Tras la ruptura mediática de Belinda con Christian Nodal, ahora son los padres del cantante mexicano quienes están en el ojo del huracán, pues podrían ir a la cárcel.

De acuerdo con el diario El Universal, que dijo tener en su poder documentos fehacientes, la disquera Universal Music interpuso una denuncia el miércoles último contra los padres del intérprete de Adiós, amor, por supuesto fraude.

Los padres del cantante, Silvia Cristina Nodal y Jesús Jaime González, promovieron una demanda civil en noviembre pasado en la que argumentaron que el cantante es el titular legítimo de los derechos de todos los temas del disco Ayayay.

Sin embargo, “en documentos en poder de El Universal se aprecia cómo la madre del cantante firmó una carta a favor de Universal Music, en donde reconoce al corporativo como el ‘único y exclusivo titular y propietario’ del álbum”, consigna el matutino.

De acuerdo con la nueva denuncia, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, los padres habrían pactado y firmado en abril de 2020 para que Universal Music produjera el disco, y por lo tanto, esta firma sería la propietaria de todos los derechos.

Entre los temas del álbum en cuestión están Mi chula, Ojalá fuera cierto y Nace un borracho, entre otros.

¿Contratos falsos?

El abogado de la disquera explicó que los padres de Nodal habían presentado ante las autoridades dos contratos probablemente falsos para engañar al órgano judicial.

En varias ocasiones, el cantante ya había expresado sus desacuerdos con la disquera, con quien había firmado un contrato.

Tras negociar una renovación, no llegó a ningún acuerdo con la compañía, lo que enojó a sus representantes y luego anunciaron que trabajarían con otra disquera.

El problema es que el contrato con Universal aún está vigente, lo que lo obliga a trabajar con esta y a lo cual el cantante se niega.

Sin embargo, el problema va más allá, debido a que si se comprueba que los padres del cantante presentaron ante la Fiscalía contratos falsos, estos podrían ir a la cárcel, de acuerdo con las normativas mexicanas.

(Foto principal: AFP)

En el artículo 15 de la Ley de Probidad se establece que ninguna persona puede desempeñar más de un cargo público remunerado, excepto quienes presten servicios en instituciones asistenciales y siempre que haya una compatibilidad en los horarios.

Sin embargo, si las contrataciones se hacen bajo el renglón 029, no entran en una situación de dependencia con el Estado, lo que les permite ser contratados por más de una institución pública al mismo tiempo.

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Desde el 2015, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco han contratado a entre 8 y 14 asesores por año.

En total, el COG y la CDAG han pagado Q22,497 millones por contratos vigentes de forma simultánea en las dos instituciones a un grupo de 17 asesores.

La suma total de los contratos de estos asesores, del 2015 a la fecha, es de 29.9 millones de quetzales.

Plazas dobles ganan más que un atleta

Quienes tienen estas dobles plazas, han ganado más al mes que cualquier atleta, pues la beca máxima para ellos es de Q15 mil.

La Contraloría no ha podido evidenciar alguna ilegalidad en la forma en que los asesores comparten su tiempo entre las dos instituciones.

Sin embargo, en el 2016 publicó que, durante el 2015, 14 de estos asesores contratados por el renglón 029, habían repetido informes mensuales de labores. Incluso, hubo quienes presentaron un informe de labores correspondiente a un período en el que no estaban en el país.

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