Albio Sires, representante de Nueva Jersey en el Congreso de EE. UU., mostró preocupación por las amenazas que ha sufrido el juez Miguel Ángel Gálvez e instó al Gobierno de Guatemala que garantice su protección para que pueda continuar con su labor.

“El juez Miguel Ángel Gálvez busca justicia para las víctimas de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial. Pido al gobierno guatemalteco que lo proteja para asegurar que pueda seguir con este trabajo crucial a la luz de las amenazas contra su vida”, escribió el congresista Sires en su cuenta de Twitter.

El mensaje del congresista fue acompañado de una nota de prensa en la que se describe el hostigamiento del cual ha sido víctima el juzgador, quien ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto.

El juez Gálvez fue víctima de amenazas tras su decisión la semana pasada de enviar a juicio a nueve militares y policías en condición de retiro por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Las amenazas en contra de Gálvez fueron confirmadas el lunes pasado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien visitó al juez para manifestarle su “solidaridad”.

Además, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por Gálvez. “Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Tanto la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad como Rodas recordaron que el juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gálvez dijo el lunes, en declaraciones divulgadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que “son momentos difíciles” los que vive “y la situación en Guatemala está bastante sensible”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el Estado de Derecho”.

Gálvez envió a juicio el pasado 6 de mayo a nueve militares y policías retirados por el caso denominado “Diario Militar”, acusados del asesinato y la desaparición de más de 195 personas durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996).

Dicho enfrentamiento armado, uno de los más sangrientos de Latinoamérica, dejó más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

Los crímenes documentados en el Caso “Diario Militar”, de acuerdo con las investigaciones, se registraron durante el régimen de facto que presidió el general Óscar Humberto Mejía Víctores entre 1982 y 1986.

Al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales anticorrupción y jueces, se encuentran actualmente exiliados debido a que han denunciado ser víctimas de una persecución judicial por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras.

La fiscal general fue sancionada en septiembre de 2021 con la remoción de su visa por parte de Estados Unidos, que la acusó de “obstruir” la justicia en caso de alto impacto en Guatemala.

https://twitter.com/RepSires/status/1525152976607772672?s=20&t=IBXRwDurKyMSu–Q6DN_uA

Con información de EFE

Sires, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, encabezó una audiencia del “subcomité sobre las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica” y, al cierre de una intervención, se refirió al mandatario, según la transcripción de su intervención divulgada en sus redes.

El legislador señaló que en las últimas semanas “los funcionarios del Gobierno salvadoreño han intentado desacreditar a miembros individuales del Congreso de los Estados Unidos o utilizar la desinformación para tergiversar los puntos de vista de los miembros individuales”.

Indicó que “esta campaña para manipular la percepción pública ha sido respaldada por millones de dólares en pagos a cabilderos estadounidenses” y que miembros del Congreso “están recibiendo amenazas de muerte y hostigamiento como resultado”, sin precisar la forma en que han sido amenazados.

“Recientemente, se intensificó hasta el punto de que el jefe de estado de El Salvador instó a los electores de un miembro del Congreso a votar para sacarla de su cargo y difundió teorías de conspiración apoyadas por sus oponentes políticos”, indicó Sires.

El pasado 1 de abril, tras intercambiar mensajes públicos en Twitter con la congresistas Norma Torres, Bukele pidió a los latinoamericanos en Estados Unidos no votar por ella.

“Espero que todos mis hermanos salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, dominicanos, venezolanos y todos los latinoamericanos del Distrito 35 de California NO VOTEN por @NormaJTorres (Norma Torres)”, publicó el mandatario salvadoreño.

El actual período de Torres concluirá en enero de 2023 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se vota cada 2 años y cuyos miembros serán renovados en noviembre de 2022.

Esta no es la primera vez que el mandatario salvadoreño tiene una confrontación en las redes sociales con congresistas de Estados Unidos.

“Esta es una interferencia electoral extranjera. Si continúa, lo enfrentaremos como una amenaza a la seguridad nacional para Estados Unidos”, advirtió Sires.

En noviembre de 2020, el mandatario acusó a 12 congresistas estadounidenses, sin aportar pruebas, de seguir órdenes del filántropo George Soros, después de que uno de ellos respaldara los allanamientos realizados por la Fiscalía en diferentes oficinas gubernamentales.

De acuerdo con analistas consultados por Efe, El Salvador y Estados Unidos se encuentran en una etapa de reajuste de sus relaciones tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

En una declaración conjunta, también abogaron por la protección de jueces, fiscales y derechos humanos en Guatemala.

“Desde hace mucho tiempo, como defensores de una mayor seguridad y prosperidad en Guatemala, instamos a los candidatos presidenciales del país a apoyar públicamente el restablecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) después de que expire su mandato en septiembre”, resaltaron los legisladores en una declaración.

Agregaron: “Creemos que es imperativo que ambos candidatos se comprometan públicamente a proteger y fortalecer la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) dentro de la Oficina del Fiscal General. También instamos a ambos candidatos a pedir públicamente una mayor protección para todos los fiscales, jueces y defensores de derechos humanos locales e internacionales que han estado a la vanguardia de la lucha contra la corrupción en Guatemala”.

“La Cicig y la Feci han descubierto el abuso a gran escala de los recursos públicos por parte de funcionarios de alto nivel y, en el caso de la Cicig, obtuvieron el apoyo de más del 70 por ciento de los guatemaltecos. Al fortalecer el sistema de justicia guatemalteco, la Cicig y la Feci han ayudado a abordar las causas fundamentales de la migración de Guatemala a los Estados Unidos y han contribuido a una reducción sostenida en la tasa de homicidios del país”, concluye la declaración.

El 11 de junio, antes de la primera vuelta electoral, siete senados de Estados Unidos firmaron una declaración en la cual pedían a los candidatos el combate a la corrupción en Guatemala e incluso restablecer la Cicig.

Por medio de un comunicado el Representante Eliot L. Engel, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y el Representante Albio Sires, miembro destacado del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara en el Hemisferio Occidental, rechazaron la  declaración sobre la decisión del gobierno guatemalteco de denegar el reingreso al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez.

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Según lo indicado por Engel  y Sires “La decisión del gobierno guatemalteco de declarar al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, una amenaza a la seguridad pública y negarle el reingreso a Guatemala es otro golpe importante en la lucha del país contra la corrupción y la impunidad”.

Además de ello señalan que “La verdadera amenaza para la seguridad en el país es un gobierno guatemalteco que se niega a respetar el estado de derecho y protege los intereses de los corruptos sobre los del pueblo guatemalteco”.

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Amenazan al gobierno

Los congresistas en su comunicado también indican que van a tratar de reducir la asistencia de Estados Unidos a Guatemala si el gobierno no permite a CICIG y Velásquez hacer su trabajo de lucha contra la corrupción en el país.

“Instamos al presidente Morales a revertir su decisión desacertada. Si él no está dispuesto a hacerlo, el Congreso debe hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ajustar apropiadamente la asistencia de los Estados Unidos al gobierno de Guatemala “. Finaliza el comunicado de ambos congresistas estadounidenses. 

RM @RepEliotEngel and @RepSires on the Guatemalan government’s decision to deny International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) Commissioner Ivan Velasquez re-entry into the country: https://t.co/lZjFVe6MeX pic.twitter.com/BVdGVVUA4L

— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) September 4, 2018