Este domingo 19 de noviembre circularon documentos que indican que el Ministerio Público (MP) le pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practica un peritaje sobre las publicaciones que hacía el binomio presidencial y algunos diputados reelectos respecto a la elección de rector de la Universidad de San Carlos (Usac).

El 16 de noviembre pasado la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público (MP) presentó el caso “Toma de la USAC: botín político”, cuyo juez que autorizó la diligencias fue Víctor Manuel Cruz Rivera.

Fueron más de 20 órdenes de captura las autorizadas por Cruz Rivera contra estudiantes, decanos, políticos, diputados y el binomio presidencial. Solo capturaron a cuatro personas.

Un día después la misma Fiscalía presentó las solicitudes de retiro de inmunidad del binomio presidencial y de algunos diputados reelectos y en funciones.

Pero este caso comenzó en julio, paralelo a otros que se desarrollan contra el partido ganador de las elecciones generales, el Movimiento Semilla.

El MP le pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que practicara un peritaje sobre las publicaciones que hacía el binomio presidencial y los diputados aludidos sobre la elección de rector y toma de las instalaciones de la Usac.

El 4 de agosto pasado el Inacif remitió los resultados del peritaje realizado al MP, y este se filtró y se hizo público en redes sociales este 19 de noviembre. El informe concluye que ninguna de las declaraciones vertidas por integrantes de Semilla incidieron en la toma de la Usac.

En uno de los incisos del informe, que fue confirmado por el MP, señala que “no se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala a continuar con la toma de dicho centro de estudios”.

La Fiscalía mostró el pasado 16 de noviembre en una presentación digital algunas publicaciones que ellos consideraban constitutivas de delito. La mayoría eran publicaciones hechas en la red social X, antes Twitter.

Esto ha generado diversos comentarios acerca de que el MP solicitó retirar la inmunidad de los funcionarios, incluido el binomio, a pesar de que no pueden ser investigados antes de que se les retire ese derecho.

Al respecto, el jefe del departamento de prensa e información del MP, Juan Luis Pantaleón, indicó que “el derecho de antejuicio se ha respetado en todo momento, pues dichas personas gozan del mismo”.

No obstante, aclaró, “dentro del presente proceso existen hechos los cuales al ser analizados permitieron suponer la posible participación de varias personas en los actos investigados”.

Añadió que “en todo momento el Ministerio Público, garantizando la objetividad de sus investigaciones y atendiendo al espíritu del derecho de antejuicio, el cual busca evitar acusaciones falsas por razones políticas e ilegítimas.

Pantaleón justificó su declaración en lo que establece el artículo 293 del Código Procesal Penal:

“Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio, o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales contra el titular de privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y sólo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición”.

Pantaleón asegura que todas estas “diligencias previas se llevaron a cabo, y permitieran oportunamente fundamentar la solicitud que en derecho corresponde”:

El jefe del departamento de prensa indicó que es “importante recalcar que la solicitud de retiro de derecho de antejuicio en relación a dichas personas fue presentada por la posible comisión de diversos delitos, siendo el órgano competente quien decidirá si procede o no e iniciar así las investigaciones”.

“El caso se encuentra debidamente sustentado por lo que la investigación continuará para dar respuesta oportuna a las victimas, denunciantes y agraviados quienes están legitimados para obtener una tutela judicial oportuna, ya que a raíz de dicha situación se vieron afectados más de 250 mil estudiantes, entre otros”, puntualizó.

Las órdenes de aprehensión que le autorizó el juez Cruz Rivera al MP son por la “posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita”.

Neto Bran, alcalde de Mixco, no será investigado por el delito de abuso de autoridad como pretendía el Ministerio Público (MP), debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación que buscaba reactivar un antejuicio en su contra.

A criterio del ente investigador, Neto Bran incurrió en un delito cuando obvió pasos administrativos para la contratación de Rolando Moisés Pérez, sujeto que fue condenado a 12 años de prisión.  

El Tribunal Decimo de Sentencia le encontró culpable de los cargos de obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad.

Pérez estaba detrás de una cuenta de “netcenter” desde la cual se amenazó de muerte a un integrante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así mismo se emitían mensajes de intimidación contra otros operadores de justicia.

El hombre fue relacionado por los investigadores como colaborador del alcalde Neto Bran en la campaña política de 2019, en donde por sus servicios según la tesis de los investigadores el alcalde buscó darle una plaza laboral dentro dela comuna.

Para ello el jefe edil habría buscado darle un contrato por Q20 mil mensuales, según explica la apelación en la parte de antecedentes.

Al momento de hacer esta gestión Bran habría evadido procesos administrativos en la contratación, considerando para los agentes fiscales la comisión del delito de abuso de autoridad.

Pero los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, quienes conocieron la denuncia contra el alcalde, resolvieron que no existía mayor vínculo entre el político y el netcentero.

El MP presentó una acción de amparo que no obtuvo un fallo provisional y con la apelación pretendían revertir la resolución para investigar a Neto Bran, pero el criterio de la CC fue similar al de la Sala al no encontrar indicios sólidos que ameriten una indagación contra el alcalde.

La jueza Erika Aifán se presentó este viernes 4 de marzo en la Sala Segunda de Apelaciones con el pesquisidor Roaldo Chávez para presentar pruebas de descargo ante la petición del retiro de su inmunidad que presentó el Instituto de Magistrados.

Carlos Ruano, juez y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, indicó que no les sorprende que hubiera denuncias e inconformidad con las decisiones judiciales, porque según él, “siempre hay personas que no salen contentas por las decisiones de los jueces”.

Señaló que les preocupa que se busque “venganza” y se “criminalice” y se busque apartar a los jueces de los procesos que conocen con el fin de procurar impunidad.

Dijo que “como lo dicen públicamente ciertos actores” que no descasarán hasta ver a determinados funcionarios judiciales en la cárcel y “entonces dónde está la garantía de inamovilidad del cargo, de protección a la independencia judicial, al funcionario que hace bien su trabajo, ¿quién lo protege ante esas denuncias?”.

Dijo que continuará el respaldo a jueces y juezas que con su trabajo han demostrado ser independientes, que es la principal responsabilidad que tienen los juzgadores.

Afirmó que no deben depender de nadie al momento de hacer su trabajo y eso incomoda a “ciertas personas”, cuando hay un juez independiente que no cede a las presiones, por lo que desde la Asociación les corresponde apoyarse y respaldar a los jueces que demuestran que se puede administrar justicia.

Indicó que los ataque a los jueces son retrocesos en el sistema y se afecta a la democracia al no haber protección para la independencia judicial.

Para leer más: MP presenta amparo contra jueza Erika Aifán por haber conexado el caso del periodista Juan Luis Font

Manifestó que si el juez que hace bien su trabajo es apartado, criminalizado y perseguido, dónde queda la ciudadanía, ya que no habrá jueces imparciales.

¿Qué dijo Aifán?

La jueza Aifán indicó que tres integrantes de la junta directiva de la entidad que la denuncia son lo que conocen y tendrán que resolver si le retiran o no la inmunidad.

Dijo que han cuestionado también la imparcialidad de algunos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el Ministerio Público los ha señalado como posibles sindicados dentro del proceso que subyace a la denuncia.

Añadió que la CSJ en el acta del pleno 49-2021 señaló que tiene asuntos de mutuo interés con el Instituto de Magistrados.

“Mi denunciante y mi juzgador en este caso tienen asuntos de mutuo interés”, manifestó.

Según Aifán, la magistrada Silvia Valdés ha entregado fondos del Organismo Judicial al Instituto de Magistrados que es una entidad privada y según una constancia, les ha entregado Q20 mil, “entonces hay una relación económica entre mis denunciantes y quien integra resolver en este caso si me retiran la inmunidad o no”.

Señaló que ve “graves conflictos de interés”; además, ni la Corte ni el magistrado pesquisidor han querido dar trámite a las recusaciones.

En la próxima audiencia del miércoles 9 de marzo espera avanzar en la presentación de sus argumentos y establecer si el magistrado pesquisidor a realizado algún otro elemento de investigación.

Afián dijo que se han incrementado los ataques en su contra, tanto en las redes sociales, las vigilancias, seguimientos y grabaciones.

También mencionó las denuncias y antejuicios que han promovido en su contra y que han notado incremento en “todas estas acciones de amenazas, hostigamientos e intimidaciones  y el incumplimiento de las medidas cautelares que le han sido otorgadas”. Dijo que la CSJ no ha hecho ningún cambio en su esquema de seguridad.

Judge Ericka Aifán is a hero. She is being persecuted in retaliation for her work combating corruption in #Guatemala . 7 of the 13 Supreme Court judges deciding her case have been implicated in corruption cases she judged. I am proud to stand with her. #YoApoyoALaJuezaAifan pic.twitter.com/lir1SzUnwA

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) March 4, 2022

La presidenta del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos, Kerry Kennedy, expresó su apoyo este viernes en Guatemala a la jueza local de alto riesgo Érika Aifán Dávila, quien enfrenta un proceso legal para retirarle su inmunidad, informó EFE.

Indicó que el caso de la jueza Aifán es como representativo de la persecución contra operadores de justicia independientes y que han luchado contra la corrupción.

Dijo que les preocupa “muchísimo” esta persecución contra jueces, fiscales y otros operadores de justicia.

Lea también: Comisiones paralelas 2020: CC nuevamente no ampara a Erika Aifán y la CSJ podrá continuar trámite de la solicitud de retiro de inmunidad

Afirmó que en el caso de Aifán es evidente el conflicto de interés que existe.

Kennedy, abogada y activista, se encuentra en Guatemala y acompañó a Aifán Dávila en la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala antes de ingresar a la corte donde se determinará si se le remueve o no su inmunidad como jueza.

“Estamos aquí porque una de las mejores jueces de este país está siendo falsamente acusada, y está siendo perseguida con revanchismo por su trabajo en combatir la corrupción”, explicó a periodistas la presidenta de la organización no gubernamental estadounidense.

Aifán Dávila, ampliamente reconocida a nivel internacional por su labor, tiene a su cargo el Juzgado de Alto Riesgo “D” del Organismo Judicial guatemalteco, añadió EFE.

Ratificaron petición

El 25 de febrero recién pasado, integrantes del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial acudieron a la Sala Segunda de Apelaciones para ratificar una petición de retirar la inmunidad de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados, quienes fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), la denunciaron por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El caso Comisiones Paralelas 2020 surgió cuando la Feci reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias para las designaciones de las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones.

Susana Asencio, alcaldesa de Sacatepéquez, tiene varios antejuicios pendientes por resolver, la funcionaria presentó la documentación para ser inscrita, sin revelar el partido por el cual se postula. En la misma situación se encuentra Gerónimo Martínez, alcalde de Huehuetenango, quien busca seguir en el cargo, postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza.

Vecinos denunciaron a Martínez para que no sea inscrito por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Grupos sociales afirman que el TSE debe ser cuidadoso en estos casos, debido que existen cuentas pendientes con la justicia por lo que no deben de inscribir a candidatos y verificar la legalidad de las constancias que presentan.

Noticiero Guatevisión intentó obtener una declaración del alcalde Gerónimo Martínez, pero no fue posible ubicarlo ni respondió las llamadas a su celular.

También vea: Partido Valor acciona para evitar que se revoque candidatura de Zury Ríos

En Quetzaltenango

El alcalde de Xela, Luis Fernando Grijalva optó por retirar su papelería del TSE, debido que enfrenta varios procesos de antejuicio razón por la cual no tiene finiquito.

También vea: Luis Grijalva, alcalde de Quetzaltenango enfrenta 10 antejuicios

El jefe edil, Luis Grijalva enfrenta 10 antejuicios por diferentes denuncias interpuestos por vecinos e instituciones del departamento.

Grijalva fue denunciado por abuso de autoridad, al reclamar en febrero último un predio ubicado en la zona 6 de Xela a nombre de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Proceso judicial

La próxima semana el juez pesquisidor deberá enviar sus recomendaciones a la Sala Quinta, luego de haber escuchado el testimonio de las partes.

El jefe edil argumentó que los procesos en su contra son por defender los intereses del municipio.

También vea: Agua contaminada seguirá llegando a viviendas de Siguilá, Quetzaltenango

Para la sesión plenaria de este martes, los diputados podrían conocer la iniciativa 5300 que se refiere a la reformas a la Ley en Materia de Antejuicio. La propuesta del diputado Fernando Linares Beltranena recibió dictamen favorable en febrero de este año.

Según el orden del día aprobado por los jefes de bloque se conocería la iniciativa en primera lectura, pero será decisión del pleno si se conoce en primer debate o si la aprueban de urgencia nacional.

La iniciativa tiene varios cambios a la ley actual. Uno de estos es el trámite que se sigue cuando se presenta una solicitud de antejuicio. Actualmente un juez al recibir la denuncia se inhibe de conocerla y traslada el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego si los magistrados consideran que hay elementos suficientes le dan trámite y lo trasladan a los órganos correspondientes.

La propuesta quiere eliminar ese proceso y así permitir que antejuicios en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal del Ministerio Público y Magistrados de la Corte de Constitucionalidad se trasladen de manera directa al Congreso.

Este es el cambio al artículo 16 de la referida ley:

Diputados han criticado a PDH y Magistrados de la CC

El diputado Fernando Linares Beltranena ponente de la iniciativa aseguró que es necesaria su aprobación para que los antejuicios en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no sean detenidos en la Corte Suprema de Justicia.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con que se aplique la Constitución en ese término porque creo que hay muchos indicios tanto de Jordán Rodas como de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad de que pueden haber cometido algunos hechos ilegales”, dijo el congresista.

El diputado Linares dice que los antejuicios promovidos contra esos funcionarios deben conocerse en el congreso pero que la CSJ no los traslada por lo que propone se modifique la ley en materia de antejuicio. pic.twitter.com/47zB5fqc8E

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 3, 2018

Felipe Alejos, otro de los diputados que ha cuestionado el trabajo del PDH y CC, señaló: “Yo creo que ellos han cometido en varios casos prevaricato, no se si ellos van a continuar con esa ruta, yo creo que está bien claro el haber mencionado el artículo 157 que no se deben acatar resoluciones ilegales”.

Mientras diputados de oposición ya se han pronunciado y aseguran que la iniciativa pretende establecer una ruta para destituir al Procurador de los Derechos Humanos y a Magistrados de la Corte de Constitucionalidad para nombrar personas afines.

¿Lo vamos a permitir? pic.twitter.com/I2jf14SuID

— Bancada Digna (@Bancada_Digna) September 3, 2018

El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre los diputados guatemaltecos, específicamente sobre su derecho de antejuicio.

Velásquez fue enfático: “Inmunidad no es impunidad”, esto al referirse que dicho derecho, no implica que los congresistas no sean investigados.

“Sólo por recordar: el derecho de antejuicio de los diputados no implica que no puedan ser investigados, sino la garantía de “NO SER DETENIDOS NI JUZGADOS” (Artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala). Inmunidad no es impunidad.”, escribió el funcionario de Naciones Unidas.

Sólo por recordar: el derecho de antejuicio de los diputados no implica que no puedan ser investigados, sino la garantía de “NO SER DETENIDOS NI JUZGADOS” (Artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
Inmunidad no es impunidad. pic.twitter.com/lBxphdMxL6

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) August 29, 2018

Vea también:

VIDEO: Así se integra la pesquisidora que conocerá antejuicio contra Jimmy Morales

Jimmy Morales envía mensaje a diputados tras integrar pesquisidora que conocerá su antejuicio

El comisionado cita el artículo 161 de la Constitución, que especifica que el legislador gozará de la inmunidad para no ser detenidos ni juzgados y efectivamente, el artículo no menciona que no puedan ser investigados.

Se queja en Washington

Este tuit coincide con la visita de Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso a Washington, donde acudió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para accionar contra Velásquez y la exfiscal General Thelma Aldana por supuestamente violar sus derechos humanos. Lo hace, según él, a nombre de todos los guatemaltecos.

Ante la politización de la justicia y las violaciones a mis derechos humanos cometidas por Thelma Aldana e Iván Velásquez acudí a la @CIDH a presentar las denuncias correspondientes. #NoMásViolacionesalosDDHH pic.twitter.com/AuJKXr0jyB

— Felipe Alejos (@FelipeAlejos) August 29, 2018

Me encuentro en Washigton para presentar denuncias por las violaciones a mis derechos humanos. Les comparto una entrevista que realizaron los amigos de Así es mi Gente https://t.co/XcMtczgMoi

— Felipe Alejos (@FelipeAlejos) August 28, 2018