 31 de agosto la imputación del Ministerio Público (MP) en su contra en el caso Cooptación del Estado, una de las cinco causas por corrupción por las que está detenido después de cuatro años de ser prófugo de la justicia.

Luego de esa audiencia, Sinibaldi se refirió a su situación y dijo que la “lista negra” de implicados en corrupción, es “bien larga”.

Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala este 24 de agosto, cuatro años después de que se giró la primera de ocho órdenes de captura en su contra por delitos de corrupción.

El exministro de Comunicaciones se refugiaba en Florencia, Italia, desde donde viajó a Amsterdam, Países Bajos, Ciudad de México y Tapachula para que posteriormente fuera capturado por las autoridades guatemaltecas.

Alejandro Sinibaldi está señalado en cinco procesos

1. Cooperacha (parte del proceso de Cooptación del Estado)
2. Construcción y Corrupción (Fases I y II)
3. Odebrecht
4. Transurbano
5. Caso Arca

Es por La Coperacha, que enfrentará la primera audiencia.