La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación que promovió la defensa del exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, y confirmó la orden de captura  por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”.

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la exjueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero,  se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 16 de junio sobre la captura de William Balz Gallardo, quien se encontraba prófugo de la justicia y está vinculado a la compra de un edificio n la zona 5 que sería para uso de esa institución y también el caso Red de Poder.

Según el MP, el detenido tiene orden de aprehensión vigente por los delitos de fraude y defraudación tributaria, en el primer caso, y por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria, en el segundo.

William Balz Gallardo es señalado por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP por su presunta vinculación en el caso Gerencial Asunción “por la compra anómala del edificio Gerencial Asunción en la zona 5 y en el caso Red de Poder Lavado y Corrupción a cargo de la Feci”.

Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP, confirmó que el detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

En el caso Gerencial Asunción, está señalada también la exfiscal del MP, Thelma Aldana, a quien se le tramitó una petición para que se gire una orden de aprehensión internacional.

Según ha informado el MP, este caso es una trama sobre la presunta compra sobrevalorada por Q35 millones de un edificio para esa institución, en la zona 5, evento que fue declarado lesivo el 25 de septiembre del 2020.

El caso del edificio del MP

El caso surgió por una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición.

La Fiscalía de Asuntos Internos señaló en su oportunidad que para la compra del inmueble hubo una serie de anomalías y no se cumplió con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se contaba con un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra.

Red de Poder Lavado y Corrupción

El otro caso en el que está involucrado William Balz Gallardo es Red de Poder Lavado y Corrupción en donde exfuncionarios, así como constructores y abogados, habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para quedarse con contratos millonarios u obtener el pago de la deuda, según informó el 5 de agosto de 2019 el MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Esa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, citaron las dos entidades.

“Los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”, agregaron.

En esta red participaron supuestamente, según el MP y la Cicig, Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

William Balz Gallardo sería uno de los desarrolladores inmobiliarios que estaba vinculado al caso.

Otros casos que la fiscalía cita como base de esta nueva investigación son Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.

“La  nueva  línea de investigación  dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto  poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas”, detalló el Ministerio Público.

Según las pesquisas, la estructura estaba conformada por Otto Pérez Molina, en ese entonces presidente electo, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia durante la gestión de Álvaro Colom, Juan de Dios Rodríguez López, empresarios y abogados “de alto perfil”.

De acuerdo con el MP y la Comisión Interncional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios del gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”.

El comunicado del MP refiere que “la investigación evidenció que uno de los principales empresarios involucrados fue José Maynor Palacios Guerra, quien hizo pagos al exsecretario privado de la Presidencia del periodo 2008-2012, el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara”.

La estructura habría utilizado bancos guatemaltecos y extranjeros, principalmente panameños, debido a que en ese país habían comprado off shores, lo que habría permitido a la red el manejo del dinero productor de las comisiones ilícitas.

“Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, explica la fiscalía.

Según la investigación, entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra y sus empresas varias transferencias que suman US$7 millones 297 mil 650.

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De acuerdo con la Cicig y el MP, así habría sido el flujo y destino del dinero:

• «El 15 de febrero de 2011 José Maynor Palacios Guerra le transfirió US$1 millón 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp., para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de ésta (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Gustavo Alejos Cámbara. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía.

• »El 28 de septiembre de 2011 desde la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc. en el Banco de Desarrollo Rural, José Maynor Palacios Guerra le hizo a cada una de las sociedades 19-24 S.A. y Classy Capital Group Inc., un giro de US$1 millón 500 mil, siguiendo las instrucciones  de Gustavo Alejos Cámbara, quien utilizó los recursos recibidos por esta última para adquirir apartamentos en el edificio Casa Margarita, zona 10. La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A. se encuentra vinculada a Gustavo Adolfo Espina Salguero -exvicepresidente- y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos por esta, constituida por otros de manera oculta.

• »Entre el 15 de diciembre de 2011 y el 24 de abril de 2012, a través de Value Assets Management Inc. -una sociedad con sede en Panamá vinculada a él-, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra US$2 millones 876 mil, girados desde la cuenta de la sociedad 3-War Financial & General Business Inc.., que utilizó para adquirir otros apartamentos en el edificio Casa Margarita».

Regalos

Según la investigación, Alejos Cámbara entregó a Otto Pérez Molina una casa ubicada en Vista Hermosa 1, zona 15, días después de haber sido electo presidente de Guatemala, “como una dádiva o regalo para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios”.

El inmueble habría sido entregado a poder de Pérez Molina mientras durara su gestión como mandatario. “Con el fin de ocultar ese regalo o dádiva, Alejos simuló un contrato de arrendamiento entre Neoproyectos S. A. y Otto Pérez Molina sobre dicha casa y participó en la falsificación de la firma en dicho contrato del representante legal de Neoproyectos s .a, Jorge Alberto Arevalo Castillo, y el fingimiento de una fecha falsa”, detallan la fiscalía y la Cicig.

La investigación señala que Juan de Dios Rodríguez López recibió de Gustavo Alejos Cámbara las llaves y/o la posesión y usufructo de los apartamentos 2A Torre II y 4A Torre II del edificio Casa Margarita, como dádiva o regalo, cuando se desempeñaba como secretario privado del presidente Otto Pérez Molina. Posteriormente fue nombrado presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El MP afirma que Acisclo Valladares Urruela manejó las acciones de las sociedades off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Cada una de estas entidades off shore era, a su vez, propietaria de un apartamento en el edificio Casa Margarita. De igual manera, Valladares Urruela habría gestionado y administrado otro apartamento en el mismo complejo y propiedad de Luces International Inc, que también fue adquirido con dinero ilícito.

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Antejuicios y órdenes de captura

Alejos Cámbara tenía orden de captura, pero le filtraron la información y se presentó voluntariamente al juzgado. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y cohecho pasivo.

William Balz Gallardo tiene orden de detención, pero no fue localizado en los allanamientos. Es señalado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria.

Manuel de Jeús Palma y Palma tiene orden de detención, pero no fue encontrado. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Ricardo López Barrientos tiene orden de captura, pero no fue localizado. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El exvicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero fue citado a primera declaración. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Beatris Jansa Bianchi de Alejos fue citada a primera declaración. Es sindicada del delito de lavado de dinero u otros activos.

Rafael Escobar Pereira fue citado a primera declaración. Es señalado del delito de lavado de dinero u otros activos.

Juan de Dios Rodríguez, actualmente en prisión preventiva, fue citado a primera declaración. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo.

Otto Pérez Molina, actualmente en prisión preventiva, fue citado a primera declaración. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.

El Ministerio Público anunció que presentará solicitudes de retiro de antejuicio contra Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, y Roberto Alejos Vásquez, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).