Sperisen, que tiene nacionalidad suiza y guatemalteca, fue director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, de donde salió en 2007 para radicarse en Suiza, en la casa de su padre, que era embajador ante la Organización Mundial de Comercio.

“La puesta en libertad del señor Sperisen prevista para el lunes no tendrá lugar debido a la suspensión ordenada por la Cámara de Apelación Penal tras un recurso de la fiscalía”, indicó a AFP el letrado Florian Baier, confirmando un reporte de la cadena de televisión local Léman Bleu.

“Es muy difícil para el afectado, su mujer, sus hijos y sus allegados”, agregó el abogado.

Un tribunal de Ginebra ordenó el jueves la “suspensión de la ejecución de la pena” a la espera de que el Tribunal Federal (la máxima instancia judicial suiza) se pronuncie sobre la sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El 13 de junio, el tribunal europeo con sede en Estrasburgo condenó a Suiza por la falta de imparcialidad de una jueza que se pronunció sobre el caso de Sperisen.

Según la Corte, las observaciones de la magistrada efectuadas en octubre de 2017 “excedieron la declaración de una simple sospecha”.

Sperisen fue detenido en Ginebra en 2012 y siempre sostuvo su inocencia.

La justicia suiza lo condenó por primera vez en 2014 a cadena perpetua, pero tres años después Tribunal Federal anuló la condena tras considerar “arbitraria” e “incompleta” la apreciación de algunas de sus pruebas.

Tras cinco años en la cárcel, Sperisen fue puesto en libertad provisional con brazalete electrónico en septiembre de 2017, a la espera de un nuevo juicio.

En 2018, la justicia de Ginebra lo condenó finalmente a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006 durante una operación para retomar el control de la cárcel de Pavón. El Tribunal Federal confirmó esta condena en 2019.

Erwin Johan Sperisen, nacido en 1970 y que clama su inocencia, deberá ser liberado el lunes, señaló a AFP uno de sus abogados, Florian Baier, tras la audiencia.

La decisión es una “suspensión de la ejecución de la pena” a la espera de que el tribunal federal (la máxima instancia judicial suiza) se pronuncie sobre la sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, explicó.

El 13 de junio, la Corte europea con sede en Estrasburgo condenó al país alpino por la falta de imparcialidad de una jueza del tribunal que se pronunció sobre el caso de Sperisen, que tiene la nacionalidad suiza y guatemalteca.

Según la Corte, las observaciones de la magistrada efectuadas en octubre de 2017 tras una solicitud de Sperisen “excedieron la declaración de una simple sospecha”.

Tras la sentencia, el tribunal federal suizo puede decidir absolver a Sperisen, cerrar el caso u ordenar un nuevo juicio, precisó el letrado Baier.

El convicto fue director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, de donde salió en 2007 para radicarse en Suiza.

La justicia suiza lo condenó por primera vez en 2014 a cadena perpetua por su papel en la ejecución extrajudicial de diez reos en 2005 y 2006, mientras se desempeñaba como director del cuerpo armado guatemalteco. La sentencia fue confirmada en apelación en 2015.

Pero en 2017, el tribunal federal (la máxima instancia judicial suiza) anuló la condena tras considerar “arbitraria” e “incompleta” la apreciación de algunas de sus pruebas.

Tras cinco años en la cárcel, Sperisen fue puesto en libertad provisional con brazalete electrónico en septiembre de 2017, a la espera de un nuevo juicio.

En 2018, la justicia de Ginebra lo condenó finalmente a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006 en la cárcel de Pavón.

En la sentencia, fue absuelto de la muerte de otros tres presos que se fugaron de la prisión de El Infiernito en 2005, pero que fueron recapturados.

Sperisen, casado y padre de tres hijos, se instaló en 2007 en Ginebra, en la casa de su padre, que era el embajador de Guatemala en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Fue detenido en 2012 por un comando de policías cuando salió del perímetro de la misión guatemalteca para hacer las compras con su mujer.

Las declaraciones testimoniales en este caso – más de cincuenta — son de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos que fueron testigos de los hechos, algunos de ellos porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos y otros que tuvieron conocimiento por razón del cargo que desempeñaban en ese momento, como policías nacionales civiles y funcionarios del Organismo Judicial, entre otros.

Expresidente Oscar Berger saluda al exministro Carlos Vielmann durante el receso que otorgó la jueza, esta audiencia podría finalizar a la media noche. pic.twitter.com/a0GxSTgt1j

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) November 9, 2018

Ante informaciones recientes sobre el caso “Ejecuciones Extrajudiciales”, que no se ajustan a la realidad la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, informó a través de un comunicado que los ilícitos que están siendo señalados a partir de la audiencia celebrada el día 9 de noviembre de 2018 corresponden a hechos nuevos y  distintos a los presentados en casos anteriores; por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho (non bis in idem, Articulo 17 del Código procesal Penal).

Fiscalía lee la imputación de los cargos en contra de Carlos Vielmann por el delito de ejecución extrajudicial y tortura. pic.twitter.com/qLNzvOMXCG

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) November 9, 2018

Eventos

Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional de España, en el caso del imputado Carlos Roberto Vielmann Montes, refieren a otros eventos, ocurridos en tiempo y lugar diverso,  relativos a ejecuciones extrajudiciales de víctimas distintas de las que ahora le están siendo imputadas.  La actuación imputada a los sindicados en grado de coautoría tiene que ver únicamente con los hechos nuevos tal como se detalla a continuación:

Imputaciones de ejecuciones extrajudiciales anteriores en Guatemala y en España

Edwin Santacruz Rodríguez (“Río Hondo”) 3 de noviembre 2005
Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa (“Las Cuevas”) 1 de diciembre de 2005
José Abraham Tiniguar Guevara (Pavón)  25 de septiembre de 2006
Mario Misael Castillo (Pavón) 25 de septiembre de 2006
Jorge Eduardo Batres Pinto (Pavón) 25 de septiembre de 2006
Luis Alfonso Zepeda González (Pavón) 25 de septiembre de 2006
Carlos René Barrientos Vásquez (Pavón) 25 de septiembre de 2006
Gustavo Adolfo Correa Sánchez (Pavón) 25 de septiembre de 2006
Erick Estuardo Mayorga Guerra (Pavón) 25 de septiembre de 2006

Personas ejecutadas imputadas en la actualidad

Hugo Humberto Ruiz Fuentes 14 de noviembre de 2005.
Douglas Sadiel Arauz Palacios 20 de diciembre de 2005.
Adonis Asael Murillo 20 de diciembre de 2005.

Personas torturadas imputadas en la actualidad:

Marco Tulio López y López 23 de octubre 2005.
Luis Humberto Arana Sarceño 23 de octubre 2005.
Julio Oswaldo García Palacios 19 de noviembre de 2006.
Isaías López Castillo 25 de octubre de 2005.

A su vez, dentro del presente caso la CICIG asegura que no existen colaboradores eficaces; ni tampoco han sido otorgados beneficios a los testigos.

.Con información Olga López
Oficial de Prensa/CICIG
lopezo@un.org

Vielmann fue absuelto por el Tribunal Supremo de España, pese a que la fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado contra el exministro una pena de 160 años de prisión y el pago de 300 mil euros de indemnización por cada preso ejecutado.

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Vielmann, que actualmente vive en España y tiene nacionalidad de ese país desde 2009, había recibido una sentencia de absolución en marzo de 2017, tras 7 años de enfrentar un proceso por la muerte de estos reos en el denominado Plan Pavo Real. Sin embargo ahora la absolución fue confirmada por el Tribunal Supremo quien estipula que no fue probado que el exministro fuera responsable de los delitos de asesinato y crímenes de lesa humanidad, ni que existiera “un plan diseñado desde el Gobierno para su eliminación”, o que él fuera quien ordenó los asesinatos de estos reos.

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La sentencia en 2017

El que fuera ministro del presidente Óscar Berger estaba acusado de aprobar la ejecución de un preso fugado del penal El Infiernito, en noviembre de 2005, y la de otros siete en la cárcel de Pavón, en una vasta operación efectuada por fuerzas policiales el 25 de septiembre de 2006.

En el primer caso, el alto tribunal estimó que “no ha quedado acreditado que el acusado Carlos Vielmann tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte”  de ese reo, Edwin Santacruz, a manos de dos subalternos.

La condena absolutoria en 2017 fue emitida por los magistrados Concepción Espejel Jorquera, presidente del tribunal; y Juan Pablo González González, quienes votaron a favor; mientras que José Ricardo de Prada Solaesa se pronunció en contra.

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La Audiencia señaló que tampoco pudo acreditarse que Vielmann “participase en la ejecución de los reclusos, ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia”.

Y añade que la relación de “dependencia jerárquica”  no implica “en sí misma que el superior ordene, autorice, o tenga conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo”  por sus subalternos.

Además ahora el tribunal consideró que el hecho de que Vielmann acudiera el día de la toma policial, 25 de septiembre de 2006, a supervisar el operativo no significa que estuviera enterado de la muerte de los presos más conflictivos.

“Su condición de ministro de la Gobernación en el momento de la captura de los presos evadidos o su presencia física en el centro penitenciario en el momento del operativo diseñado para la toma de control de dicho centro carece de relevancia”, señalaba la sentencia.