Desde el pasado jueves Juan Carlos Marroquín Godoy había permanecido en las carceletas de la torre de tribunales esperando audiencia de primera declaración, pero este domingo la diligencia se suspendió por la ausencia de un abogado querellante.

La jueza de turno, Carol Patricia Flores, suspendió la audiencia y envió al detenido al centro carcelario Mariscal Zavala, donde tendrá que esperar hasta que sea citado para la diligencia penal.

Flores programó la misma, de manera tentativa, para el próximo martes 2 de mayo, pero aclaró que cabe la posibilidad que la audiencia de primera declaración se celebre con el juez que emitió la orden de arresto contra Godoy Marroquín.

A criterio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Marroquín Godoy formaría parte de una táctica, en donde con aparentes pruebas falsas, buscarían minimizar los cargos penales contra el periodista.

Por esas sospechas los agentes fiscales solicitaron una orden de captura en su contra bajo el cargo de obstaculización a la acción penal, petición que fue admitida por un juez penal.

Desde el pasado jueves el primo de Zamora permanece detenido, minutos antes de ingresar al juzgado donde se pondría a disposición de las autoridades judiciales.

La audiencia de este domingo se suspendió porque no fue posible localizar al abogado Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo, que figura como querellante adhesivo en el caso.

Jose Rubén Zamora, periodista guatemalteco y presidente de “El Periódico”, ya cumplió más de tres meses detenido por un supuesto caso de lavado de activos, que a criterio de entidades sociales obedece a un montaje jurídico por dirigir uno de los medios más críticos hacía la administración del presidente Alejandro Giammattei.

El respaldo hacía Zamora no es exclusivo de periodistas y gremiales guatemaltecos, su caso es una muestra sobre cómo algunos gobiernos tratan de censurar la libertad de expresión mediante ataques sistemáticos a la prensa independiente. A esa conclusión llega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el caso del periodista. 

La SIP decidió nombrar como uno de sus directivos para los próximos tres años a Jose Rubén Zamora, según informó Jorge Canahuati, presidente saliente de la SIP.

La decisión se tomó durante la 78 Asamblea General de la SIP, en donde también se condenaron las acciones del Gobierno de Guatemala contra la prensa independiente.

Zamora fue detenido el 29 de julio pasado en su residencia acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público, cuya jefa y fiscal general del país, Consuelo Porras, fue sancionada en 2021 por Estados Unidos debido a “obstruir” la Justicia en Guatemala.

El patrón que la SIP ha identificado son ataques jurídicos con el apoyo del Ministerio Público (MP), y señalamientos mediáticos para generar desprestigio contra la prensa en las redes sociales usando a los “netcenters”.

“Este es el cuerpo principal que aprueba todas las políticas, cambios de estatutos y resoluciones más importantes que hay para la SIP. Ser miembro de la Junta de Directores no es solo una gran responsabilidad sino que es un gran reconocimiento”, señaló Canahuati.

Crisis regional

Los ataques sistemáticos contra la prensa, posiblemente impulsados desde las altas esferas gubernamentales parecen ser un fenómeno regional, que podría ir caminando poniendo en riesgo la libertad de expresión.

Durante la recién concluida asamblea anual de la SIP se nombraron a siete autoridades incluido presidente, vicepresidentes, secretario y representantes de comités.

Asimismo un grupo de 20 directores, dos ellos actualmente detenidos por acciones jurídicas y políticas que buscan ir limitando la libertad de expresión y crear un ambiente de censura, opinan autoridades de la SIP.

Se trata de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, de “La Prensa”, Managua, Nicaragua, periodista encarcelado durante el régimen de Daniel Ortega.

El segundo caso es el de José Rubén Zamora, de “El Periódico”, periodista detenido durante la administración de Alejandro Giammattei, a raíz de una investigación del Ministerio Público que lidera María Consuelo Porras.

La Fiscal General fue reelecta por decisión de Giammattei, y sobre ella pesan señalamientos de favoritismos en las investigaciones y de una supuesta amistad con el mandatario, según organizaciones sociales de Guatemala.

“Para el caso de Jose Rubén Zamora creo que es un respaldo a sus colegas, a todo este proceso legal que está sufriendo con perspectiva de inhibir la libertad de expresión en ese querido país de Guatemala”, agregó Canahuati.

A demás de ese respaldo, en una resolución de la SIP se pide la liberación de Zamora para enfrentar los señalamientos en su contra en condiciones que no vulneren sus derechos humanos.

El presidente saliente de la SIP concluyó una comunicación enviando un mensaje a Zamora y a las autoridades del país. “No está solo, primero; y segundo, a las autoridades exigimos que haya un proceso según la ley y que cualquier elemento de tratar de coartar la libertad de expresión sea apartado”.

Nuevas autoridades de la SIP

Junto a los 20 directores, entre los que se encuentra incluido el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, también hubo renovación en la presidencia de la sociedad de periodistas y otros cargos detallados a continuación.

• Presidente: Michael Greenspon, The New York Times, New York, NY.
• Primer vicepresidente: Roberto Rock, La Silla Rota, Ciudad de México, México.
• Segundo vicepresidente: José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador.
• Secretaria: María Eugenia Mohme,Grupo La República, Lima, Perú.
• Tesorero: Juan Pablo Illanes,El Mercurio, Santiago, Chile.
• Presidente del Comité Ejecutivo: Gabriela Vivanco,La Hora, Quito, Ecuador.
• Presidente Comisión de Nominaciones: Jorge Canahuati,Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras.

El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon (The New York Times) se ha comprometido a que la organización “siga siendo un faro contra la oscuridad del autoritarismo” y a luchar por la sostenibilidad de los medios, con un pago justo de las plataformas.

En su primer discurso como presidente, en la clausura de la asamblea que la SIP ha celebrado en Madrid entre el 27 y el 30 de octubre, el ejecutivo estadounidense ha reafirmado la promesa que le hizo el pasado viernes a la hija de Juan Lorenzo Holmann Chamorro: no olvidar que su padre, como otros periodistas nicaragüenses, sigue encarcelado.

“Nuestra misión permanece esencial como lo fue cuando nos fundamos hace 80 años”, ha remarcado el director global de Licencia e Innovación impresa del New York Times, que ha tomado el relevo de Jorge Canahuati, (Grupo OPSA, Honduras).

Una misión fundamental ante el “renacimiento del autoritarismo” y la profusión de líderes “que prefieren dar la espalda a la libertad de sus ciudadanos y usar los medios como chivos expiatorios”.

*Con información de EFE

La asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de este 2022 concluyó con una condena contra el Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, a quien señala de atacar en forma sistemática a los periodistas y medios de comunicación.

La resolución de la SIP da cuenta que estas acciones de censura no son exclusivas del Gobierno de Guatemala, sino que para llevar a cabo todo este mecanismo de “ataque” también se cuenta con el apoyo del Ministerio Público (MP), refiere la sociedad.

“Se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y que dichas prácticas son ejercidas, avaladas o incitadas por funcionarios públicos”, explica el documento.

Uno de los casos que enlista el documento de la SIP es la captura del periodista José Rubén Zamora, presidente del medio de comunicación “El Periódico”, quien lleva más de tres meses detenido por un presunto caso de lavado de activos.

Organizaciones guatemaltecas y la misma SIP han solicitado que Zamora pueda enfrentar el proceso en arresto domiciliar, ya que se encuentra recluido en condiciones deplorables, que podrían ser parte del mismo sistema de ataque estatal contra la Prensa.

“Le han limitado las visitas de sus abogados y allegados, con lo cual se le aplica una estrategia de daño psicológico y físico”, dice el documento, que también hae mención a Flora Silva, gerente financiera de “El Periódico”, que fue también detenida.

La SIP también pidió la liberación de Zamora y Silva, para que puedan enfrentar el proceso legal en su contra en condiciones más humanas.

Este medio de comunicación es uno de los más críticos que ha enfrentado la administración de Alejandro Giammattei, que el próximo 14 de enero estará cumpliendo tres años de mandato presidencial.

Otros casos

El caso de José Rubén Zamora no es el único que la SIP tiene documentado contra la prensa guatemalteca, en la resolución emitida este 30 de octubre se enlistan los ataques contra otros periodistas guatemaltecos.

La SIP también enlista los ataques jurídicos que han sufrido Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios y directivos del medio de comunicación “La Hora”.

Los dos periodistas han sufrido denuncias de funcionarias por supuesta violencia contra la mujer, en un claro intento por evadir la responsabilidad y rendición de cuentas en el cargo, señala la SIP.

Otro proceso que se enlista en la resolución es el caso del periodista Juan Luis Font, uno de los conductores del programa radial de opinión llamado “Con Criterio”.

El periodista actualmente se encuentra fuera de Guatemala, sobre él pesan señalamientos legales por una investigación del MP. “Le están aplicando la estrategia de ataques legales poco claros y, con ello, obstruyendo el derecho de defensa establecido en la Constitución”, cita la SIP.

Ataques digitales

La SIP también señala que se ha comprobado la existencia de “netceters” desde los que se han enviado intimidaciones a periodistas.

El documento de la SIP señala que hay “comprobada existencia de “netcenters” montados y financiados con recursos públicos y privados que se utilizan para atacar y amenazar, incluso de muerte, a periodistas críticos, políticos opositores y ciudadanos que cuestionan al Estado”.

La SIP solicita al Gobierno de Giammattei dejar de atacar a periodistas y medios independientes, así como desarticular los “netcerters”, que suelen ser “utilizados como armas de propaganda, discurso de odio y para realizar campañas de desprestigio en contra de periodistas, opositores y ciudadanos”.

Presidencia responde

Al ser consultado el equipo de Comunicación Social de la Presidencia por la resolución de la SIP, se obtuvo una respuesta enviada por Kevin López, Secretario de Comunicación.

López solicitó que toda su respuesta pueda ser publicada de manera íntegra, aclarando que esto sería parte de una práctica periodística “sin sesgo ideológico”.

“Es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país. La Secretaría de Comunicación social de la Presidencia, durante el último año ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales, contabilizando más de 40, en las que participan funcionarios de distintos ministerios y dependencias”, señaló.

En algunas oportunidades, medios de comunicación independientes han documentado como suelen ser los últimos en ser notificados de conferencias de prensa o pronunciamientos oficiales.

“Se han respondido un total de 645 consultas directas de medios nacionales y extranjeros sobre diversos temas y nuestra plataforma de recursos multimedia para periodistas denominada Sala de Prensa, contabiliza un total de 2 millones 739 mil 363 visitas del  1 de enero al  25 de octubre del presente año”.

Recientemente durante una conferencia de prensa a causa de la tormenta Julia, cuando el periodista Carlos Kestler de Prensa Libre y Guatevision cuestionó a Giammattei sobre mecanismos de transparencia para atender la emergencia, se perdió la transmisión oficial en las redes sociales del Gobierno de Guatemala.

Sin embargo, en videos tomados por Prensa Libre y Guatevisión se constató cómo Giammattei contestó molesto a las preguntas que Kestler hizo sobre la gestión. Al presidente se le consultó sobre por qué optar a medidas como el estado de calamidad cuando víctimas del huracán Iota siguen sin recibir los beneficios que supuestamente recibirán, pero respondió molesto.

El @GuatemalaGob cortó la transmisión oficial de la conferencia antes de que se escucharan las preguntas de @prensa_libre y @Guatevision_tv a @DrGiammattei.

¿Por qué difundir solo las preguntas de ciertos medios y cortar transmisiones abruptamente, secretario @KLopezOliva? pic.twitter.com/rjQRVZYrca

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) October 12, 2022

Sobre los “netcenters”, la Presidencia expuso:  “El gobierno de Guatemala rechaza rotundamente el señalamiento del uso de los denominados “netcenter” por parte de alguna institución del mismo, al contrario, se han recibido ataques sistemáticos de cuentas falsas hacia la gestión presidencial y gubernamental en general”, amplió el Secretario.

La SIP tiene una opinión distinta, sobre todo por la forma en cómo las redes sociales han ido recibiendo un uso mediático más que solamente informativo y de entretenimiento.

“Hemos sido testigos de señalamientos infundados que únicamente buscan debilitar el sistema democrático del país, contabilizando más de 6 mil ataques a la figura presidencial, de  forma continua, irresponsable y por supuesto, infundada”, señaló.

Recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores fue objeto de un ataque cibernético y la actuación de la cartera fue declarar la información de dicho evento bajo reserva, situación que despertó dudas en sectores sociales por considerar que la medida riñe con la transparencia.

“Desde el gobierno de Guatemala, hacemos un llamado a trabajar por el fortalecimiento de la democracia, mediante un ejercicio periodístico objetivo, independiente y sin sesgos políticos, que consoliden el estado de derecho y no dividan a nuestra sociedad”, concluyó López.

MP emite postura

Por su parte el equipo de Comunicación Social del MP, por ser mencionados en la resolución de la SIP, explicó que respetan el comentario pero que no lo comparten, rechazando los señalamientos que se le hacen ala institución.

“Se respeta la opinión sin embargo no se comparte ya que es alejada de la realidad. El MP de conformidad con su mandato legal y constitucional tiene la obligación de investigar toda denuncia, acción que siempre desarrolla con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad. El investigar una denuncia es parte de la función y del mandato legal y constitucional del MP sin que esto signifique persecución o limitación de la libertad de prensa”, refirió la dependencia.

La SIP también considera necesario hacer una visita a Guatemala, donde un equipo especial vendrá a ver la situación del periodista Zamora y el ambiente hostil que afirman existe sobre la prensa en Guatemala.

El Ministerio Público (MP) efectúa este viernes 17 de agosto allanamientos relacionados con el caso del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.

Las diligencias, por parte del MP y Policía Nacional Civil (PNC) se llevan a cabo en la residencia de la gerente financiera de elPeriódico, Flora Silva, en Colinas de Minerva, Mixco.

Al igual que los cateos del 29 de julio, cuando fue capturado Zamora, en los operativos también se observan vehículos con las placas cubiertas.

Incluso, una de las placas de los vehículos fue cubierta con una mascarilla.

Luego, elPeriódico informó en su página web que Silva fue capturada durante las diligencias.

A las 23 horas fue sacada de su vivienda y llevada por las autoridades al Hospital General San Juan de Dios, donde será evaluada.

Gustavo Ovalle, abogado de Flores, dijo que padece de hipoglucemia e hipertensión, por lo que debe ser evaluada.

Agregó que, según la Constitución, en 24 horas debería ser escuchada en su primera declaración. 

Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, confirmó que la Feci tiene una diligencia en desarrollo, pero aún está en proceso.

Dijo que por ahora no tiene más detalles y será hasta que concluya. Afirmó que tiene entendido que el allanamiento es por el caso de Jose Rubén Zamora, pero cuando tengan más detalles los darán a conocer.

Cuando se le consultó del por qué usan carros con placas tapadas, Pantaleón afirmó que desconoce por qué e insistió que hay una diligencia en desarrollo.

MP Emite comunicado

El MP emitió un comunicado en el que informa de la captura de la gerente financiera por la posible comisión del delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.

“Silva Flores habría instruido a personal a su cargo para elaborar papelería para soportar una transacción dineraria”, agrega.

Cómo va el caso

El recién pasado 9 de agosto, el juez Fredy Orellana ligó a proceso penal al periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero, en un caso en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lo señala de intentar blanquear Q300 mil.

Junto a Zamora, Orellana también ligó a proceso penal a Samari Carolina Gómez Díaz, auxiliar fiscal de la Feci, señalada de revelación de información confidencial o reservada.

Tanto Zamora como Gómez fueron denunciados por Ronald García Navarijo, un exbanquero acusado de corrupción en 2017.

Para leer más: Periodistas y ciudadanos muestran apoyo a José Rubén Zamora tras ser detenido

El juez argumentó su fallo a los indicios que presentó la Fiscalía, muchos de los cuales fueron debatidos por la defensa de los sindicados, al considerar que no tenían concordancia con los hechos que se señalan.

Zamora fue arrestado el 29 de julio recién pasado en un operativo policial que irrumpió en su residencia, ese día también fue allanada la sede del diario y habían sido embargadas sus cuentas bancarias.

El MP lo acusa de los presuntos delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje.

El recién pasado 11 de agosto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró el pedido para que en el caso de Jose Rubén Zamora haya garantías de debido proceso y condiciones de seguridad.

Armando Mendoza, abogado defensor de la fiscal de la Feci, Samari Carolina Gómez Díaz, confirmó que renunció a la recusación que planteó en contra del juez séptimo penal, Fredy Orellana, luego que se determinara que este no había conocido casos relacionados con el querellante del caso en el que, además, se procesa al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico.

El pasado 9 de agosto, el juez ordenó la prisión preventiva para Gómez por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por ser trabajadora de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y podría tener contacto con documentación del caso. Gómez fue detenida por supuestamente haber revelado información confidencial o reservada.

Sin embargo, ese día, el abogado de Gómez recusó al juez, porque señaló que él es contralor en un caso donde se procesa a Ronal García Navarijo -Denunciante- y consideraba que no era factible para ninguna de las partes pues no se puede ser “Juez y parte”.

Ante la recusación, el juez señaló que los señalamientos del abogado eran falsos, debido a que en ese juzgado hay dos juzgadores y el caso al que se hacía referencia está a cargo de otra persona.

Sin embargo, este jueves 18 de agosto, Mendoza confirmó que luego de haber determinado que el juez en mención no está relacionado con dicho proceso decidieron renunciar a la recusación, por lo que espera que el proceso avance con normalidad.

“Lo que sucede es que entre la recusación y el investigar son dos postulados diferentes y como abogado, y sobre todo en base al derecho de defensa del cliente, se manifestó que ella quería verificar si efectivamente el señor juez estaba conociendo los casos del querellante y así se hizo”, manifestó Mendoza, quien agregó que luego de sus indagaciones estableció que el juzgador no tiene relación con esos expedientes.

Refirió que en ese juzgado si se conocieron “un par de situaciones que no fueron vinculantes o no fueron resoluciones de fondo, entonces por eso fue por lo que renuncié a la recusación”.

“No fue como el señor juez lo hizo ver en la audiencia, que me dejó ver como mentiroso, como fraudulento, sino que era en aras del derecho”, refirió Mendoza.

Dejará la Feci

Además, Mendoza dijo que analizan presentar la renuncia de Gómez en la Feci, pues consideran que es conveniente que se le juzgue como un ciudadano común y no como un funcionario de la Fiscalía, ya que ese fue uno de los argumentos del juez para dejarla en prisión preventiva.

“En cuanto a la renuncia como como trabajadora del MP de mi clienta estamos todavía en veremos, y sí se va a plantear la renuncia, porque como trabajadora qué interés va a tener de estar en una institución donde realmente no se le necesita”, dijo Mendoza

“Le llevé el formulario y estoy por presentarlo ante la jefa superior de ella, para proceder a presentar el oficio correspondiente ante Recursos Humanos -del MP- y la Fiscalía General para que se tome nota de la renuncia total a la institución, no por miedo, no por vinculaciones jurídicas (…) mejor seguir como ciudadanos normales y no como una trabajadora del Ministerio Público”, agregó.

Dijo que la recusación no retrasaría el proceso, pero considera que la apelación contra la prisión preventiva por parte de la defensa de Zamora si podría generar algún atraso.

Reitera inocencia

El matutino guatemalteco elPeriódico reiteró este jueves que su presidente y fundador, el reconocido periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, es inocente de los cargos que se le imputaron el pasado 7 de agosto, tras su captura el 29 de julio en su residencia.

En un comunicado de prensa, el matutino afirmó que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) “no presentó medios de convicción suficientes” en contra del periodista durante la apertura del proceso judicial en su contra en la primera semana de agosto.

“A todas luces se trata de indicios que fueron fabricados en su totalidad por el denunciante”, añadió la nota de prensa, en referencia al exbanquero Ronald García Navarijo, promotor de la acusación contra Zamora Marroquín.

El periodista, fundador y presidente del matutino elPeriódico, fue detenido el 29 de julio en su residencia y permanece actualmente en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala junto a más de una docena de exfuncionarios que han sido denunciados en su medio por corrupción.

Zamora Marroquín fue imputado el 9 de agosto por el juez a cargo del caso, Fredy Orellana, por los supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Además, Orellana ordenó que el periodista permanezca en prisión hasta la continuación del proceso judicial, en diciembre próximo.

Entanto, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este jueves 18 de agosto al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, la puesta en libertad del periodista Jose Rubén Zamora, presidente del diario elPeriódico y encarcelado desde el pasado 29 de julio.

En una carta enviada a Giammattei, la SIP denuncia que este caso puede considerarse “un atentado contra la libertad de prensa”, por lo que solicita “garantías de debido proceso, que se respete la integridad del periodista y se brinde un marco adecuado para la continuidad de la empresa”, entre otros puntos.

Rechaza la SIP la detención de Zamora, que califica de “acto de intimidación y hostigamiento contra la prensa”, y pide su “libertad inmediata”.

Zamora, denuncia la organización hemisférica con sede en Miami (Florida), “ha sufrido represalia por su labor periodística” y el “allanamiento del diario”, la retención de sus trabajadores durante horas en la sede y “embargadas las cuentas bancarias de la empresa”.

Con información de EFE

El juez Fredy Orellana ligó a proceso penal este martes 9 de agosto al periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, por los indicios de haber cometido los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero, en un caso en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) lo señala de intentar blanquear Q300 mil.

Junto a Zamora, Orellana también ligó a proceso penal a Samari Gómez, auxiliar fiscal de la Feci, señalada de revelación de información confidencial o reservada.

Tanto Zamora como Gómez fueron denunciados por Ronald García Navarijo, un exbanquero acusado de corrupción en 2017.

El juez argumentó su fallo a los indicios que presentó la Fiscalía, muchos de los cuales fueron debatidos por la defensa de los sindicados, al considerar que no tenían concordancia con los hechos que se señalan.

Orellana dijo que no solo la denuncia de Navarijo es un indicio, sino que hay varios, entre ellos las declaraciones de un mensajero de una empresa ligada a Zamora.

El juez desestimó el alegato de la defensa y los sindicados sobre que los audios y videos que fueron presentados no eran legales.

Prisión preventiva

Zamora y Gómez quedarán en prisión preventiva a petición del MP y el abogado del denunciante, Raúl Falla, quienes alegaron peligro de fuga, por las supuestas facilidades que los sindicados tienen para salir del país.

El juez determinó dejarlos en prisión preventiva, pese a que la defensa de ambos solicitaron medidas sustitutivas como un arresto domiciliario.

Respecto a Zamora, el juez dictó prisión preventiva por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, debido a que en el caso han declarado personas que trabajan para él.

Relacionado a Gómez, el juez ordenó la prisión preventiva por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por ser trabajadora de la Feci y podría tener contacto con documentación del caso.

Además, la judicatura determinó que la Fiscalía tiene tres meses para desarrollar la investigación, por lo que el juez hizo un llamado a la defensa para que haga los actos de investigación de descargo correspondientes con suficiente tiempo de antelación.

Agregó que el acto conclusivo del MP debe ser presentado el 9 noviembre de 2022 y la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 8 de diciembre a la 8.30 horas en la misma judicatura.

Recusa al juez

El abogado de Gómez recusó al juez, porque señaló que él es contralor en un caso donde se procesa a García Navarijo y considera que no es factible para ninguna de las partes pues no se puede ser “Juez y parte”.

El juez señaló que los señalamientos del abogado son falsos, debido a que en ese juzgado hay dos juzgadores y el caso al que se hacer referencia está a cargo de otra persona.

Debido a la solicitud del abogado, el expediente será remitido a la Sala Tercera de Apelaciones, por lo que no se podrán efectuar resoluciones mientras este no retorne al juzgado, señaló el juez.

Movimientos extraños

Zamora denunció ante el juez que la noche del pasado lunes hubo movimientos irregulares en la celda donde está recluido en la Cárcel de Mariscal Zavala, por lo que responsabilizó de su seguridad al Estado de Guatemala y al presidente Alejandro Giammattei.

Dijo que durante esos movimientos se apagaron las cámaras que están en su sector.

Dijo que se efectuaron trabajos en una especie de jaula que fue colocada en su celda y que las medidas de revisión fueron más rigurosas de lo habitual, incluso los agentes llevaron perros antidrogas.

Por lo anterior, el juez ordenó a los agentes del SP que “en todo momento se le respeten sus derechos fundamentales y que de ninguna manera se le restrinja ningún derecho humano”.

Además, se ordenó al director del SP para que a Zamora se le de un trato humano, justo y ético y que se le respeten los derechos humanos, “derechos que están consignados en todos los tratados ratificados por el Estado de Guatemala”.

También se ordenó la devolución de su DPI porque tiene el derecho de estar identificado

En la audiencia de primera declaración del periodista Jose Rubén Zamora y la fiscal del Ministerio Público (MP) Samari Carolina Gómez Díaz, la defesa cuestionó la investigación, el manejo del dinero presentado como indicio y la legalidad de los audios presentados.

Mientras que el MP, la Procuraduría General de la Nación y los querellantes adhesivos, Fundación contra el Terrorismo pidieron que ambos sindicados fueran ligados a proceso.

El periodista Zamora y la fiscal auxiliar Gómez fueron detenidos desde el pasado 29 de julio por una investigación de la Feci luego de ser denunciados el 26 de julio por Ronald Giovanni García Navarijo, exdirectivo de un banco y quien está vinculado a casos de corrupción.

Zamora era imputado por lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje, mientras que la auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, Samari Carolina Gómez Díaz, es imputada por de revelación de información confidencial reservada.

En horas de la tarde, el juez Orellana ligó a proceso a los dos señalados, pues dice que pudieron haber participado en esos delitos.

Dijo que se hizo una modificación que podría beneficiar a Zamora porque el MP lo señaló de lavado de dinero en dos modalidades proposición y conspiración, pero el juez dijo que consideró solo se sindicara de delito de lavado de dinero u otros activos.

Argumentaciones

El MP, en su argumentación a través de la fiscal, Cinthia Monterroso, comentó que con los indicios presentados era factible que fuera ligada a proceso penal Samari Carolina Gómez Díaz por el delito de revelación de información confidencial o reservada, pues se evidenció que la señalada trasladaba información a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, incluso luego que este ya había dejado el cargo.

Por tal motivo solicitó que la fiscal Gómez fuera ligada a proceso, por revelación de información confidencial reservada, según el artículo 23 de la Ley de Acceso a la información, aunque también dijo que encajaba en el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero, por los casos que dicha auxiliar fiscal llevaba.

En el caso de Zamora, Monterroso pidió al juez Orellana que lo ligara a proceso por conspiración para el lavado de dinero, lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Comentó que en la audiencia del lunes se estableció que Zamora el 19 julio de 2022  inició comunicaciones con Ronald García Navarijo con el fin de proponerle que bancarizara Q300 mil en efectivo que él había conseguido. –y que según el denunciante era producto de extorsiones a empresas-

Recordó que el periodista había dicho que todo es un malentendido que era una donación y eso había dejado más dudas.

La fiscal Monterroso dijo que se presentaron audios en los que se escucha que Zamora le pide a García Navarijo que le haga ese favor -de bancarizar el dinero- y también testimonios de trabajadores de la empresa Aldea Global S.A. -elPeriódico- como Jorge Gonzalo Barrios Sánchez que intentó cambiar el cheque que dio García Navarijo a Zamora, pero que no se pudo cambiar porque la cuenta de la empresa que emitió el cheque no estaba activa.

Los audios

La fiscal comentó que los audios presentados, si bien es cierto la Ley contra la Delincuencia Organizada establece la figura del método especial de investigación e interceptación de comunicaciones telefónicas, llamadas comúnmente escuchas telefónicas, las presentadas dentro del proceso no son de ese tipo, sino que fueron proporcionadas y grabadas por Ronald García Navarijo y que habría grabado con sus dispositivos.

Agregó que fue García Navarijo quien incorporó al expediente esos audios para coadyuvar con la averiguación de la verdad.

También dijo que estas grabaciones son legales pues fueron grabadas por el denunciante y que cuando en las comunicaciones se activó el alta voz para que hablara un tercero allí se abrió el camino para que este participara en la conversación.

Citó casos como el de Gudy Rivera el de la magistrada Claudia Escobar -cuando integraba la Sala Quinta de Apelaciones del ramo Civil y grabó una conversación en donde este intentó influir en un caso.

“Honorable juzgador, estas grabaciones que fueron puestas a la vista y también reproducidas el día de ayer por parte del Ministerio Público son indicios legalmente obtenidos que pueden perfectamente ser incorporados al proceso como tal como indicios”, dijo Monterroso.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Fundación contra el Terrorismo (FCT) también consideraron que la investigación del MP demostró el modo, tiempo y lugar de la comisión de hechos delictivos y por eso solicitaron también que Zamora y Gómez fueran ligadas a proceso.

Los cintillos en el dinero

Raúl Falla, de la FCT y mandatario de García Navarijo, durante su argumentación hizo mención a los Q300 mil que el MP presentó el lunes en la audiencia y que supuestamente eran los que el periodista Jose Rubén Zamora había enviado a su defendido a cambio de un cheque para poder introducir al bando esa cantidad de fondos.

Falla dijo que la defensa de Zamora quería un peritaje del dinero presentado por el MP cuando no era el momento procesal oportuno.

Señaló que los cintillos que tenía el dinero que entregó Zamora a García Navarijo deberán ser investigados por el MP, porque con eso se podía rastrear quién fue el empresario o quién fue la persona particular que le dio el dinero a Zamora.

Defensa desvirtúa investigación y escuchas

El abogado Armando Mendoza, defensor de la auxiliar fiscal Gómez expresó que en los audios que se presentaron el que dirigió las conversaciones fue García Navarijo

También criticó las grabaciones en las que aparecen los abogados de Zamora y apeló a la confidencialidad y secretividad con los clientes.

El abogado dijo que el inicio de persecución penal no interrumpe ni impide el procedimiento administrativo disciplinario y que el MP no puso a la vista el inicio del procedimiento disciplinario contra su cliente por ser empleada de esa institución y que era la Fiscalía de Asuntos Internos la que debía haber procedido.

Señaló que le causaba sospechas que la investigación del caso hubiera quedado en la Feci y no a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y que parecía que el MP respondió a los requerimientos de García Navarijo y no tomó el control de la investigación.

Dijo que, en los audios, su cliente no dijo nada que no fuera lo que está en este informe que se presentó y que Gómez nunca coaccionó a García Navarijo para que devolviera las acciones de Bantrab, sino que eso era un requerimiento de los querellantes.

Pidió la falta de mérito para su patrocinada y dijo que la Ley de Acceso a la información pública es de acceso a la información pública y en el MP hay una unidad de eso y ese es el sujeto obligado por medio de sus unidades y le dijo a juez que quieran sorprenderlo con eso, pues en esa normativa legal vigente en el artículo 6, dice que los sujetos obligados son el Organismo Ejecutivo, Legislativo judicial y en el numeral 8 el MP.

Dijo que entonces el MP tenía o tiene la obligación de tener su unidad de acceso a la información pública y “es a ellos los que les cae si hay información. ¿Por qué?, Porque esa unidad tiene que tener acceso a toda la información a nivel Ministerio Público nacional y si ellos sueltan o dan información que no es acorde o es reservada parcialmente, a ellos les incurren en esto -la Ley de acceso a la información”.

“En este caso, el querellante manifestó que ella sabía era por el delito de lavado de dinero que se accionó el 26 – de julio-, situación que no puede ser y la fiscalía está pretendiendo hacer cree que era con anterioridad. Entonces que se pongan de acuerdo en primer lugar, porque el querellante es para coadyuvar a la investigación, no para que hagan investigaciones paralelas”, dijo el abogado Mendoza.

“Con base en las argumentaciones vertidas y por ser espurias, improcedentes y de mala fe y de un mal actuar improcedimental, por vicios de procedimiento, porque están acreditados, señor juez, solicito esa falta de mérito.

Cintillos en el dinero

Christian Ulate, abogado de Zamora, en su argumentación criticó que el Ministerio Público no haya presentado indicios de que el dinero que se señala entregó su patrocinado era de origen ilícito, y que el MP solamente se basa en la declaración de García Navarijo, que afirmó que era supuestamente por chatajes que hacía a empresas.

Le dijo al juez que a Zamora se le imputan cuatro delitos pero que tenía confusión porque hablan de conspiración, pero no es la conspiración de la Ley Contra el Crimen Organizado sino la conspiración del artículo 6 de la Ley de Acceso a la información Pública.

También criticó que el MP no mostró a las supuestas víctimas de chantaje y que el dinero en efectivo que recibió García Navarijo tenía cintillos que acreditaban que los billetes salieron de un banco, pero que en las fotografías del expediente y el día que se mostró el dinero en la audiencia esos cintillos ya no estaban.

Señaló que el abogado Falla, de la FCT, dijo en la audiencia que se dinero sí tenía cintillos y que pedía investigar para determinar quién le había dado el dinero a Zamora, pero ahora ese dinero ya no tiene dichos cintillos y hay duda qué pasó con la custodia del dinero.

Afirmó que la Feci no actuó adecuadamente en el proceso y en lugar de solicitar permisos para obtener pruebas, escuchas telefónicas y videos y fotografías le delegaron esa tarea a García Navarijo y en base a eso presentaron la denuncia.

MP se pronuncia

Ante el eco nacional e internacional  que ha generado la captura y procesamiento de Zamora, el MP se pronunció en un comunicado, en el que asegura que el caso surgió con base a una denuncia.

“Ante las diferentes opiniones vertidas por algunos actores nacionales e internacionales, al Ministerio Público le resulta imperativo informarle al pueblo de Guatemala lo siguiente: Que es una institución autónoma e independiente, sin sujeción a ningún poder del estado ni sector nacional o internacional, sino que su actuación está sujeta única y exclusivamente a la Constitución Política de la República y a las demás leyes del país. En ese sentido, toda denuncia presentada en la institución debe ser investigada, sin excepción alguna, ya que nadie es superior a la ley, por lo que omitir la misma constituiría el incumplimiento de la función constitucional y legal del Ministerio Público”.

La Fiscalía añade que “de esa cuenta fue presentada en esta institución denuncia penal en contra del señor José Rubén Zamora Marroquin por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos”.

Además, agrega que “de la investigación preliminar realizada se establecieron motivos racionales suficientes por los que un juez contralor de garantías ordenó la aprehensión del señor Zamora Marroquín y se resolvió el día de hoy en audiencia, con base en los medios de investigación que de manera contundente sustentan el caso, su vinculación al proceso penal mediante auto de procesamiento por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias”.

Refiere que ”ante la evidente realidad de las acciones emprendidas por el Ministerio Público es necesario manifestar que las mismas no van encaminadas a coartar, limitar, impedir o menoscabar ninguna labor periodística, sino por el contrario, son acciones encaminadas a esclarecer los posibles hechos ilícitos denunciados, por lo que se exhorta a todos los sectores nacionales e internacionales a que construyamos un verdadero estado de Derecho a través de opiniones que generen el respeto a nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente al principio de legalidad, toda vez que solo mediante el respeto a las leyes y el sometimiento a las mismas se construyen sociedades armónicas y democráticas”.

Este lunes 8 de agosto se lleva a cabo la audiencia de primera declaración del periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, que fue imputado por el Ministerio Público (MP), por los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje.

La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo de Fredy Orellana, a donde comparecieron Zamora y también la auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), Samari Carolina Gómez Díaz, también vinculada en el caso por supuestamente haber revelado información confidencial o reservada.

Ambos fueron detenidos el pasado viernes 29 de julio en operativos del MP.

En la diligencia, el MP presentó Q300 mil en efectivo, que supuestamente Zamora habría entregado a la persona que lo denunció, para que este a su vez le entregara un cheque de una empresa y así se pudiera bancarizar esos fondos.

El Ministerio Publico (MP) inicio diciendo que las cuentas que habían sido embargadas a elPeriódico tenían montos bajos, según los reportes de las entidades financieras, por lo que no tenía sentido bloquearlas, a lo que el juzgador accedió.

La imputación

Según los fiscales del MP, Jose Rubén Zamora es imputado por lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje, mientras que la auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, Samari Carolina Gómez Díaz, es imputada por de revelación de información confidencial reservada.

Jose Rubén Zamora fue denunciado por Ronald García Navarijo, vinculado en dos casos de corrupción; uno denominado Arca y el otro Bantrab Elgin, una estructura que según el MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hicieron una serie de operaciones para estafar a dicho banco.

García Navarijo no acudió a la audiencia de primera declaración de Zamora, debido a que dijo que tenía temor a represalias; sin embargo, por medio de memorial solicitó que Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo sea su mandatario durante el proceso.

Los señalamientos

El MP en la audiencia le hizo ver a  Samari Carolina Gómez Díaz, de la Feci, que en su calidad de empleada pública al ocupar ese cargo en la Feci inobservó el artículo 314 del Código Procesal Penal que establece que todos los actos de la investigación son reservados para los extraños, pues el MP considera que ella reveló  y facilitó información de la que tiene conocimiento por razón del cargo que ocupa y que por disposición legal es reservada.

Señala que dicha información se la proporcionó a Juan Francisco Sandoval Alfaro, exfiscal de sección de la Feci, que -según el MP- actualmente está evadiendo ordenes de aprehensión en su contra, y que por lo tanto ya no estaba legitimado para obtener información de los casos.

Agregan que la fiscal auxiliar consumó esa situación por medio de su comunicación constante con el exfuncionario con el objeto de facilitar información de los avances del proceso en el que está involucrado García Navarijo, que al momento se encuentra pendiente de realizarse la recepción de su primera declaración en calidad de sindicado, en el caso Arca en el que está citado para audiencia de primera declaración y en el otro proceso denominado Villas de Elgin que está en próximo inicio de debate, por lo que ambos no están con sentencia firme y no son públicos.

El señalamiento del MP también dice que es relevante indicar que la información reservada que la fiscal le reveló al exjefe de la Feci, fue utilizada para chantajear al señor García Navarijo y obligarlo a aceptar condiciones que le perjudicaban procesalmente y que eran también perjudiciales para el proceso.

Añade que con esa información se le hizo saber que se le podía realizar una campaña de desprestigio mediático en su contra y de esta forma influir en el ánimo de jueces y fiscales involucrados en el proceso.

Según la imputación, la información que la auxiliar fiscal le daba a Juan Francisco Sandoval este se la trasladaba a Zamora Marroquín, quien a su vez -según el MP- la usaba para chantajear a García Navarijo, para que a través de empresas le permitiera a Jose Rubén Zamora cometer el delito de lavado de dinero u otros activos.

Señalamiento contra Zamora

La imputación del MP contra el presidente de elPeriódico señala que el 19 de julio de 2022, en horas de la tarde, se comunicó al teléfono de Ronald Geovany García Navarijo, desde su número personal para proponerle ejecutar acciones encaminadas a cometer lavado de dinero y otros activos y así evitar que se determinara el verdadero origen de un dinero en efectivo que tenía Zamora Marroquín, que inicialmente era de Q100 mil y luego el periodista propuso que el monto subiera a Q300 mil.

Agrega el dinero estaba en poder de Zamora y que este le dijo a García Navarijo, mediante una llamada telefónica el 19 de julio de 2022 a través de la plataforma Signal- que necesitaba que le canjearan este dinero en efectivo que tenía en ese momento como parte de Q1 millón que había comentado que iba a conseguir, sin revelar el origen de los fondos.

Según el MP, Navarijo considera que aunque Zamora no le reveló el origen de los fondos,  y que él creía que eran producto de chantajes que el periodista realiza constantemente a empresas.

El señalamiento también mencionaban que Zamora quería que por esos Q300 mil en efectivo se le extendiera un cheque de cualquier banco y de cualquier empresa para que estos fondos fueran depositados a la cuenta de la empresa denominada Aldea Global, S.A -elPeriódico- a una cuenta personal propia para que el acceso a los fondos fuera más rápido y sin dejar rastro ni levantar sospechas del origen de lícito del dinero.

El MP también afirma que según Zamora, al depositar el dinero a nombre de una sociedad resultaba más difícil para las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos determinar el origen de los fondos en efectivo.

Entrega del dinero

El efectivo fue enviado a través de un mensajero para que el denunciante lo recibiese y a su vez le envían cheques de alguna empresa que pudiera tener liquidez y que pudieran introducir  el sistema bancario nacional.

Según la imputación del MP, García Navarijo, al ver que Zamora le proponía un hecho ilícito, interpuso una demanda el 26 de julio de 2022 ante el MP y el 27 de ese mes informó a la Feci que los fondos que había que lavar no eran Q100 mil sino Q300 mil.

García Navarijo aceptó la propuesta, pero según el MP, solamente para evidenciar a Zamora y por eso el 28 de julio se llevó a cabo la entrega del dinero en efectivo lo cual quedó documentado.

El dinero se entregó en unas bolsas y García Navarijo a su vez envió un cheque a nombre de una empresa girado el 28 de julio por un monto de Q2655 486.72 a favor de la empresa Aldea Global Sociedad Anónima, de la cual Zamora es administrador único y representante legal, dijo el MP.

El ente investigador señaló que a los Q300 mil se le hizo el respectivo descuento de los impuestos que se tendrían que pagar por dicha factura ya que hacer una transacción simulada debía quedarle a la persona que le extendiera a esa factura el dinero del Impuesto al Valor Agregado.

El MP también menciona que Zamora le envió a García Navarijo un recibió de caja  con número 120752 emitido por la empresa Aldea Global SA por la cantidad de Q300 mil la factura cambiaria electrónica la cual está identificada con serie 0E67D34B1457537723 con fecha 29 de julio de 2022, siempre de Aldea Global, S.A., también por Q300 mil, ambas en el expediente de investigación.

Llevan los 300 mil al juzgado

El sindicado al recibir el dinero en efectivo, hizo entrega del mismo al MP, y ahora esos fondos y la bolsa en la que supuestamente le entregaron los fondos fueron llevados a la audiencia de este lunes, y presentados ante el juez.

Los fiscales del MP colocaron frente al juez y los procesados Q300 mil en efectivo como parte de los medios de prueba.

El juez vio el dinero, tocó algunos fajos de billetes y luego pidió que los sobres con los fondos y la bolsa en la que supuestamente fueron entregados fueran embalados, sellados y firmados por el juzgado y entregados al MP.

En la audiencia de primera declaración la Feci del MP muestra un paquete de Q300 mil que se supone Jose Rubén Zamora envió con un mensajero a la oficina de Ronald García Navarijo. pic.twitter.com/TGm1tbZRNG

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 8, 2022

El dinero presentado en la audiencia y que está supuestamente vinculado a José Rubén Zamora lo guardó Ronald García Navarijo y es parte de las pruebas que presentó en su denuncia. pic.twitter.com/x1Mx6aCzBq

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 8, 2022

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil e indígenas anunciaron este jueves 4 de agosto una serie de manifestaciones pacíficas que se llevarán a cabo en el territorio nacional.

Elmer Velázquez, representante de estas organizaciones, infirmó a La Red los motivos por los cuales se llevarán a cabo las manifestaciones el próximo 9 y 11 de agosto.

Añadió que las organizaciones que apoyarán el movimiento son de distintos puntos del territorio nacional.

“Nosotros esperamos que no se traté de solo una movilización de las organizaciones, sino que a estas se sumen otros colectivos, otras comunidades realizando actividades en su propio lugar en rechazo a la agresión democrática”, indicó.

Anunció que en la capital las manifestaciones serán en puntos emblemáticos, como en el Congreso de la República y la plaza central.

Agregó: “El objetivo es hacer ver al pueblo de Guatemala de que estamos activos, estamos vigentes y que nos importa la libertad de los presos políticos y nos importa la libertad de Jose Rubén Zamora”.

Según las organizaciones, el objetivo es defender la democracia. “La idea es hacer movilizaciones en el ámbito democrático, el día 9 de este mes, movilizaciones alrededor del país, muchas de ellas auto convocadas y en donde el pueblo exprese su rechazo a la acción represiva de este gobierno”, afirmó Velázquez.

Para el 11 de agosto tienen previsto concentrarse en la capital para también manifestar el rechazo a la “represión y el cierre de los espacios políticos”.

“Un punto que está en nuestra agenda es la libertad de expresión y dentro de la libertad de expresión nuestro pedido expreso por la liberación de los presos políticos, dentro de ellos el señor Jose Rubén Zamora de elPeriódico para quien exigimos garantías a su integridad personal y su pronta liberación”, agregó.

Velázquez resaltó: “A nosotros nos parece que es momento ya de expresarnos, basta ya de tanta agresión a la libertad de políticas en este país y esto es una forma de expresarnos, es nuestra contribución, además, a la construcción de una alianza social, popular y política con partidos políticos democráticos y no corruptos, en donde podamos ir construyendo esa gran alianza que no solo defienda el espacio político, sino que logre revertir las agresiones a los principios democráticos”.

Otro dirigente indicó que acompañan a las organizaciones “que ya hartos de la casi ya violencia judicial que se ejerce en contra de la población y de periodistas; del mal uso del sistema punitivo, digamos el Ministerio Púbico y sobre todo que eso causa más pobreza y miseria en el país”.

Dijo que creen que el arresto de Jose Rubén Zamora “es una parteaguas para la democracia en Guatemala, ya se había vivido criminalización pero ahora es mucho más extrema y se acerca ya a que cualquier persona que se oponga a la corrupción pueda ser criminalizada

Las organizaciones también señalaron que la corrupción y cooptación del Estado elevan el alto costo de la vida.

Para leer más: Suspenden audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora, a quien la Fiscalía señala de un cobro de Q200 mil

Señalaron que la situación que se vive en el campo es “alarmante”, ya que el precio del quintal de maíz esta entre los Q350 y Q400 y las personas con un salario “miserable”.

También señalaron que el alto costo del saco del fertilizante. Además indicaron que hay problemas en la atención en salud por la falta de medicamentos y la alta demanda.

Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, fue trasladado este miércoles 3 de agosto a la Torre de Tribunales para rendir su primera declaración, en un caso que el Ministerio Público (MP) al principio declaró en reserva.

La audiencia de la primera declaración estaba prevista para el lunes recién pasado y aunque esta fue suspendida, este miércoles el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, decidió retirar la reserva del caso y permitió el ingreso de la prensa a la sala de audiencias.

Zamora fue capturado el viernes 29 de julio en su residencia, después de un allanamiento que duró casi ocho horas. El detenido fue señalado de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias.

En esa oportunidad, junto a Zamora, también fue detenida la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Samari Gómez, por supuestamente haber filtrado información confidencial.

La audiencia de este miércoles se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo Penal, donde compareció el señalado.

Señalamiento

De acuerdo con la Fiscalía, Jose Rubén Zamora estaría implicado en el caso Arca al recibir Q200 mil a cambio de publicidad.

Señaló que, al salir Juan Francisco Sandoval de la Feci, según la denuncia, Zamora buscó armar una coartada y habría tenido una reunión en su casa con Ronald García Navarijo, detenido en 2018 señalado por los delitos de lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita y peculado. 

En esta reunión, habrían participado dos los abogados de Zamora, quienes lo acompañaban en la audiencia de primera declaración.

La posible imputación del MP a sus abogados obligó a Zamora a pedir la reprogramación este miércoles de su primera declaración para definir si continuará con los mismos juristas defensores o no, ya que estarían vinculados en la misma acusación en su contra y el juez Freddy Orellana señaló posibles conflictos de intereses.

La audiencia de primera declaración del periodista Zamora continuará el próximo lunes 8 de agosto a las 9 horas, según decidió el juez  Orellana.

Declaraciones de Zamora

Luego de que fuera suspendida la declaración, Zamora brindó declaraciones a los medios de comunicación y se refirió al tema los Q200 mil que mencionó la fiscalía. 

“Este es un montaje. Montaje diseñado, ejecutado con eficacia desde el presidente y la fiscal general y otras personas”, indicó Zamora.

“Efectivamente a mí me prestaron Q200 mil para elPeriódico. Eso es algo que es real. Él -Navarijo- me dijo, ‘mirá, solo quiero estar seguro de que cuando se abra ese caso vos estés documentado y tranquilo’”.

Luego indicó: “Hace unos 15 días supe que otros casos de él se iban a reactivar, no sé con qué destino. Hablamos y le dije: ‘mirá, parece que tal cosa va a aparecer’ y después ya no pude hablar más con él. Me imagino que optó por acogerse a la invitación que le hizo Curruchiche –José Rafael Curruchiche, jefe de la Feci-, que le liberaran sus Q33 millones y que él se iba a prestar a entregar personas, no me imagino cuántas serán, entre ellos iría yo”.

Sobre la reunión en la que estuvieron sus abogados, Zamora dijo: “quiero comentarles que llegaron ellos a documentar cosas, no a obstruir nada. Llegaron simplemente a dar asistencia a raíz de los planteamientos y peticiones del señor Ronald”.

Señala posibles presiones

“Por qué es importante Ronald García y por qué tiene problemas por los que lo pueden presionar. Uno de los últimos casos que tuvo Juan Francisco Sandoval, que venía de tiempo atrás, pero finalmente Ronald decidió hablar, como colaborador eficaz, es que él afirmó que antes de la elección de Jimmy Morales, él estuvo en una reunión en donde Jimmy Morales y Sammy Morales recibieron 4 millones de dólares que él procedió a lavar en cuatro casas de cambio y tenía las fechas y los nombres y eso quedó en el MP aunque se fue Juan Francisco”, señaló Zamora.

Continuó: “De ahí es donde él esta preocupado. También entiendo que documentó el lavado de dinero para Sandra Torres y también junto con Jonathan Chévez, el lavador de plata de políticas y de narcos y empresarios, recibió en un sótano al expresidente Funes de El Salvador cuando era presidente y también lo ayudó a lavar plata”, dijo Zamora.

El periodista agregó que García Navarijo estaba preocupado porque al salir Juan Francisco Sandoval -de la Feci-, en algún momento, esto iba a ser del conocimiento de Curruchiche y de la fiscal General.

En sus declaraciones agregó: “Le tenían retenidos ilegalmente -a García Navarijo- en el MP, por un caso que él tenía, Q33 millones y que no se los querían soltar (…), él literalmente me dijo que el señor Curruchiche, le pedía el 15% y que quemara a otros personajes que eran molestos para el Ministerio Público y para el régimen de turno”.

“Lo platicamos más de hora y media y mi criterio y consejo es que no le diera nada al señor Curruchiche. Posteriormente me imagino que él comenzó a trabajar con ellos, tal vez la desesperación. Jamás tuve ningún problema con él, lo ayudé las veces que lo pude asistir. También él en la década de 2000, 2010, 2015 también apoyó a elPeriódico”, recordó Zamora.

Afirmó: “Estoy seguro de que para poder recibir esos Q30 millones que no había podido retirar, tengo entendido que ya se los están liberando, él se prestó para armar casos en contra, no solo míos, sino de otras gentes que no se quiénes son”.

Para leer más: Organizaciones internacionales rechazan persecución y criminalización contra Jose Rubén Zamora

Añadió que el referido préstamo de los Q200 mil los usó para elPeriódico “que siempre hemos vivido en la precariedad financiera”. Añadió que García Navarijo también había pedido la asistencia de los abogados de Zamora para documentar sobre el préstamo. “Me dijo -García Navarijo-‘por qué no documentamos que fuera, digamos, como que había un anuncio aunque era un préstamo; pero yo acepté, estuvimos como una hora y media conducidos por él, en ese tiempo no había sucedido nada de esto. Jamás pensé que él estuviera grabando”, dijo el periodista.

“Finalmente encontraron una forma de fabricar algo en mi contra y es con la información de él . Me imagino le devuelven sus 33 millones y desaparecen las colaboraciones eficaces de lavado de dinero por 4 millones que recibió de una empresa mexicana de medicina que él lavó para Jimmy Morales. También contó que en el hotel de la zona 14 donde estuvo hospedado el presidente electo Jimmy Morales, él le llevó otro millón de dólares”, agregó Zamora.

Doce organizaciones internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos, principalmente la libertad de expresión, firmaron este jueves 3 de agosto un comunicado en el que condenan la detención, que calificaron de arbitraria, del periodista Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, detenido el pasado 29 de julio en su residencia.

El comunicado señala que “las organizaciones internacionales que promovemos la defensa y protección de los derechos humanos y en particular la libertad de expresión, condenamos la detención arbitraria con fines políticos del prominente periodista Jose Rubén Zamora (…) quien está siendo perseguido en represalia por su trabajo investigativo sobre corrupción y otros temas de interés público en el Guatemala”.

De acuerdo con el documento, la detención de Zamora “forma parte de una política sistemática de persecución arbitraria y criminalización, liderada por la fiscalía general de la República, contra exfiscales y jueces anticorrupción, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos”.

Refiere que el mismo día del arresto de Zamora también fue “arbitrariamente detenida la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, en represalia por su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”.

“El viernes 29 de julio en horas de la tarde en la ciudad de Guatemala, la Policía y las fuerzas de seguridad del Ministerio Público allanaron las oficinas de elPeriódico y entraron a la casa del Sr. Zamora, quien fue recluido, junto con otras personas que se encontraban dentro, durante horas en régimen de incomunicación tras una puerta cerrada con llave. Horas más tarde, alrededor de la medianoche, las fuerzas de seguridad escoltaron a Zamora al edificio del tribunal y lo acusaron de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias”, agrega la nota.

Las organizaciones agregan que “el sábado 30 de julio, el periodista indicó que comenzaría una huelga de hambre para protestar por su detención. Además, el lunes 1 de agosto se conoció que las cuentas bancarias de elPeriódico fueron embargadas a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). Tales acciones buscan censurar la libertad de prensa y cerrar aún más el espacio cívico del país”.

“Las organizaciones internacionales hemos alertado en múltiples ocasiones acerca de los ataques reiterados, la persecución y la criminalización contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala. Estos ataques forman parte de un patrón generalizado que ha venido agravándose, y que tiene como denominador común, la utilización del sistema de justicia penal para perseguir a las voces críticas y a quienes han contribuido a desentrañar las redes de corrupción en el país”, continúa el documento.

Las organizaciones señalan que “rechazamos enérgicamente la detención arbitraria del periodista Jose Rubén Zamora, una afrenta directa a la libertad de prensa, y el ejercicio del periodismo independiente e investigativo que involucra a individuos y grupos poderosos, así como sobre graves violaciones a los derechos humanos y corrupción a gran escala”.

Además, refiere que “exigimos a las autoridades nacionales competentes poner de inmediato en libertad al periodista Jose Rubén Zamora, cesar el acoso judicial en su contra, y garantizar sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso. Asimismo, les hacemos un llamado urgente a que se abstengan de continuar los actos de criminalización e intimidación contra los y las periodistas del país.

Por último, “convocamos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos y a la comunidad internacional para que se pronuncien decididamente en rechazo de estos actos, que ponen en entredicho la integridad del sistema democrático en el país y en grave peligro a sus periodistas.

Organizaciones que firman el comunicado

• American Jewish World Service (AJWS)
• ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia
• Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC/USA)
• Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
• IFEX-ALC
• Impunity Watch
• Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI)
• Protection International Mesoamérica
• Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)

Suspenden audiencia

La audiencia de primera declaración de Zamora, que debía realizarse este miércoles, fue trasladada para el próximo lunes 8 de agosto.

El cambio obedece a una solicitud del comunicador, después de que el Ministerio Público (MP) informara que contempla acusar a sus dos abogados por varios delitos.

La reprogramación de la audiencia le permitirá a Zamora Marroquín decidir si cambia sus abogados o los mantiene, después de los señalamientos de la Fiscalía.

Los abogados de Zamora Marroquín son Mario Castañeda y Romeo Montoya, ambos presentes este miércoles en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, específicamente ante el Juzgado Séptimo que lleva el caso, bajo la tutela del juez Freddy Orellana.