Delfino Natareno, presidente de la Gremial de Transportistas de Quiché y originario de San Antonio Ilotenango, señaló que desde hace varios días ha recibido amenazas y ha sido desprestigiado en las redes sociales, pues lo acusan de estar en contra de que se realice la feria de San Antonio Ilotenango.

Natareno asegura que los transportistas de ese municipio fueron citados por el alcalde Domingo Ajeataz para realizar una manifestación con el objetivo de presionar y que se desarrolle la feria patronal; sin embargo, ellos se opusieron a participar y él lo hizo público, lo que motivó una avalancha de amenazas e insultos en su contra.

“Yo sostengo que el alcalde fue el que organizó esa manifestación y fue todo un show donde él decía al principio que no se realizaría y después estuvo de acuerdo. Yo lo responsabilizo a él de lo que le pueda pasar a mi familia, los transportistas de San Antonio Ilotenango y a mi persona”, señaló el transportista.

“Nos reservamos el derecho de presentar una denuncia ante la Feci por las anomalías que se están dando en esa administración y exigimos a la Contraloría General de Cuentas una auditoría física de los proyectos que se están realizando en el municipio. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en que se realizara la feria porque eso va a traer más contagios de covid-19 al municipio”, agregó Natareno.

En tanto, el alcalde Ajeataz rechazó los señalamientos y dijo que podían hacer una investigación porque él no era de esas personas que utilizan las redes sociales, y aseguró que hace su trabajo “en beneficio de las comunidades”.

“El problema del señor Natareno son más roces personales que se dieron cuando ese grupo de transportistas solicitaron que se les entregara en propiedad un predio que ellos ocupan en San Antonio Ilotenango. Querían que se realizara un acuerdo municipal y yo no podía hacer eso”, afirmó el alcalde.

El jefe edil comentó que el Concejo Municipal nunca estuvo de acuerdo con que se realizara la feria titular y que cuentan con documentos de respaldo. “Cuando fue la manifestación yo los recibí porque no quería poner en riesgo a mi concejo y trabajadores municipales y todo puede ser verificable”, añadió.

Las actividades de la feria titular se suspendieron, pero en el campo de futbol se instalaron juegos mecánicos y ventas de feria, la cual iniciaría formalmente este viernes 15 de enero.

En Perú, la cuarentena obligatoria está establecida desde el 16 de marzo y se tiene previsto que termine este próximo 24 de mayo.

Los medios de comunicación locales han reportado que durante todo este tiempo, el alcalde de la localidad de Tantará nunca demostró un verdadero interés para que se cumplieran las restricciones y así evitar el contagio de covid-19 entre sus pobladores.

La actitud indiferente del jefe edil ante la pandemia del coronavirus, llegó al punto en huir de las autoridades policiales cuando participaba en una reunión social con amigos mientras estaba evidentemente alcoholizado.

Según reportaron las autoridades de aquel país, Jaime Rolando Urbina Torres, fue sorprendido por la policía ingiriendo bebidas alcohólicas y violando la cuarentena decretada en el país.

Cuando se percató de la presencia de los agentes, Urbina decidió esconderse en un baúl sin tapa que había en el lugar y, simulando haber muerto de coronavirus, cerró sus hijos y permaneció por momentos así con una mascarilla puesta.

Varios de sus amigos decidieron hacer lo mismo y se acostaron en otros ataúdes que habían en el lugar.

Inmediatamente, Urbina y compañía fueron capturados y trasladados a la comisaría del municipio para ser judicializados por incumplir las normas sanitarias.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, ligó a proceso penal al exalcalde de Patulul, Édgar José García Monroy por el delito de discriminación.

El exfuncionario que perdió su inmunidad el pasado 15 de enero, es acusado de agredir y abusar físicamente de un adolescente con discapacidad.

Las agresiones se hicieron públicas en marzo del 2018 a través de varios videos que circularon en las redes sociales donde se ve al jefe edil poniéndole cinta adhesiva en el rostro al joven.

También se escuchan risas de las personas que graban el video. Esto causó indignación de varios sectores que iniciaron una denuncia penal contra el entonces funcionario.

Días después, Monroy se defendió en un video que publicó un noticiero local donde confirmó su participación en la grabación, pero dijo que todo se trató de una broma de mal gusto, agregando que “en ningún momento se trató de un abuso” contra el joven.

En la audiencia de primera declaración, García Monroy fue ligado a proceso y estará bajo arresto domiciliario, tiene prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días.

El Parque Central de Villa Nueva fue el marco para la Feria Electoral. El Comité del Agua organiza la actividad porque aseguran que es de suma importancia conocer la funciones que deben tener cada uno de los aspirantes a la alcaldía.

Vea la nota:

Vea también: ¿Cuáles son las necesidades de su comunidad? Cabildo Abierto desde Quiché

Navas dirigió la comuna de Santiago Sacatepéquez en el periodo de 2004 a 2008 y fue inscrito para participar como candidato a la alcaldía de dicho municipio en las próximas elecciones.

Sherlyn Figueroa, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez condenó al exjefe edil, esto generó polémica debido que Navas y Navas goza de derecho de antejuicio.

Derecho de antejuicio

La condena impuesta son tres años de prisión conmutable a razón de Q5 diarios, Q5 mil de multa, así como la suspensión de sus derechos políticos.

Sherlyn Figueroa, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez condenó a Navas y a los concejales Adrían Yacuté, Francisco Ixcajoc Itzol, Julián Chiroy Álvarez, Agustín Quel Sactic, José Eduardo Xoc Flores, Juan Ismael Culajay Yacuté y Álvaro Obdulio Oseida Castellanos.

Claudia González, delegada departamental del Registro de Ciudadanos informó que Navas fue el primero en inscribirse a finales de enero y cuenta con credencial y goza del derecho de antejuicio.

En el 2006 el alcalde y su concejo aprobaron la compra de un inmueble que no le pertenecía a la supuesta propietaria, Sandra Beatríz Fabián, por un precio sobrevalorado de Q131 mil 269.02, sin tomar en cuenta el avalúo autorizado, sino hasta tres meses después, con este mismo monto, indicado por el valuador.

Esta acción condujo a la sustracción dineraria de las arcas municipales, fondos que fueron depositados a la cuenta de sandra beatríz fabían y luego a la cuenta personal del alcalde Manuel Augusto Navas y Navas.

También vea: Alcaldes buscan reelección a pesar de contar con procesos de antejuicio

Vecinos se oponen a la candidatura de Miguel Antonio López Barahona, actual alcalde que busca su quinto periodo, debido a que está ligado a proceso por el delito de falsedad ideológica.

López fue enviado a juicio el pasado 14 de marzo del 2018, sin embargo fue inscrito como candidato a continuar en las silla edilicia por quinto periodo consecutivo.

Reciben denuncia:

Las autoridades de la delegación del tribunal supremo electoral confirmaron haber recibido la denuncia que fue trasladada a una instancia superior de ese mismo tribunal.

El jefe edil se negó hablar sobre el caso, pero su relacionista público aseguró que su candidatura es legal y firme.

También vea: Padres de familia impiden el ingreso de maestros a escuela de Sacatepéquez

El jefe edil, Luis Grijalva enfrenta 10 antejuicios por diferentes denuncias interpuestos por vecinos e instituciones del departamento.

Grijalva fue denunciado por abuso de autoridad, al reclamar en febrero último un predio ubicado en la zona 6 de Xela a nombre de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Proceso judicial

La próxima semana el juez pesquisidor deberá enviar sus recomendaciones a la Sala Quinta, luego de haber escuchado el testimonio de las partes.

El jefe edil argumentó que los procesos en su contra son por defender los intereses del municipio.

También vea: Agua contaminada seguirá llegando a viviendas de Siguilá, Quetzaltenango

Los jubilados exigen al alcalde Géronimo Martínez que les cancele cinco bonificaciones de Q700 cada una, las cuales no les han pagado con el argumento que la municipalidad no tiene presupuesto.

Con gorros y bufandas, apoyados en bastones y pese al frío, los jubilados aseguran estar cansados de no recibir el pago de sus bonificaciones, por lo que cada fin de año deben tomar medidas de hecho para hacerse escuchar.

Después de 30 años de  haber trabajado en distintas dependencias es el alcalde, según los afectados, quién no quiere pagarles lo que señala la ley.

Varios de los jubilados presentan quebrantos de salud, pero aún así hacen lo posible por sumarse a la protesta pues aseguran que no es justo lo que hacen con ellos…

También vea: Más de 800 niños han sido operados de labio leporino en Huehuetenango

Añadió que tres de sus guardias repelieron el ataque y él y sus cuatro acompañantes salieron ilesos del atentado.

“No puedo decir si es un ataque político o por otro motivo”, manifestó Corado, quien dijo que no ha recibido amenazas.

Al consultarle si buscará su cuarta reelección, el funcionario dijo que debido al atentado que sufrió el miércoles último, aún no sabe si participará en la próxima contienda electoral.

Corado dijo que el incidente lo denunció en la Policía Nacional Civil y que este jueves también pondrá la denuncia en el Ministerio Público.

Afirmó que reforzará su seguridad y tomará otras medidas para resguardar su integridad.

Segundo atentado

El jefe edil recordó que hace seis años también sufrió un atentado en la ruta entre El Adelanto y la ciudad de Jutiapa.

En esa ocasión también salió ileso y denunció lo sucedido ante las autoridades correspondientes.

Lea también

Escucha telefónica implicaría a alcalde de Las Cruces en un ataque armado

Alcaldesa de San Cristóbal Acasaguastlán, sufre ataque armado en su casa

Los transportistas agotaron la paciencia, y es por eso que cerrarán la municipalidad, exigiendo al alcalde municipal que les pague la deuda.

Uno de los funcionarios indicó que los inconformes no cuentan con un documento legal para exigir, los camioneros contradicieron la opinión e indicaron que cuenta con un documento que los ampara.

No es la primera manifestación

El pasado 5 de noviembre los transportistas realizaron una manifestación pacífica, debido a no tener ninguna respuesta por parte de las autoridades decidieron realizar el cierre de la municipalidad, el día de mañana.

Según los pilotos el alcalde les debe más de 900 quetzales por pago municipal de unos trabajos.

También vea: Alcalde de Santa Cruz de Quiché buscará su reelección con la Une