La portavoz de la Secretaría General, Florencia Soto, preguntada este jueves por los últimos desarrollos en Guatemala durante su rueda de prensa diaria, se refirió a “reportes” sobre “acciones de la Fiscalía contra miembros del Tribunal (Supremo) Electoral, de los comités electorales y de partidos políticos”.

Guterres -dijo Soto- “recuerda que las instituciones electorales deberían acometer su trabajo de manera independiente, respetando la libertad de expresión de la voluntad de los electores”.

La ONU señaló que la segunda ronda de las elecciones en el país, este pasado 20 de agosto, “se celebró de manera ordenada” y remitió a las conclusiones en ese sentido de los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea.

Arévalo de León, candidato del Movimiento Semilla, superó el pasado domingo en la elección presidencial a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tras varios intentos del Ministerio Público (Fiscalía) para apartarlo del proceso.

En la víspera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una resolución en la que advertía de un posible magnicidio contra el presidente electo y la vicepresidenta, Karin Herrera, y pidió al Estado de Guatemala tomar medidas para proteger sus vidas.

En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sometido a “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte”, que se han incrementado tras la segunda vuelta electoral.

Las declaraciones de Guterres se dan en respuesta al allanamiento el viernes de la sede del Movimiento Semilla, del que forma parte el candidato a la presidencia Bernardo Arévalo de León.

La Fiscalía ha intentado suspender a Semilla, de cara a la segunda vuelta electoral, programada para el próximo agosto, donde Arévalo de León se enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres.

Guterres anotó en el comunicado que sigue “con gran preocupación” la situación en torno a las elecciones en Guatemala y recordó que los Estados miembros “son responsables de garantizar elecciones transparentes, libres y justas, libres de intimidación y coerción”.

“El secretario general recuerda que los votantes deben estar protegidos de cualquier forma de coerción y de cualquier interferencia ilícita o arbitraria en el proceso de votación, y que las instituciones electorales deben poder llevar a cabo su trabajo de manera independiente”, destaca el comunicado.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que ha estado frenando los intentos de la Fiscalía, reiteró este viernes que la segunda vuelta electoral programada para agosto debe llevarse a cabo con los candidatos Torres y Arévalo de León.

Arévalo de León consiguió avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama, mientras las encuestas lo colocaban en un séptimo u octavo lugar.

La agrupación Semilla nació de las manifestaciones contra la corrupción registradas en el país centroamericano durante 2015 y que culminaron con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.

En la rueda de prensa diaria a cargo del portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del portavoz del presidente de la Asamblea General, de este 18 de enero de 2023, se refirieron a las acciones tomadas por el  Ministerio Público de Guatemala contra operadores de justicia y exfuncionarios de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En su intervención, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que este ha tomado conocimiento de las acciones emprendidas por el Ministerio Público de Guatemala en contra de operadores de justicia y funcionarios de la exCicig, incluyendo la intención de emprender acciones legales contra el excomisionado Iván Velázquez.

“Cabe señalar que el personal internacional de la Comisión -Cicig-, en los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la Cicig, gozan de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos”, dijo Haq.

Agregó que el Secretario General “expresa su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se ejerce la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”.

Las declaraciones surgen luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público de Guatemala, a cargo de Rafael Curruchiche, anunció el pasado 16 de enero que buscan llevar a la justicia al excomisionado Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de la extinta Cicig.

Ese día también se informó que se giraron órdenes de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Contra Iván Velásquez
En un video difundido por el MP de Guatemala, el fiscal Curruchiche dice: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.

Iván Velásquez funge actualmente como ministro de Defensa en Colombia, como parte del gabinete del presidente Gustavo Petro.

En declaraciones a medios colombianos, Curruchiche dijo Velásquez pudo haber cometido algunos delitos relacionados con el caso de corrupción Odebrecch, en Guatemala y acusó al excomisionado de hacer parte de una estructura criminal.

Manifestó que Velásquez pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

Dijo que por medio de una investigación logró establecer que dentro del MP de Guatemala operó una estructura criminal y según unos análisis de acuerdos de colaboradores eficaces, “el señor Iván Velásquez Gómez intervino de forma directa”.

La Feci señala a Iván Velásquez de avalar, presuntamente de forma ilegal, los acuerdos de “colaborador eficaz” de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala y por eso dice que lo llevará ante la justicia.

Crisis diplomática
El Gobierno de Colombia llamó a consulta, el lunes 16 de enero, a su embajadora acreditada en Guatemala, Victoria González Ariza, luego de que la Feci anunció la persecución penal contra Velásquez.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el martes 17 de enero, a su ministro de Defensa, Iván Velásquez,  tras los señalamientos de la (Feci).

Petro dijo a los periodistas que lo esperaban en Suiza, a donde asistió al Foro Económico Mundial, que como toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, el ministro Iván Velázquez lo hizo cuando fue nombrado “en la comisión independiente judicial por las Naciones Unidas, refiriéndose a la Cicig.

Señaló que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

“La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velásquez en Guatemala es que la sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales”, dijo Petro a los periodistas.

“Los criminales reaccionan, nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él -Velásquez- un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad,  sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro”, comentó el presidente colombiano.

Agregó: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.

Ese mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), publicó n comunicado en el que afirma que llamó a consulta a su embajadora en Colombia, Reagan Vega,tras la crisis diplomática que surgió.

El Gobierno de Honduras y la ONU sellaron este jueves 15 de diciembre un memorando de entendimiento para iniciar el proceso de establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

La firma tuvo lugar en la sede central de Naciones Unidas en presencia de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y del secretario general de la organización, António Guterres.

Castro, a través de Twitter, destacó que la comisión que se instalará será “independiente y justa”.

“Logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado el país”, señaló la presidenta.

El canciller de Honduras, Enrique Reina, y el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Miroslav Jenca, fueron quienes sellaron el acuerdo en nombre de las dos partes.

La firma, originalmente prevista para la mañana de este jueves, se retrasó varias horas mientras funcionarios hondureños y de Naciones Unidas cerraban las discusiones sobre el texto, según explicó la propia ONU.

El miércoles 14 de diciembre, a través de un portavoz, la organización internacional había subrayado la disposición de Naciones Unidas a apoyar un mecanismo contra la impunidad y la corrupción “independiente, imparcial y autónomo”.

“Creemos que debería garantizarse la independencia del mecanismo, lo que incluye el nombramiento de sus líderes y empleados”, afirmó entonces el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

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El acuerdo se alcanzó tras los avances que las dos partes lograron en conversaciones durante las últimas semanas y que culminaron el miércoles con una reunión en Nueva York entre Castro y Guterres.

La instalación de una misión internacional contra la corrupción en Honduras es una de las promesas de campaña de Xiomara Castro, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero.

En enero de 2020, el Parlamento de Honduras no le prorrogó un segundo período, de cuatro años, a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA). EFE

Como Presidenta de Honduras, junto al SG de ONU @antonioguterres, instalaremos la #CICIH independiente y justa. Logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al pais. pic.twitter.com/LDqae8qqlb

— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 15, 2022

Foto principal: EFE

Este martes 27 de julio, fue rendido el informe al medio del mediodía de Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, en el que se menciona a Guatemala.

En el informe, se menciona que el secretario general, António Guterres, “ha tenido conocimiento de la repentina destitución por parte del Fiscal General de Guatemala de Juan Francisco Sandoval, el fiscal principal de la unidad contra la impunidad que trabajó en estrecha colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como Cicig”.

“Es motivo de gran preocupación que, desde que se cerró la Cicig, un número creciente de exfiscales prominentes haya tenido que abandonar el país, según parece, debido a su trabajo en materia de rendición de cuentas y justicia”, dice el reporte.

Agrega que la capacidad de los fiscales para desempeñar sus funciones sin intimidación ni injerencias indebidas es un requisito previo esencial para abordar y prevenir la corrupción y la impunidad.

“El Secretario General exhorta a las autoridades guatemaltecas a intensificar sus esfuerzos para fortalecer el estado de derecho y respetar y garantizar la seguridad de los operadores de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales”, cierra el informe.

La mención de Guatemala se hace luego que Sandoval, quien era el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), fuera destituido de su cargo, situación que lo obligó a salir del país, por temor a sufrir algo que pudiera poner en riesgo su vida.

Destitución de Sandoval

La Fiscal General María Consuelo Porras informó el jueves 23 de julio que Juan Francisco Sandoval había sido removido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En un comunicado, el Ministerio Público (MP), expresó que la decisión se basa en una serie de “vejámenes” que ha sufrido la fiscal general.

En entrevistas a varios medios de comunicación, en Guatemala, la fiscal Porras afirmó que entre las causas que la motivaron a destituir a Sandoval está que ejercía “una justicia selectiva” para beneficiar a ciertos sindicados.

Señaló que se detectaron varios casos de nombres de sindicados que eran investigados “a conveniencia” de Sandoval, a la vez que omitía a otros señalados por “su amistad” con ellos.

También explicó que Sandoval ejercía una “justicia ideologizada”, ya que procuraba judicializar a personas de “ideología contraria” a la suya.

Porras aseguró que el ahora exfiscal también trasegó información a determinados actores, a pesar de que está prohibido porque puede entorpecer los casos.

Agregó que Sandoval violentaba la presunción de inocencia contra determinadas personas y que retardaba “maliciosamente” los procesos. Además, dijo, trataba de “impulsar su impunidad” dentro del MP, “abusando de que tenía protección nacional e internacional”.

En la entrevista, Porras dijo que Sandoval tenía “cooptada” la justicia contra sus enemigos en alianza con otros juzgadores, ya que tiene pruebas de reuniones con jueces para abrir causas para favorecer a ciertas personas.

También se quejó de que Sandoval se negó a registrar ciertos expedientes en el sistema informático, obstaculizó la revisión de mesas y retardó injustificadamente ciertas pesquisas, a la vez cambió algunas peticiones de casos sin consultarle.

Sandoval responde

En una entrevistas concedidas a varios medios de comunicación Sandoval habló de corrupción en Guatemala y señaló que la fiscal general tiene vínculos con sectores que general impunidad.

Sandoval insistió en que su destitución fue ilegal, pues aún no entiende los argumentos que Porras usó para sacarlo. Considera injusto que la fiscal busque desacreditar el trabajo que por muchos años él y su equipo desarrollaron y que incluso fue destacado por la misma Porras en varios de sus informes de trabajo.

Sandoval dejó ver que a Porras le incomodaban algunos casos, pues estos tienen cierta relación con sus “amigos”, aunque no dijo nombres.

Uno de estos y que posiblemente fue el que detonó su destitución fue uno que vinculaba a Gustavo Alejos Cámbara, quien empezó a revelar información que los llevaba a expandir las investigaciones con nuevos nombres, por lo que Porras intervino para cambiar el rumbo de la historia, incluso, señaló que se habían cometido ilegalidades y beneficiado al sindicado.

Según Sandoval, Alejos “tiene información muy valiosa y tiene conocimiento de muchos de los actos de corrupción (cometidos) en al menos tres administraciones gubernamentales y sabe cuál es el procedimiento para manipular las elecciones de cortes y negociones que se hacen en el Congreso”.

Negó que él haya ideologizado o parcializado la justicia y explicó que esos son los argumentos de Porras para desacreditar su trabajo.

Dijo que no descarta que en los próximos días espera alguna orden de captura en su contra, porque es la forma en la que Porras quiere blindar el trabajo que ha hecho en pro de la impunidad.

El secretario general de la ONU, António Guterres, sostuvo en el informe que, no obstante, hubo una disminución de los casos de violaciones y explotación que implican a los cascos azules: 54 en 2018 contra 62 el año anterior y 104 en 2016.

Guterres se ha comprometido a erradicar del organismo los abusos sexuales después de que una serie de casos en los últimos años empañaran gravemente la imagen de las misiones de mantenimiento de la paz y del personal de la ONU.

En total, se registraron 94 denuncias contra trabajadores de la ONU el año pasado y 109 contra personal de organizaciones locales que trabajan conjuntamente con Naciones Unidas en todo el mundo, frente a 25 en 2017.

Once casos se refieren a violaciones de menores, según el informe.

El Programa Mundial de Alimentos recibió 19 denuncias de abuso sexual contra su personal y organizaciones asociadas en 2018, en comparación con 26 en los 12 años anteriores.

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, informó de 34 denuncias en 2018, casi el doble que las 19 en 2017; además, hubo 15 denuncias contra funcionarios de la agencia de la ONU para la infancia, Unicef, el año pasado en comparación con ocho en 2017.

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La canciller Jovel señaló que la CC se ha extralimitado en sus funciones, al querer resolver amparos en temas de política exterior que solo le corresponden al presidente Jimmy Morales.

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La CC el pasado 21 de diciembre amparó a 11 funcionarios de la Comisión y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Gobierno de Guatemala, regresarles las visas y les señaló que se abstuvieran de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios de la Comisión. Algo que no fue acatado.

Reacciones ante decisión

¿Qué es la CC?

La Corte de Constitucionalidad (CC) es el máximo tribunal en materia constitucional de Guatemala, y su principal función es velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República.

Es un tribunal colegiado, independiente de los demás organismos del Estado, pero electo por representantes de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) fue creada en la Constitución de 1986, como el órgano garante del cumplimiento de los derechos establecidos en la carta magna.

La Corte de Constitucionalidad actúa como tribunal colegiado independiente de los demás Organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le establece la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y demás leyes constitucionales.

Cerca de las 16 horas, la canciller Sandra Jovel entregó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio de la Cicig, sin responsabilidad para Guatemala.

Guterres “rechaza enérgicamente” la el contenido de la carta y asegura que el mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre de 2019.

Según el Gobierno, esperaron más de 16 meses para llegar a un acuerdo de conciliación, pero no se recibió respuesta.  Ante ello la ONU resalta que se ha intercambiado de manera constructiva, a varios niveles, durante dichos meses, de acuerdo al artículo 12 de la comisión.

El secretario de Naciones Unidas “espera que el Gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la Cicig”.

También reitera la importante contribución de la Cicig a la lucha contra la impunidad.

Jimmy Morales se pronuncia

“La Cicig ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus tres comisionados”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa.

Morales instruyó a la PGN y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicie quejas, denuncias y demandas a efecto de que la comisión rinda cuentas de lo sucedido en Guatemala durante los 11 años de existencia en el país.

Agrega que cualquier demanda por violación a los derechos humanos será dirigida a la secretaría de Naciones Unidas, dado que esta permaneció “indiferente y pasiva” luego de que el Gobierno de Guatemala le manifestara sus preocupaciones.

Indica que se procederá a hacer denuncias ante personas individuales o autoridades que incurrieron en prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición.

También se pronunció respecto a la Corte de Constitucionalidad: “Es imprescindible que se consideren los daños económicos, sociales y diplomáticos que ha causado el hecho de que la CC se inmiscuya en áreas que no le competen… Abusando de sus facultades ha cerrado minas, ha interrumpido la construcción de hidroeléctricas y amprado a grupos denominado sociedad civil, en contraparte del rechazo malicioso de la justicia”.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no solo rechazar las visas pendientes a varios investigadores claves de la Comisión, sino que revocó las visas que ya había otorgado, hasta la visa de una pequeña de dos años quien viajaba con su padre, elemento importante de CICIG, algo a lo que se sumó la declaración del presidente Jimmy Morales que indicó que fueron negadas ya que los funcionarios están acusados de colocar bombas en edificios del Estado, esto sin presentar pruebas.

Ante ello la Naciones Unidas se pronunció

“El acuerdo que estableció la Comisión llama al Gobierno de Guatemala a proveer a la Comisión con toda la asistencia necesaria para el desempeño de sus funciones y actividades”, dijo hoy el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric, en relación al tema de visas que fueron revocadas.

Dujarric dijo que el secretario general, António Guterres, “expresa su preocupación” por la decisión de Guatemala y explicó que la organización está “en contacto con las autoridades guatemaltecas para discutir la situación”.