La iniciativa daría una amnistía a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, tanto para militares como para guerrilleros, fue aprobada en primer debate el pasado 17 de enero.

Además de liberar a quienes ya fueron condenados por estos delitos, si se aprueba dejará de perseguir penalmente a quienes cometieron delitos de guerra.

“Durante la guerra civil la población guatemalteca, especialmente las comunidades indígenas, soportaron horrores indescriptibles. Poblaciones fueron masacradas, mujeres fueron secuestradas y forzadas a ser esclavas sexuales, miles de personas fueron desaparecidas y torturadas”, recuerdan los congresistas.

Consideran que la liberación de más de 30 condenados, que ocurriría con esta aprobación, amenazaría la seguridad ciudadana, reabriría viejas heridas socavaría la rendición de cuentas y el Estado de Derecho, además de retroceder en la transición de la democracia.

“Desafortunadamente este es una de una serie de esfuerzos de los políticos guatemaltecos para revertir el cause de la justicia mientras ignora las obligaciones del país acorde al derecho internacional”.

“Estados Unidos no deben hacer la vista gorda a las víctimas de estos despreciables actos y debe mantenerse firme del lado de la población guatemalteca”, concluyen.

Varias organizaciones a favor de los derechos humanos también se han manifestado en contra de la iniciativa, así como la Organización de Naciones Unidas que el pasado 22 de enero advirtió:

“Si se aprueba esta reforma, representaría un drástico retroceso para los derechos de las víctimas a la justicia y para el Estado de Derecho en Guatemala”.

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El cumplimiento de los 12 criterios permitirá la entrega del 50 por ciento de la asistencia extranjera de los Estados Unidos para el gobierno central de Guatemala, administrados por las agencias estadounidenses en capacitaciones, asistencia técnica y de equipo a entidades gubernamentales. 

“Aunque persisten serios desafíos en la lucha contra la corrupción, Guatemala ha progresado lo suficiente para cumplir con los criterios del Congreso”. señala el comunicado. 

“El monto de financiamiento afectado por el requisito de certificación del 50 por ciento aún está sujeto al proceso de asignaciones del Congreso de los EUA, así que no está disponible en este momento”. indicó el vocero de la embajada.

La asistencia de Estados Unidos a las ONG´s, la sociedad civil y otros programas no se verá afectada.

Revocación de visas

El Departamento de Estado informó que continuará tomando medidas como, las restricciones de viaje y las revocaciones de visas, para asegurar que los individuos que hayan violado los derechos humanos, se hayan involucrado en corrupción o hayan cometido otros actos criminales no obtengan refugio en los Estados Unidos.

 Estados Unidos considera “vital” la colaboración del gobierno de Guatemala en los esfuerzos para combatir la corrupción, mejorar la cooperación en seguridad y aumentar las oportunidades económicas en Centroamérica.  

“Certificar a Guatemala permite la entrega de la asistencia que el Congreso asignó con la intención de avanzar en nuestra estrategia para Centroamérica, la cual incluye esfuerzos contra la corrupción y la impunidad, y programas que trabajan para abordar las causantes económicas de la inmigración ilegal”, añadió. 

Estados Unidos continuará “presionando” al gobierno guatemalteco para que cumpla con las condiciones establecidas por el Congreso estadounidense para la asistencia de los Estados Unidos, concluyó.