Después de haber permanecido prófugo de la justicia durante varios meses por estar sindicado en los casos de corrupción Libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas, el exjuez Mynor Moto reapareció este miércoles 22 de febrero, cuando acudió a las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), según confirmaron sectores projusticia.

Hace apenas seis días trascendió que la segunda orden de captura en contra de Moto había sido revocada y, aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) impugnó el falló, la presencia del exjuzgador en las elecciones del CANG confirman que las órdenes de aprehensión en su contra ya no tienen efecto.

Pese a que Moto se ha mantenido prófugo de la justicia, gestionó por medio de sus abogados sus casos y también logró anular las órdenes de captura que había en su contra.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, señaló que “en el caso Comisiones Paralelas el señor Mynor Moto a través de una actividad procesal defectuosa logró que el juez décimo de Instancia Penal le revocara la orden de aprehensión, contra esa resolución la Feci presentó un recurso de reposición el cual está pendiente que se resuelva si se revoca la orden de aprehensión o se accede a otorgar nuevamente dicha orden de aprehensión”.

“Este recurso se presentó en noviembre del 2022 y el juez no ha resuelto”, agregó Curruchiche.

En el caso Libramiento de Chimaltenango el Juzgado Tercero Penal revocó la orden de aprehensión en contra de Moto; sin embargo, la Feci presentó un amparo que está pendiente de ser resuelto, por lo que dicha revocatoria no está en firme, pero a pesar de eso se presentó a las elecciones del CANG.

Moto estaba prófugo por el caso Libramiento de Chimaltenango desde el 12 de abril de 2021.

En este caso, según el MP, Moto “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, donde Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.

Además, el MP asegura que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

La Fiscalía señala que Moto habría cometido los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. Este caso ha sido conocido por el juez Tercero Penal, Geisler Pérez Domínguez.

Además, por el caso Comisiones Paralelas, Moto estaba prófugo desde el 1 de febrero de 2021, cuando Erika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura, porque era señalado del delito de obstrucción a la justicia.

El juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció el 2 de diciembre de 2022 a Moto al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

Desde que se giró la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020, el exjuzgdor, quien dejó su cargo de juez para ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero que no pudo asumir, se encontraba prófugo.

Tras esa resolución, Bremer ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que ya no debía buscar a Moto.

Mynor Moto reaparece | El exjuez Mynor Moto se presenta a votar en la jornada de elecciones del Colegio de Abogados.

Moto ha logrado que se le anule la orden de captura en el caso Libramiento de Chimaltenango.

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El exjuez Mynor Moto participó nuevamente en las elecciones del @CangGuatemala. pic.twitter.com/Oq5vncdZm5

— Guatemala Visible (@guatevisible) February 23, 2023

El juez B Décimo Penal, Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, favoreció al exjuez Mynor Mauricio Moto Morataya al haber anulado una orden de captura que pesaba en su contra por estar vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020, informaron este martes 6 de diciembre fuentes judiciales.

Desde que se giró la orden de captura contra Moto por el caso Comisiones Paralelas 2020, el exjuzgdor, quien dejó su cargo de juez para ocupar una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero que no pudo asumir, se encuentra prófugo.

Se informó que fue el viernes 2 de diciembre pasado cuando Bremer favoreció a Moto con la revocatoria de la orden de captura y el arraigo que se había decretado cuando se le declaró en rebeldía.

Tras esa resolución, Bremer ordenó que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) que ya no debía buscar a Moto.

Además, esa resolución también beneficia al abogado Dennis Billy Herrera Arita, vinculado al mismo caso.

Orden de captura vigente

Aunque Moto se libró de una orden de captura, el exjuez tiene una orden de aprehensión vigente, aunque esta es por el caso Libramiento de Chimaltenango.

El juez Tercero Penal, Geilser Pérez, de momento tiene el expediente por el cual se solicitó orden de captura en contra de Moto en abril de 2021 por el Caso Libramiento de Chimaltenango, la cual está vigente, pero en este proceso Pérez se ha excusado de conocer el caso y no se ha resuelto su intención de apartarse.

En este caso, la Fiscalía contra la Corrupción la requirió por un supuesto soborno dentro de dicho proceso, mismo que implica al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Según el Ministerio Público (MP), Moto a quien identifica como exjuez tercero penal, “habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerles en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes”.

Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, cuando Moto dictó falta de mérito a favor de 16 personas detenidas y de dar medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S.A (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A, constructoras implicadas en el caso.

Pero no solo fue un soborno, ya que el MP sostiene que Moto autorizó parcialmente acceso a información bancaria dentro del mismo caso, pero retrasó por 40 días la entrega de los oficios, “lo cual ocasionó un serio perjuicio a las actividades investigativas de la Fiscalía y la administración de justicia”.

El 8 de julio de 2021, el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, luego de que no se presentara a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura.

Conflicto de interés

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en febrero de 2020 presentó la investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020” en la que se expuso un mecanismo en el que participaban políticos, jueces, magistrados, diputados y el operador político Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las votaciones para elegir las cortes nacionales.

Entre las reuniones que logró documentar la Fiscalía está un acercamiento de Alejos Cámbara, Dennis Billy Herrera Arita y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistrado).

Asimismo, los fiscales evidenciaron que Moto días antes del lanzamiento de su candidatura a magistrado de la Corte de Constitucionalidad -11 de diciembre de 2020-, se reunió con el juez Geisler Pérez y con el abogado Juan Carlos Borrayo Carbajal, quien fungía como abogado director de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara en el caso Negociantes de la Salud.

Antecedentes

En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada Comisiones Paralelas 2020, “en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara con la finalidad de manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República”, señaló el MP en esa oportunidad.

La defensa Mynor Moto, extitular del Juzgado Tercero Penal, logró que el expediente de su caso por el caso Comisiones Paralelas 2020 pase a un juzgado ordinario y ya no lo lleve el Juzgado de Mayor Riesgo D.

Según se informó, los abogados de Moto, quien está prófugo de la justicia, plantearon una acción legar en el Juzgado Décimo Penal B, que dirige Jimi Bremer, para que resolviera un incidente de inhibitoria.

El juez Bremer se declaró competente para conocer el proceso del exjuez Mynor Moto y ordenó que el expediente fuera retirado del Juzgado de Mayor Riesgo D.

El juez Bremer realizó la audiencia sin que el implicado estuviera presente y resolvió a su favor el incidente de inhibitoria, con lo cual ahora el caso pasa a ese juzgado.

Por su parte, el Ministerio Público (MP), señaló que la fiscalía se opuso a que se desarrollara la audiencia ya que no estaba presente Mynor Moto; sin embargo, el juez la llevó cabo y por esa razón se planteó actividad procesal defectuosa.

Agregó que dicha fiscalía va presentar las acciones como legalmente le corresponda.

El caso Moto

Moto tiene órdenes de captura por el delito de obstrucción a la justicia por el caso Comisiones Paralelas 2020 y por un supuesto acto de cobro de soborno en el caso Libramiento de Chimaltenango.

El abogado es prófugo de la justicia desde el 1 de febrero, cuando Erika Aifán, quien en ese tiempo dirigía el Juzgado de Mayor Riesgo D, firmó la orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020. Está señalado del delito de obstrucción a la justicia.

En febrero de 2020, la Fiscalía Especial contra La Impunidad (Feci) presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción).

Según el MP, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Esto originó la continuidad de la investigación, el otorgamiento por la Corte de Constitucionalidad (CC) de un amparo a la fiscal general Consuelo Porras, y el planteamiento de antejuicio contra 16 funcionarios judiciales involucrados en la pesquisa.

El MP explicó en su oportunidad que en el marco del proceso de investigación se ha documento distintos eventos, entre estos, reuniones del hermano de quien fungió como comisionado postulador Dennis Billy Herrera Arita, Douglas Herrera, comisionado de postulación), con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (operador externo) y el juez Geisler Smaille Pérez Domínguez (aspirante a magistratura de la Sala de Apelaciones).

Señala que se demostró que Dennis Billy Herrera Arita, tenía comunicación telefónica y/o en redes de mensajería instantánea con Alejos Cámbara y también que Douglas Eduardo Herrera Arita participó en un evento de apoyo al juez Mynor Moto en sus aspiraciones por convertirse en magistrado de la CC nominado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Ya no podrá ser juez

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) resolvió excluir a Mynor Mauricio Moto Morataya, extitular del Juzgado Tercero Penal, de la Carrera Judicial, luego de que no se presentó a la judicatura a tomar posesión del cargo por tener vigentes dos órdenes de captura, el 8 de julio de 2021.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo interpuesto por el Ministerio Público (MP) que buscaba reactivar el proceso de antejuicio contra el magistrado José Alejandro Córdova Herrera, vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020 y uno de los integrantes de la terna de candidatos a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).  

La resolución es del pasado 16 de febrero de 2022 y un día después se lanzó la convocatoria para la elección del nuevo PDH.

El pasado 5 de julio la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) del Congreso de la República se reunió para integrar la terna de aspirantes al cargo de PDH la cual será trasladada al pleno.

La Comisión integró la terna de aspirantes al cargo con José Alejandro Córdova Herrera, que obtuvo 90.42 puntos;  Giovanni Francisco Soto Santos, 86.11 puntos y Melvin Giovanni Portillo Arévalo 87.00.

Córdova Herrera es magistrado Vocal Primero de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia y es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, de estar involucrado en el caso Comisiones Paralelas 2022, una estructura que intentó manipular la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de apelaciones.

El 3 de septiembre de 2021 la Feci había presentado en la CC el amparo contra la resolución de la CSJ, de fecha 28 de julio de 2021, en la que declaró sin lugar las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público, contra José Alejandro Córdova Herrera.

Señaló que hubo violaciones al derecho del ejercicio de la acción penal así como a los principios jurídicos del debido proceso y de legalidad. D

En la resolución de la CC se menciona que la CSJ actuó en el uso de las facultades que le confiere la ley aplicable al caso de mérito, sin ocasionar las vulneraciones aducidas por la Feci.

Añade que lo anterior, en virtud que la referida autoridad, partiendo de los hechos y de los argumentos expuestos en la solicitud de antejuicio instada, así como de las pesquisas realizadas por el juez pesquisidor, arribó a la conclusión de que los señalamientos que se le imputan al magistrado enjuiciado no generan suficientes indicios racionales que evidencien una posible comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delito, que le llevaron a no acoger la solicitud formulada, decisión que, a juicio de esta Corte.

Antecedentes

Según informó el MP el 16 de julio de 2020, través de la Feci solicitó levantar la inmunidad de 13 funcionarios judiciales vinculados en el caso Comisiones Paralelas 2020, entre ellos José Alejandro Córdova Herrera.

“De acuerdo con la tesis de la fiscalía, los funcionarios antes mencionados participaron en posibles negociaciones ilícitas con el privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, entre ellos comisionados de postulación, postulados a integrar altas cortes, actores externos al proceso, pero con interés en el mismo, diputados al Congreso de la República”, se leía en el comunicado del MP.

Otras resoluciones en el caso

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Nery Medina, no podrá ser investigado por el caso Comisiones Paralelas 2020, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el fallo que declaró sin lugar el trámite de antejuicio en contra del funcionario, según se informó el 1 de julio pasado.

La resolución de la CC señala que se “rechaza in limine la solicitud de antejuicio promovida por el MP, a través de la Feci, en contra de Nery Osvaldo Medina Méndez, magistrado vocal segundo de la Corte Suprema de Justicia”.

En su resolución, la CC estableció que, no son dables los agravios señalados por el ente postulante.

También concluyó que los hechos que soportaban la solicitud de antejuicio “eran espurios, al considerar que, los mismos no aportan la documentación suficiente”, la cual es derivada de una investigación previa, mediante la cual se sustenten los hechos bajo las circunstancias en que se aduce que participó el antejuiciado.

El pasado 5 de julio de 2022 la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo que favorece a Josué Felipe Baquiax quien ya no podrá ser investigado por señalamientos en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 8 de junio de 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad.

Según la investigación del Ministerio Público, los magistrados habrían cometido actividades posiblemente ilícitas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.

Uno de los señalados fue Josué Felipe Baquiax, en su calidad de magistrado Vocal Quinto de la Corte Suprema de Justicia, a quien la Feci señaló de tráfico de influencias, violación a la constitución y asociación ilícita.

Foto principal: José Alejandro Córdova Herrera. (Congreso de la República)

Los exrectores de la Universidad de San Carlos (Usac), Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, fueron beneficiados con arresto domiciliario gracias a una resolución del juez suplente de mayor riesgo D, Edwin Ramírez, informaron este martes 17 mayo fuentes judiciales.

Tanto Paiz como Gálvez podrán salir de prisión preventiva y permanecer en libertad condicional mientras concluye el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además, se benefició con libertad condicional a Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

La resolución, a la que la Feci no se opuso, se dio a conocer en una audiencia bajo reserva judicial, es decir, sin acceso a particulares ni periodistas.

“El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió otorgar medida sustitutiva a sindicados por razones humanitarias. Asimismo, decretó la reserva total”, señaló el MP.

Murphy Paiz y Estuardo Gálvez son procesados por supuestamente ser parte de una trama que intentó manipular la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, la cual aún está detenida en el Congreso de la República.

Ambos son señalados de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.

Henry Alejandro Elías Wilson, Magistrado Vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual y candidato a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), no podrá ser investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), por su posible vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2022.

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo en el que rechazó un amparo presentado por el MP, que buscaba revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 28  de julio de 2021, cuando declaró sin lugar las diligencias de retiro de inmunidad promovidas por la Feci, para investigar al magistrado Elías Wilson por señalamientos en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El reclamo del MP, planteado en el amparo, estimaba que hubo violaciones a los derechos de justicia, de defensa y de tutela judicial efectiva, así como, a los principios jurídicos del debido proceso, de fundamentación y de acción penal pública.

Agrega que fueron vulnerados los derechos y principios jurídicos enunciados, porque la autoridad objetada, CSJ, desatendió la obligación que le asiste en cuanto a determinar la procedencia o improcedencia de la formación de causa, dado que, al resolver las diligencias de antejuicio se atribuyó funciones propias de un juez penal y realizó juicios de valor que no le correspondían.

Además, señala que inobservó que, con base a la ley de la materia, debía limitarse a establecer si los hechos que se denuncian derivan de situaciones espurias, políticas o contradictorias y no efectuar apreciaciones respecto del material probatorio.

Agregaba que el pesquisidor al emitir su informe, olvidó que su atribución consiste en poner a disposición del pleno de Magistrados los hechos investigados, a fin de que puedan asumir una decisión definitiva, y no arrogarse facultades que no le competen al calificar la tipificación delictiva.

Añadía que también incumplió con fundamentar debidamente la resolución, pues no se pronunció respecto de la existencia de razones políticas o espurias en la denuncia presentada, no analizó los puntos expresamente impugnados y omitió hacer alusión tanto de los documentos que aportó el accionante, como también, del contenido del informe que rindió el juez pesquisidor.

En la resolución también se menciona el informe circunstanciado que la CSJ envió a la CC sobre el caso y se lee: “la resolución final que dictó la Corte Suprema de Justicia, la cual no es un acto jurisdiccional como erróneamente lo identifica el solicitante, es congruente con las constancias procesales y se encuentra debidamente motivada, toda vez que en la misma se establecieron los motivos de hecho y de derecho por los cuales decidió declarar sin lugar las diligencias de antejuicio promovidas en contra del antejuiciado”.

El magistrado Henry Alejandro Elías Wilson, -tercero interesado en el caso- indicó a la CC que la resolución que constituye el acto reclamado “fue dictada conforme la ley y las constancias procesales, por lo que, no puede provocarle ningún agravio al solicitante de amparo; de esa cuenta, la pretensión del postulante es que se revise lo resuelto en la jurisdicción ordinaria. Pidió que no se otorgue la protección constitucional solicitada”.

Resolución

La CC fuer por ello que determinó que “no produce agravio la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declara sin lugar las diligencias de antejuicio, cuando del estudio correspondiente, se advierte que dentro de la solicitud presentada para tal finalidad, no se realizó relación clara y precisa de los hechos que pudieran vincular al funcionario antejuiciado con la comisión de hechos delictivos; actuación con la cual, se advierte que la autoridad reprochada actuó dentro de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley en Materia de Antejuicio”, según se lee en la resolución.

El caso

El 29 de julio del 2020, la Feci solicitó el retiro de derecho de antejuicio contra los magistrados:

• Selvin Wilfredo Flores Divas, de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula.

• Henry Alejandro Elías Wilson, sala de la Corte Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otra Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual.

• Jaime Fernando Echeverría Argueta de la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.

Estos magistrados fueron señalados de haber tenido comunicación con Gustavo Alejos y participado en reuniones no oficiales, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las Cortes de Apelación y la CSJ.

Los tres funcionarios no aparecieron en la nómina final de candidatos en las comisiones de postulación que fue remitida al Congreso.

Según las investigaciones realizadas por el MP, un grupo organizado estaba manipulando e influenciando el proceso de elección de Magistrados para la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y jueces, los cuales supuestamente era dirigida por Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Según se estableció, Alejos Cámbara era amigo de Manuel José Elías Wilson -hermano del magistrado Henry Alejandro Elías Wilson – por haberse ubicado un automóvil de su propiedad, estacionado en cercanías del Sanatorio Ciudad Nueva en donde Alejos se encontraba arrestado de manera preventiva, por dicho caso.

Se postula para jefe del MP

Magistrado Henry Alejandro Elías Wilson también presentó su papelería como candidato a fiscal general y jefe del MP para el período 2022-2026.

La postuladora en la primera jornada de revisión ya admitió para su trámite señalamientos presentados en contra de 5 aspirantes, entre ellos el magistrado Elías Wilson.

La objeción contra el magistrado es por su presunta vinculación con Gustavo Alejos Cambara y su posible participación en el caso denominado Comisiones Paralelas.

El pasado 21 de marzo, Elías Wilson presentó sus pruebas de descargo ante la Postuladora.

Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal II de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se puso a disposición del Juzgado Tercero este jueves 17 de febrero, luego de señalamientos del Ministerio Público.

Según la Fiscalía de Asuntos Internos, en un informe presentado el miércoles último, Morán Mejía es señalada de haber participado en un procedimiento “arbitrario e ilegal” de parte de personal de la Feci contra un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Además de Morán Mejía, son señalados Willy Roberto Recanac López, auxiliar fiscal I, y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliar fiscal II, quienes fueron aprehendidos el miércoles durante operativos de la Policía Nacional Civil.

En la acusación también se indica que se encuentra activa una orden de captura contra Rudy Manolo Herrera Lemus, exagente fiscal.

En el informe presentado por la Fiscalía de Asuntos Internos, se argumenta que, el 20 de julio de 2021, Herrera Lemus, con “apoyo y acuerdo previo” de Racanac López, Morán Mejía y Escobar Quiñónez, habría violado principios de debido proceso, derecho de defensa y certeza jurídica al haber formulado un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación que se tramitaba dentro del expediente en el cual está sindicado el denunciante, en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Lea más: Trabajadores de la Feci son capturados por una denuncia de un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020

La Fiscalía de Asuntos Internos indica que, “por medio de amenazas, violencia o procedimiento intimidatorio pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un convenio de colaboración eficaz y prestara información testimonial de hechos falsos”.

Añade que le indicaron al sindicado que, de no suscribir el convenio y no manifestar lo que se le requería, se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva que gozaba y sería enviado a prisión preventiva.

Morán Mejía emitió un comunicado en el que señala que, desde el Ministerio Público se ejecuta una “política de represión” y criminalización por la labor que trabajadores efectuaron.

Además, exigió el respeto y cumplimiento del debido proceso y garantías procesales, que se imparta justicia pronta, que se respeten sus derechos humanos fundamentales, que se le de acceso al expediente judicial por el que es sindicada, que se cumpla con el principio de objetividad por parte del MP y que se garantice el respeto a su vida e integridad.

“Está en peligro debido a que en el cargo en el que me desempeñé existen varias personas con quienes podría encontrarme en cualquier prisión del país y quienes se vieron involucradas dentro de los procesos investigados”, señaló Morán.

Exauxiliar fiscal de Feci, Aliss Nohemí Morán Mejía, se presenta a juzgado luego de conocer su implicación por aparente coacción a un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020. pic.twitter.com/CD94x7fKPR

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 17, 2022

El caso Comisiones Paralelas 2020 fue presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 16 de julio del 2020, en el que se señalaron a jueces, magistrados, abogados y particulares de haber sido parte de una red de tráfico de influencias en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

El miércoles último, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, se refirió a la persecución penal contra exinvestigadores y jueces, y aseguró que no existe una intención de venganza.

También se refirió a otros casos recientes en los que representantes de la comunidad internacional y sectores de la sociedad civil han señalado su gestión frente al Ministerio Público, a quienes invitó a acercarse a conocer los procesos de la institución.

El Ministerio Público informó este miércoles 16 de febrero que fueron capturados dos auxiliares fiscales de la Feci sindicados de abuso de autoridad, luego de señalamientos de un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Los operativos fueron coordinados por la Fiscalía de Asuntos Internos y la Policía Nacional Civil, “en seguimiento a una denuncia por posible coacción y presiones en contra de una persona, con el fin de declarar hechos falsos”, señaló el Ministerio Público.

La Fiscalía de Asuntos Internos “analizó el caso” y efectuó los “medios de investigación”, según informa el MP, y solicitó las órdenes de aprehensión contra cuatro personas, auxiliares fiscales y exagentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Durante las diligencias efectuadas hoy, el MP reporta la aprehensión de Willy Roberto Recanac López, auxiliar fiscal I, y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliar fiscal II.

Además, están pendientes de efectuarse las aprehensiones de Rudy Manolo Herrera Lemus, exagente fiscal, y Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal II.

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Según el Ministerio Público, el 20 de julio de 2021, los referidos trabajadores de la Feci habrían participado en “un acto arbitrario e ilegal contra un denunciante, sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020, al violar los principios de debido proceso, derecho a defensa, así como la seguridad y certeza jurídica al formular un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación que se tramitaba dentro del expediente ministerial en el cual está sindicado el denunciante”.

El Ministerio Público indica que, “por medio de amenazas, violencia o procedimiento intimidatorio pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un convenio de colaboración eficaz y prestara información testimonial de hechos falsos”, asegura.

Añade que, los sindicados habrían indicado al denunciante que, “de no suscribir dicho convenio y no manifestar lo que se le requería, se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva de la cual gozaba y en consecuencia sería enviado a prisión preventiva”.

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El comunicado del Ministerio Público indica que las acciones “fueron cometidas en perjuicio de la administración pública, atentando contra el derecho de defensa, el principio jurídico del debido proceso, la seguridad jurídica y la humanidad del denunciante, teniendo pleno conocimiento de que su actuar era ilegal”.

El caso Comisiones Paralelas 2020 fue presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 16 de julio del 2020, en el que se señalaron a jueces, magistrados, abogados y particulares de haber sido parte de una red de tráfico de influencias en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Públio informa: pic.twitter.com/Gw645VoEUW

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 16, 2022

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El Ministerio Público informó este jueves 13 de enero que a través de la Fiscalía Especial contra la impunidad presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de la juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer Procesos de Mayor Riesgo del grupo D, Erika Lorena Aifán Dávila, ante su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

La solicitud de retiro de antejuicio la presentó el MP en virtud de que afirma existen indicios con los cuales se puede establecer que Aifán Dávila estando en funciones propias del cargo, de forma continuada y teniendo pleno conocimiento de la ley, posiblemente ha abusado de su cargo y ha incumplido con sus deberes en perjuicio de la administración de justicia.

También la señala de arrogarse la competencia sobre los hechos de la investigación del caso “Comisiones Paralelas 2020”, toda vez que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no existe solicitud de competencia ampliada para el expediente en mención.

El MP afirma que de conformidad con lo que establece la Ley en Materia de Antejuicio, presentó la solicitud de retiro de inmunidad ante el órgano jurisdiccional competente.

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Este deberá determinar si da lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto constitutivo de delito e iniciar así la investigación respectiva.

Se consultó a la jueza Erika Aifán sobre la solicitud del MP e indicó que no ha sido notificada y que necesita conocer más acerca de lo que el ente investigador indica.

Otro caso contra Aifán

El 3 de diciembre del 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) nuevamente decidió no amparar provisionalmente a la jueza Erika Aifán y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá continuar con el trámite de la solicitud de retiro de inmunidad contra la togada por autorizar diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

La solicitud de retiro de antejuicio contra Aifán fue presentada por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por mayoría resolvió mantener la inmunidad a la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo “B”, María Eugenia Castellanos, y el Ministerio Público (MP) no podrá investigarla por el caso Comisiones Paralelas2020.

El miércoles 8 de septiembre, la jueza pesquisidora, Anabella Cardona, recomendó a la CSJ no retirarle el derecho de antejuicio a Castellanos, quien ha sido implicada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en el referido caso.

El 16 de julio 2020, el MP presentó denuncias contra operadores de justicia que figuran como candidatos a ocupar magistraturas para la próxima administración del Organismo Judicial (OJ).

Todos ellos señalados por los cargos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.

Las sospechas del MP ubican a un grupo de jueces y magistrados en una serie de reuniones no oficiales con Gustavo Alejos, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las Cortes de Apelación y la CSJ.

El 5 de agosto 2021, el pleno de la CSJ resolvió que diez magistrados señalados por la Feci, en el caso Comisiones Paralelas 2020, continuarán con inmunidad, según una resolución.

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Según la acusación de la Feci, los señalados también habrían influido en elección de cortes de Apelaciones y CSJ.

Con esta resolución, el MP no podrá investigar a los magistrados por este caso.