El Congreso de la República en la plenaria de este miércoles 8 de noviembre integró la comisión pesquisidora para analizar si es viable o no el retiro de inmunidad al ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado.

Por medio de una tómbola, los legisladores eligieron a los diputados que integrarán la comisión en el caso del referido funcionario.

Del antejuicio contra Maldonado no aparecen mayores registros públicos; sin embargo, habrá detalles hasta que la comisión se reúna.

El 29 de junio de 2021 se conoció que Josué Lemus dejó el cargo de ministro de Comunicaciones luego de que el Ejecutivo aceptara su renuncia, posteriormente, Maldonado fue nombrado en el cargo.

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El 1 de julio del mismo año, la Presidencia de la República juramentó a Javier Maldonado como ministro, quien ostentaba el cargo de viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública, puesto que ocupó durante nueve meses de la administración del presidente Alejandro Giammattei.

En la sesión de ese 8 de noviembre, los diputados también integraron la comisión pesquisidora que conocerá si es viable o no retirarle la inmunidad al vicepresidente, Guillermo Castillo. El antejuicio contra Castillo obedece a un aparente nombramiento ilegal dentro de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Cómo quedó integrada la comisión

Presidente: Walter Félix, de URNG Maíz.

Secretario: Keven Ligorria, independiente

Vocales: Armando Castillo, de Viva; Estuardo Vargas y Karina Paz, ambos de la UNE.

El @CongresoGuate también instaló la pesquisidora contra el ministro de Comunicaciones.

Presidente: Walter Félix de URNG Maíz.
Secretario: Kevin Ligorria, independiente
Vocales: Armando Castillo de Viva; Estuardo Vargas y Karin Paz, ambos de UNE.@prensa_libre@Guatevision_tv

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) November 8, 2023

Les presentamos los diputados que integrarán la Comisión Pesquisidora que analizará las diligencias de antejuicio promovidas en contra de Javier Maldonado Quiñonez, en su calidad de Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

#CongresoDinámico
#IXLegislatura pic.twitter.com/emJzh28CW8

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 8, 2023

El cardenal Álvaro Ramazzini se reunió este lunes 20 de junio   con el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez.

La conversación se dio en la sala de audiencias del juzgado, donde Gálvez le mostró un folder con imágenes de ataques en redes sociales.

Ramazzini dijo que ciudadanos que quieren apoyar al juez han decidido hacer público el apoyo y han firmado un documento.

Añadió que esto que sucede causa una desconfianza “enorme en la administración de la justicia en el modo cómo se está realizando, en quiénes lo están haciendo y entonces se puede cumplir aquel dicho de hoy por él, mañana por nosotros, es decir, entramos en una especie de círculo en el que nadie va a estar libre”.

Agregó: “Porque si están tocando a personas honorables como el juez Miguel Ángel Gálvez con una trayectoria de más de 23 años de servicio, qué no pueden hacer con el ciudadano común”.

Ramazzini mencionó que otras personas sufren también lo que el juez está sufriendo y nadie dice nada por ellas, porque no tienen los medios para hacerlo.

Dijo que esta situación “mina no solo la confianza, sino la realidad de un sistema jurídico que se aplique de manera imparcial, objetiva y éticamente responsable, porque el tema es también moral, porque el que dice mentiras, está actuando inmoralmente”.

“Hoy estamos aquí diciendo juez estamos con usted”, resaltó.

Hizo referencia de una cita bíblica de cuando llevaban a Jesús en el camino de la cruz y el Señor se paró delante de las mujeres que lo miraban y les dijo: “miren, si esto están haciendo con el árbol verde, qué no harán con el árbol seco”.

“Es decir, si esto están haciendo con un juez que ha ejercido su función tal como lo decimos aquí, durante tantos años, qué podemos esperar nosotros los ciudadanos de a pie. Nos van a involucrar en procesos en donde no va a haber ningún fundamento, nadie va a tener ya confianza en la administración de justicia en este país, mejor dicho, ya no tenemos confianza delante de hechos que estamos viendo”, señaló.

Cuando le preguntaron de que no hay derecho de defensa en Guatemala y estado de derecho y que muchos de los que están detrás probablemente son católicos, Ramazzini dijo que se debe ser coherente con lo que se cree y recordó una frase de San Juan Pablo Segundo cuando vino a Guatemala y esta decía “que ya no haya separación entre fe y obras”.

Añadió que se dan cuenta de la gran incoherencia que hay entre decir “yo soy cristiano y digo mentiras, yo soy cristiano y engaño, es decir, es una incoherencia increíble”.

Resaltó que si aquí en Guatemala nos atreviéramos todavía a decir que somos 98% de cristianos, “siendo obispo yo diría no creo en eso porque tenemos una fe que no se concretiza en obras, es decir un cristiano autentico tiene que seguir el ejemplo de Jesucristo, y Jesucristo no estuvo a favor de la mentira, no estuvo a favor del daño de los demás, no estuvo a favor de las injusticias. Tenemos en este país un cristianismo muy suave que se vende al mejor postor y en la ocasión que le sea dada”.

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Qué dijo el juez Gálvez

Mientras que el juez Gálvez dijo que en los momentos que se viven en el caso de él, son “momentos bastantes difíciles porque es una campaña de criminalización sistemática, constante,  y no solo criminalización, sino tratar incluso hasta de la vida privada de la persona”.

Agregó: “Es increíble, es inconcebible cómo yo pongo de conocimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por medio de un memorial y le digo que necesito que me proteja en la independencia judicial porque he estado sujeto no solo a presiones de determinadas personas, sino que me están limitando en ese ejercicio”.

El cardenal Álvaro Ramazzini señala que el juez Miguel Ángel Gálvez está siendo criminalizado por la "Corte Suprema de Justicia de facto" y en general por "el Estado de Guatemala". pic.twitter.com/q8NePzkF9p

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 20, 2022

Dijo que es inconcebible que a él no le conteste la CSJ, pero sí  a la persona que puso el conocimiento ante la Corte y que lo está limitando, esto en relación con el trámite a las diligencias de antejuicio.

“El problema de nosotros es, que nosotros como jueces no quedamos bien con todas las partes, eso es así y siempre hay inconformidad y eso es normal”, afirmó.

Indicó que los pronunciamientos es normal por la libertad de expresión, pero el problema es cuando la persona presenta la denuncia, “me empiezan a seguir, empiezan la redes a ponerse en movimiento, empiezan una campaña a partir del día lunes, una campaña bastante grosera, incluso metiéndose hasta con la vida personal.

Dijo que mostró algunos tuits de páginas de militares en donde uno dice: “porque no pagan a un sicario justiciero para terminar a Gálvez”.

Indicó que ha tratado de que se comprenda en qué consiste la administración de justicia.

Agregó que le llama la atención la campaña sistemática, incluso, el compromiso de un “personaje” de decir que atrasen los procesos porque él garantiza que Gálvez ya no va a seguir dentro del Juzgado correspondiente.

Señaló que da la impresión de que todas las instituciones las tienen ordenadas y hacen lo que una o dos personas quieren que se haga.

Ejercerá su derecho de defensa “con no muy buena confianza”.

Añadió que está consiente hasta que la juez pesquisidora diga que no procede levantarle el antejuicio y que la CSJ no obstante lo haga.

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, lamentó también  este lunes que se quiera “criminalizar” al juez  de Alto Riesgo Miguel Ángel Gálvez.

Rodas expresó su respaldo a Gálvez y resaltó que ha llevado casos de alto impacto, como el del Diario Militar.

“Todos los que conocen de Derecho saben que Gálvez ha sido pieza fundamental en la justicia guatemalteca”, enfatizó Rodas.

#AHORA | El cardenal Álvaro Ramazzini se reúne en estos momentos con el juez de Mayor Riesgo "B", Miguel Ángel Gálvez.
La conversación se da en la sala de audiencias del Juzgado.
Gálvez le muestra un folder con imágenes de ataques en redes sociales. pic.twitter.com/c7BoAa4InM

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 20, 2022

El 15 de junio recién pasado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) nuevamente decidió no  amparar provisionalmente a la jueza Erika Aifán y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá continuar con el trámite de la solicitud de retiro de inmunidad contra la togada por autorizar diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Aifán interpuso la acción legal porque consideró que el magistrado Jaime Amílcar González, de la Sala Tercera de Apelaciones, no podía haber conocido en el pleno la solicitud de retiro de inmunidad que promovió el Instituto de Magistrados en su contra.

Según la togada, al igual que ocurrió con la magistrada Beyla Estrada, dicho magistrado debió apartarse de conocer su expediente por existir una enemistad entre ellos. Sin embargo, no se excusó y continúo conociendo.

El 4 de octubre recién pasado, la CC ratificó su decisión de reactivar el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán.

Los magistrados resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteó la juzgadora por el fallo que le revocó el amparo provisional.

Específicamente, el procedimiento ocurrió por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.

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El 9 de octubre, el pleno de magistrados de CSJ volvió a conocer el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán y designó a un nuevo juez pesquisidor.

El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

La Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, que estudia la solicitud de retiro de antejuicio contra Francisco De Mata Vela, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), decidirá el lunes 21 de junio si le recomienda al pleno de diputados retirarle la inmunidad. Sin embargo, para Mario Taracena, presidente de la comisión, el camino es cuesta arriba: el exconstituyente Roberto Alejos afirmó que la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) recibió Q600 mil del Legislativo nueve días después de presentar la demanda contra el juez.

El ministro de Economía, Acisclo Valladares, compareció ante la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio promovido en su contra por el MP y la CICIG.

El funcionario es vinculado al caso Subordinación del poder legislativo al ejecutivo. En ese caso  se señala a una empresa de telefonía de pagar sobornos a diputados a cambio de aprobar un paquete de leyes.  Esto ocurrió  durante el gobierno del partido Patriota.

El MP y la CICIG solicitaron el retiro de la inmunidad al ministro para poderlo investigar y determinar si cometió o no algún hecho ilícito, ya que por ahora solo tienen indicios de su posible participación en el caso.

Entre los indicios presentados en contra de Valladares están 12 testimonios, los cuales narran que el ministro se reunía con Roxana Baldetti para hablar de iniciativas, pero además era quien supuestamente entregaba el dinero en efectivo a los congresistas. El MP y la CICIG también presentaron fotografías de maletas con dinero. Además explicaron que no pueden acceder a pruebas por el antejuicio del que goza el ministro.

Valladares se defiende

El ministro Valladares aseguró que la denuncia en su contra es espuria y política, porque el MP y la CICIG obviaron mencionar algunos detalles. Por ejemplo, que en ese momento el fungía como presidente  de la Gremial de Telecomunicaciones de la Cámara de la Industria y que por ello acudía a casa presidencial.

Según la Fiscalía, unos 62 diputados del extinto Partido Patriota estarían implicados en el cobro de coimas a cambio de sus votos en el Legislativo. 

La investigación apunta a que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti habría sido una de las intermediarias para dichos pagos.

La petición del retiro de la inmunidad por parte del MP y la Cicig estaría dirigido contra: 

1. Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
2. Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.
3. Juan José Porras, diputado.
4. Haroldo Quej, diputado.
5. Boris España, diputado.
6. Gustavo Arnoldo Medrano, diputado.
7. Mirna Figueroa de Coro, diputada.
8. Marco Antonio Orozco, diputado.

Entre los delitos que se imputa a los señalados se encuentra cohecho pasivo, lavado de dinero y violación a la Constitución. 

La Corte designó a los jueces pesquisidores para los expedientes, quienes deberán emitir un informe con la recomendación de retirar o no la inmunidad a los funcionarios. Sin embargo, la CSJ no reveló los nombres de las designaciones.

La decisión de retirar o no la inmunidad a los diputados será de la CSJ luego de recibir el informe de los pesquisidores.

En el caso del ministro Valladares Urruela la Corte remitirá el expediente al Congreso para que conforme una comisión pesquisidora. Esta deberá citar a las partes y emitir su informe, que luego será conocido en el pleno de diputados para decidir si despojan de la inmunidad al funcionario.

Navas dirigió la comuna de Santiago Sacatepéquez en el periodo de 2004 a 2008 y fue inscrito para participar como candidato a la alcaldía de dicho municipio en las próximas elecciones.

Sherlyn Figueroa, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez condenó al exjefe edil, esto generó polémica debido que Navas y Navas goza de derecho de antejuicio.

Derecho de antejuicio

La condena impuesta son tres años de prisión conmutable a razón de Q5 diarios, Q5 mil de multa, así como la suspensión de sus derechos políticos.

Sherlyn Figueroa, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez condenó a Navas y a los concejales Adrían Yacuté, Francisco Ixcajoc Itzol, Julián Chiroy Álvarez, Agustín Quel Sactic, José Eduardo Xoc Flores, Juan Ismael Culajay Yacuté y Álvaro Obdulio Oseida Castellanos.

Claudia González, delegada departamental del Registro de Ciudadanos informó que Navas fue el primero en inscribirse a finales de enero y cuenta con credencial y goza del derecho de antejuicio.

En el 2006 el alcalde y su concejo aprobaron la compra de un inmueble que no le pertenecía a la supuesta propietaria, Sandra Beatríz Fabián, por un precio sobrevalorado de Q131 mil 269.02, sin tomar en cuenta el avalúo autorizado, sino hasta tres meses después, con este mismo monto, indicado por el valuador.

Esta acción condujo a la sustracción dineraria de las arcas municipales, fondos que fueron depositados a la cuenta de sandra beatríz fabían y luego a la cuenta personal del alcalde Manuel Augusto Navas y Navas.

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La denuncia contra el edil fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) por irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para efectuar el cobro del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI).

El Ministerio Público, que el pasado 26 de diciembre solicitó el retiro de inmunidad del edil, no proporcionó más detalles del caso.

La auditoría que presentó en 2017 la CGC, del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva en el 2016, determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.

Según el informe a la empresa Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.

La Contraloría detalló: “La municipalidad de Villa Nueva como unidad ejecutora no cuenta con el estudio de factibilidad y declaración de incapacidad, en donde indique que la misma no posee la capacidad instalada para la administración de su Unidad de Catastro y actualización constante de la información catastral que permita incrementar los ingresos por concepto del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI) dentro de su jurisdicción”.

Al respecto, Escobar indicó que el caso se originó por una denuncia que él planteó en 2016 en contra de auditores de la CGC que lo “extorsionaban en marzo de 2016”.

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Denuncio que cuatro fiscales de delitos administrativos se presentaron a la sede de ese Tribunal solicitando traslados de reclusos en diversos casos.

“Las denuncias que presenté no avanzan, pero sí las que fueron planteadas en mi contra, dijo el juzgador.

El reclamo de Xitumul fue contra Melvin Oswaldo Medina Ruiz, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, y los auxiliares Rafael Arturo Andrade Escobar Andrade, Marilyn Solange Castillo Castillo y Kevin Alfredo Vásquez Sosa.

Hasta pidió la intervención de la fiscal General María Consuelo Porras, para deducir responsabilidades contra esos fiscales.

El juez dijo que ha buscado hablar con Medida Ruiz para saber cómo van las denuncias que planteó por diversos incidentes, pro no lo ha atendido.

Se han planteado dos solicitudes para retirar el antejuicio a Xitumul, una el 3 de diciembre de 2018, planteado por familiares del militar Hugo Zaldaña, quien fue condenado en el caso Molina Theissen, el cual fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El otro lo tramitó Medina Ruiz, el 11 de enero del 2019, con base en una denuncia de Byron Humberto Vargas Sosa, quien alega que sin pruebas fue condenado a 90 años de prisión por el asesinato de María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Hichos Pérez y Silvia María Morales Rodas, hechos ocurridos el 20 de abril del 2008.

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Ambos fueron beneficiados con una medida sustitutiva, la fianza para el parlamentario es de Q20 mil y para Mendizábal Monroy es de Q10 mil.

El juez les impuso varias restricciones:

• Prohibición para salir del país
• Deben colocar su huella cada 15 días en el MP
• No pueden comunicarse con otros imputados, testigos o personal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE)

Según las investigaciones, García Hidalgo habría efectuado transacciones sospechosas por medio de siete cheques que habrían sido para un préstamo, aunque no fue posible justificar el origen de los fondos.

La solicitud de antejuicio fue interpuesta el 3 de septiembre de 2016 y se le retiró su inmunidad el 11 de enero de 2017. Su detención se efectuó el pasado 6 de febrero.

El diputado José Conrado García Hidalgo comenta que pasó la noche en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales.
En el Juzgado Séptimo Penal fue reprogramada la audiencia de primera declaración para el 22.2.2019.
También compareció José Lizandro Mendizábal. pic.twitter.com/guPn3zKqru

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 6, 2019

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