Luego de haber decretado una reserva parcial de la audiencia, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, empezó la diligencia de primera declaración de cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son señaladas en el caso Corrupción Semilla, informaron este lunes 29 de enero fuentes judiciales.

Al haber declarado la diligencia bajo reserva, la audiencia se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de la Prensa.

Se trata de Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) vincula en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, del presidente Bernardo Arévalo y el cual fue suspendido por el juez Orellana.

Luego de varios minutos, Orellana suspendió la audiencia y la reprogramó para el 7 de febrero.

Se sabe que solo los abogados defensores de Luz Elena de León Carreto y Jennyfer Mireya Estrada Escobar tuvieron intervención, mientras que los de Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaron a la espera.

De acuerdo con la información, la audiencia se suspendió porque el juez Orellana debía atender otras diligencias.

Al juzgado se presentó Blanca Alfaro, presidenta del TSE, para respaldar a las cuatro trabajadoras del Tribunal, aunque no se pronunció sobre la situación de las señaladas.

De momento se desconoce los hechos concretos que la Fiscalía imputará a las cuatro trabajadoras del TSE.

En este caso, José Alejandro Rueda Lone, oficinista IV del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos de los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

La FECI señala a personal del TSE por haber autorizado la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pues de acuerdo con los señalamientos, hubo reportes de firmas falsas en las actas de afiliación de dicha agrupación.

En el caso Siekavizza, Roberto Barreda declaró durante tres horas frente al juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez. El relato de Barreda inició desde el día que Cristina desapareció.

El señalado dijo que huyó con sus hijos a México para protegerlos. Barreda regresaría hasta que  su esposa apareciera.

Captura en Mérida

Roberto Barreda aseguró  que fue interrogado de manera ilegal luego de su captura  en Mérida.  Durante el interrogatorio, Barreda afirmó que  había perdido todo.

Barreda responsabilizó a la fiscalía de no investigar el paradero de Cristina.  El acusado afirma que su esposa solo está desaparecida.

El sindicado se negó a responder el interrogatorio de la fiscalía. Así mismo, Barreda arremetió contra el Ministerio Público por la utilización de reos condenados como colaboradores eficaces.

También vea: Roberto Barreda revela su versión de la verdad; sobre el caso Siekavizza

La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público realizó dos allanamientos en inmuebles ubicados en la Colonia Canalitos de la zona 24. Producto de las diligencias capturó a Jesus Antonio Silva Jimenez, por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.

El Juzgado de turno autorizó las diligencias, luego que la Fiscalía diera seguimiento a la investigación. Los hechos se registraron el 21 de septiembre a las 12:20 horas, cuando en el Lote 1, Manzada 38, Apartamento B, del Cantón Jaguey zon 24 fue localizado Oscar Daniel Gutiérrez. El hombre de 21 años fue atacado con arma de fuego y por la gravedad de las heridas fue trasladado a la emergencia del Hospital General.

El día del ataque, el MP localizó cinco casquillos, un proyectil calibre 9 milímetros y muestras de sangre. Durante los operativos localizó un arma de fuego que se presume fue la que se usó para el ataque.

El teniente coronel retirado Erwin Fuentes, exdirector del Instituto Adolfo V. Hall de Santa Cruz del Quiché fue absuelto del cargo de violencia en contra de la mujer en su manifestación psicológica.

También vea: Hombre que hirió a dos niños con un machete fue trasladado al hospital de Quiché

La jueza argumentó que no se presentaron las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

En el año 2,106 la capitana Yazmin Corado acusó al exdirector de haberla insultado aprovechándose de su cargo. Además de insinuaciones y presiones hacia ella.

El director negó las acusaciones, detrás de una barrera para no intimidar a la acusadora. El abogado de los querellantes dijo que apelarán la sentencia.