La comisión pesquisidora del Congreso de la República acordó este lunes pedir a la Corte de Constitucionalidad (CC) un informe sobre la situación de la inmunidad de la magistrada electa Gloria Porras y el magistrado Francisco de Mata Vela. Los diputados buscan determinar cómo proceder con la solicitud de retiro de antejuicio de ambos jueces. Según Mario Taracena, congresista de la UNE y presidente de la comisión, la CC tendrá un plazo de ocho días para enviar una respuesta.

Entre los cinco integrantes de la comisión existe un desacuerdo sobre el estatus de la inmunidad de ambos togados. Por un lado, Taracena afirma que Porras aún mantiene su derecho de antejuicio.

“Ella no es un ciudadano común y corriente, está electa, no ha tomado posesión, pero no es una cuestión de mandarla a los tribunales, hay que tener cuidado con eso”, dijo.

Su consideración contrasta con la de Andy Figueroa, que también es parlamentario de la UNE y opina que Porras dejó su puesto el 14 de abril, cuando asumió la nueva nómina de magistrados de la CC.

“Al menos la doctora Gloria Porras ya no ostenta el cargo de magistrada de CC, creo que esta comisión ya no podría seguir conociendo el tema de su persona, en virtud de que ya no goza del derecho de antejuicio”, opinó.

Para continuar con el análisis de las diligencias de antejuicio en contra de Gloria Porras y José de Mata, en su calidad de Magistrados de la @CC_Guatemala, la Comisión Pesquisidora, realiza una nueva reunión de trabajo. pic.twitter.com/zRvypSe9IX

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 26, 2021

Porras fue electa por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) para renovar su cargo para el período 2021-2026. No asumió el 14 de abril porque el Organismo Legislativo impidió su juramentación un día antes, a causa de un amparo provisional otorgado por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo. En un comunicado publicado el 26 de abril, el CSU anunció que apeló esta acción ante la CC. No obstante, fue declarado sin lugar.

Por su parte, De Mata Vela mantiene su puesto porque los nuevos magistrados electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Nester Vásquez y Claudia Paniagua, aún no asumen a causa de impugnaciones y amparos que los señalan de no ser “honorables e idóneos”.

La solicitud de retiro de inmunidad fue planteada por la Asociación de Dignatarios de la Nación. Esta argumenta abuso de autoridad por parte de Porras y de Mata Vela por emitir una resolución contraria a una decisión del expresidente Jimmy Morales en el 2018, que pretendía expulsar del país a Andres Kompas, entonces embajador de Suecia en Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad admitió para su trámite el amparo promovido por el Vicepresidente de la República, César Guillermo Castillo Reyes, contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la mañana de este domingo 2 de agosto.

Este amparo es en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con fecha 31 de julio de 2020 que da trámite a una solicitud de retiro de antejuicio por el supuesto nombramiento ilegal de una abogada al frente de la Senabed.+

Castillo explicó que este nombramiento se hizo de forma temporal para completar el periodo de dos meses del secretario anterior que renunció, mientras que se iniciaba con el proceso de elección del nuevo funcionario.

La resolución tuvo el voto favorable de nueve de sus magistrados para que la solicitud de antejuicio fuera enviada al Congreso de la República para su trámite correspondiente.

Hasta el momento, el Congreso ha dicho que no han recibido ninguna notificación sobre este hecho, pero mientras tanto, Castillo accionó contra esta resolución tildándola de “espuria”.

Carlos Contreras, presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), presentó un amparo este 31 de julio ante lo que considera actuaciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que atentan contra la autonomía de la institución.

“Es una amenaza velada”, dijo Contreras en rueda al prensa sobre el oficio de la PGN dirigida a los miembros de la junta directiva que señala supuestos delitos cometidos por él, ante lo cual les recomienda la destitución.

Según Contreras, la PGN se refiere a los miembros de la directiva y no a ella como un ente colegiado y amenaza con responsabilidades penales si no atienden la recomendación.

Expresó que existe un requerimiento puntual de Jorge Luis Donado, procurador general, que habría llegado directamente a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social.

Bajo ese planteamiento, el IGSS considera que la PGN se está saltando la institucionalidad y, en vista de que el asunto no provoca daño al Estado, lo cual es parte de sus competencias, se evidencia que la Procuraduría podría estar accionando por instrucciones de la Presidencia de la República.

Así, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que otorgue el amparo porque “un acto -la recomendación de remoción- al margen de la ley no puede tener validez”.

“Estamos pidiendo amparo ante la CSJ ante una evidente acción al margen de la ley que pretende afectar seriamente la autonomía del IGSS y al violar la autonomía lo que se pretende es minimizar todos los recursos que la seguridad social orienta, debe orientar y ha estado orientando en esta administración para el beneficio de los derechohabientes, de sus familias, de sus afiliados, verdaderamente es un deber el que venimos a cumplir hoy para preservar la autonomía de la seguridad social de Guatemala”, manifestó Contreras.

“El procurador general de la nación ha pedido que los miembros pongan un punto de agenda para separar al presidente y se justifica con artículo 14 de la ley del Ministerio Público que dice que cuando intereses de la nación se vean afectados debe de hacérselos saber a la entidad correspondiente; en el memorial o en el oficio o la carta que envió el procurador general claramente en la redacción hace ver que son responsables, eventualmente, de no atender la recomendación que él está haciendo, eso verdaderamente es bastante delicado (…) la otra opción es que el procurador actúa por instrucciones del presidente de la república”, amplió Contreras.

En un oficio del 21 de julio, Jorge Luis Donado, procurador general de la nación, traslada documentación a la junta directiva que describe “una serie de hecho que podrían ser considerados delitos” relacionados con Contreras.

Esos delitos, a criterio de Donado, podrían ser incumplimiento de información pública, hallazgos por denuncias del 2016 al 2019, prórrogas contractuales injustificadas e innecesarias, carencia de asistencia médico hospitalaria adecuada al hospital de enfermedades de la institución, entre otros, que para la PGN podrían evidenciar “la ineficaz administración” de Contreras en el cumplimiento de sus funciones.

Si bien, agrega la PGN, los miembros de la junta directiva del IGSS son inamovibles, esta no es absoluta pues hay mecanismos de rendición de cuentas de los recursos públicos.

PGN afirma respetar al IGSS

Cuando se conoció públicamente que existía algún requerimiento de la PGN para buscar la destitución de Contreras, se buscó la postura de Jorge Luis Donado, procurador general, quien fue claro en decir que respeta la independencia del Seguro Social, pero sí explicó que lo que hizo fue trasladar señalamientos contra Contreras que le fue entregado por un diputado.

“Se hizo de mi conocimiento una serie, una denuncia, que presenta un diputado, que ahorita no recuerdo el nombre, entonces que tiene que ver con hallazgos de la CGC y varias cuestiones y se gira a mi despacho lo que yo hago del conocimiento a la Junta Directiva del IGSS porque ellos son los fiscalizadores y contralores de que las funciones para los cuales fue creado el IGSS  sean cumplidos,  entonces son ellos los que tienen que determinar, que ellos verifiquen lo que me están enviando porque yo como funcionario no me puedo quedar con ese tipo de conocimiento que se puso a mi disposición”, argumento Donado.

Fue claro en que lo único que pudo hacer fue trasladar los hechos que le fueron presentados, pero asegura que en ningún momento pidió de manera explícita la destitución de Carlos Contreras, “yo no puedo hacer nada, yo no ejerzo la persecución penal, el IGSS es autónomo, entonces lo que hago es decirle a la Junta Directiva consideren esto, ustedes  son los que califican la función que está realizando porque ustedes pueden fiscalizar s se están cumpliendo o no con los fines”, puntualizó.

Roces con el Ejecutivo

Desde el inicio de la emergencia por el coronavirus Giammattei ha tenido diferencias con el IGSS. En principio, apeló, sin éxito, a que el instituto suspendiera a los trabajadores cuyos empleos estaban en riesgo. También le atribuyó retrasos en el traslado de la información sobre pacientes de covid-19 al sistema de salud y que no estaba atendiendo a sus propios afiliados, posturas que en su momento el IGSS negó.

Uno de los puntos que más estuvo en el ambiente fue que en apariencia el Seguro Social no trasladaba de manera oportuna los datos de los pacientes con coronavirus que atendían, lo que habría ocasionado retrasos en los datos oficiales.

Carlos Contreras fue ministro de trabajo durante la administración de Otto Pérez Molina y posteriormente llego al seguro social cuando fue detenido su antecesor, Juan de Dios Rodríguez.

La acción de amparo deberá de ser elevada a la cámara correspondiente para que proponga conocerla en alguna de las sesiones plenarias de la CSJ, que regularmente son los miércoles durante la mañana.

Varias organizaciones accionaron en contra del decreto 4-2020, con el que se aprobó las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales. El amparo otorgado de manera provisional por la Corte de Constitucionalidad, señala que el decreto conlleva amenaza de violación de derechos humanos.

Con la decisión de la Corte, se deja en suspenso el acto de aprobación del decreto, que se refiere a la tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, la sanción de Giammattei y su posterior entrada en vigencia, el 7 de marzo.

Diputados que votaron en contra de este decreto, señalan que desde su aprobación se denunciaron anomalías, por lo que ahora se congratulan con este amparo.

Diputado Stuardo Batres de Winaq señala de positivo el amparo otorgado por la CC en las reformas a la ley de ONG. pic.twitter.com/2tIodwCb61

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 3, 2020

Mientras, quienes apoyaron las reformas, consideran que el amparo ya no es viable porque las reformas ya fueron aprobadas. Agregan que debe ser otra figura legal para detener su entrada en vigencia.

Diputado Rudy González de VIVA señala que Amparo de la CC no es viable porque las reformas a la ley de ONG ya fueron aprobadas y sancionadas. pic.twitter.com/DX78P4j3Ag

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 3, 2020

LEA: CC ampara a organizaciones sociales y suspende provisionalmente la Ley de ONG

El diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, volvió a generar reacciones de usuarios de redes sociales con sus declaraciones. Esta vez por su defensa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues aseguró que un grupo de “extremistas socialistas” quieren perjudicar la campaña del representante republicano.

Las declaraciones del congresista obedecen al debate de convertir a Guatemala en un tercer país seguro. El diputado presentó un memorial ante la CC pidiendo que se revoque ese amparo otorgado, pues cree que quienes se oponen al acuerdo es porque quieren perjudicar a Trump, quien buscará la reelección en 2020.

La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional en el que señala que le compete al Congreso discutir ese acuerdo y no al presidente Jimmy Morales. Ese amparo fue presentado por excancilleres, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el excandidato presidencial de Encuentro por Guatemala, Manfredo Marroquín, a quienes Linares tilda de socialistas.

Diputado Fernando Linares presentó un memorial en la CC y pide que se revoque el Amparo provisional relacionado al tercer país seguro. "Quieren perjudicar a Trump en la campaña", asegura. pic.twitter.com/Efl9TH2sV9

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) July 16, 2019

La solución, según Linares

El parlamentario aseguró que para evitar más muertes de migrantes centroamericanos se les debe dar asilo en Guatemala y crear albergues para su protección. Aseguró que las condiciones se pueden crear pidiendo ayuda económica a Estados Unidos, tal como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

Lo que les preocupa los integrantes de Mirador Electoral es la amenaza de algunos grupos de boicotear las elecciones, pero también las declaraciones de funcionarios que han puesto en duda el proceso al mencionar un supuesto “fraude electoral”.

Ante esto, presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad, con el que buscan que las elecciones generales puedan desarrollarse y que se ordene al presidente y ministros de gobernación y defensa garantizar el ejercicio de los ciudadanos.

El Mirador Electoral espera que el amparo se resuelve lo antes posible debido a que los comicios serán dentro de 17 días.

El amparo se había otorgado argumentando que los procedimientos en la Contraloría no fueron agotados.

Esta decisión podría poner en peligro la participación de Aldana en el proceso electoral, como candidata a la presidencia por el partido Movimiento Semilla.

Los abogados de la exfiscal presentaron una apelación en la Corte de Constitucionalidad.

El pasado 19 de marzo el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal ordenó la captura de Aldana por el caso plaza fantasma en el Ministerio Público.

• Lea también:Thelma Aldana dice que teme ser asesinada

El caso deriva de la contratación, supuestamente irregular, de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el MP sin que llegara a trabajar y por el que habría cobrado Q20 mil.

Mi inscripción cumple con TODOS los requisitos que pide la Ley Electoral.

El Amparo Provisional sigue vigente y por tanto también mi finiquito. De esto ya tiene conocimiento el TSE.

El #PactoDeCorruptos será derrotado en las urnas.

— Thelma Aldana. Guatemala. (@ThelmaAldana) March 28, 2019

Ella es señalada de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.

Aldana también tenía un inconveniente con su finiquito, ya que este perdió validez porque hubo una denuncia en el período posterior al que fue emitido, aunque la Contraloría no puede revocar el documento.

El Registro de Ciudadanos tomó como válido el finiquito, porque en su expediente se incluyó la certificación de una resolución emitida por un tribunal de amparo en el que ordena dejar en suspenso la denuncia presentada por los auditores y como consecuencia, todos los efectos que se generen de esa denuncia.

• También le puede interesar:Accionan para que juez se inhiba de conocer caso contra Thelma Aldana

La resolución del juzgado es consecuencia de que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar el 28 de febrero pasado un ocurso de queja de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La procuraduría argumentó que el amparo provisional otorgado por el juzgado a Aldana incumple con el presupuesto procesal de “legitimación pasiva”, en virtud de que el acto señalado como reclamado -una denuncia de la Contraloría- es un procedimiento normal que se deriva del hallazgo de la auditoría hecha a la contratación de un consultor en el MP, y que no puede ser impugnado por un tribunal de amparo.

Aldana se encuentra en El Salvador y autoridades de Gobernación anunciaron que en cuanto se encuentre en el territorio nacional efectuarán su detención.

El Gobierno de la República de Guatemala publicó un comunicado luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera dejar en suspenso la resolución del presidente Jimmy Morales de dar por concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con esto la CC ordena que la CICIG siga funcionando en el país.

LEA TAMBIÉN: #URGENTE CICIG se queda en Guatemala resuelve CC

En el comunicado, el Gobierno menciona que, hasta el momento, no ha sido notificado por la CC en relación a los fallos emitidos por este tribunal.

También menciona que, una vez sean notificados, la resolución será analizada por todas las instituciones referidas.

Una vez evaluada, el Gobierno dará a conocer su postura oficial.

Gobierno deberá acatar resolución

Por más de 9 horas, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad permanecieron reunidos para conocer 5 acciones de amparo contra la decisión del presidente Jimmy Morales de concluir con el mandato de CCIG.

Con 4 votos a favor y 1 disidente de la magistrada presidenta Dina Ochoa, la CC resolvió dejar en suspenso la resolución de Morales.

Los magistrados exhortaron a las autoridades denunciadas a facilitar el debido funcionamiento de la Comisión y dicen que la notificación que se efectúe a los funcionarios públicos, los obliga al cumplimiento de los decidido por la CC.

El proceso de cancelación del partido FCN Nación está en suspenso, luego que la sala primero de lo contencioso administrativo otorgara un amparo provisional a su favor.

Ayer, la sala quinta de apelaciones admitió para su trámite un nuevo amparo interpuesto por el Secretario General de FCN Nación, Javier Hernández, este también busca detener el proceso.

El Director del Registro de Ciudadanos explicó que ya remitieron los informes solicitados por estas salas, en donde argumentan que no aceptaron un medio de prueba presentado por el partido oficial por hacerlo fuera de tiempo. Leopoldo Guerra agregó que interpusieron un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad porque creen que el amparo a FCN Nación no se debió otorgar.

Registro de Ciudadanos interpuso un recurso de apelación en la CC en contra del amparo otorgado a FCN y que dejó en suspenso el proceso de cancelación. pic.twitter.com/sw26JKrZBd

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 19, 2018

FCN Nación lucha por participar en las elecciones

La resolución sobre la cancelación de FCN Nación debía emitirse a más tardar el 22 de octubre, pero con estos amparos se suspendió la notificación. El partido que llevó al poder a Jimmy Morales estaría atrasando esta resolución con el objetivo que primero sea la Convocatoria a Elecciones Generales y así poder participar en la contienda, debido a que una vez iniciada la época electoral no se puede suspender ni cancelar agrupaciones políticas.

FCN Nación enfrenta este proceso por financiamiento electoral ilícito, ya que durante la campaña de 2015 presuntamente recibió aportes y no los reportó ante el Tribunal Supremo Electoral.

Los líderes aseguran que hubo despojo de tierras que pertenecían a tres comunidades en Quiché y Quetzaltenango.

También vea: Representantes de los diferentes sectores de Quetzaltenango se presentan ante Codede

Pobladores señalaron al segundo Registro de la Propiedad de ser una institución que ha colaborado en el despojo de las tierras, que aseguran según documentos les pertenecen desde mil ochocientos.

Según las autoridades ancestrales, la mayoría de tierras despojadas a las comunidades se utilizan para la explotación de recursos naturales.

También vea: Lluvias dejan daños en viviendas y carreteras de Quetzaltenango