Su declaración era un intento de defenderse ante la investigación de la que era sujeto por la trama Odebrecht. “Lo que tengo es absolutamente fruto de mi trabajo”, añadió.

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Sin embargo, después de estas afirmaciones, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar (10 días) para el exmandatario.

Y cuando llegaron a detenerlo en su casa en Lima, este miércoles, García se disparó en la cabeza y murió poco después en un hospital.

García, que gobernó de 1985 a 1990 y luego de 2006 a 2011, era uno de los cuatro expresidentes peruanos vinculados con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, además de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Pero ¿de qué se le acusaba exactamente?

Metro de Lima

La Fiscalía peruana investigaba a García por presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

Lo acusaba de recibir sobornos de Odebrecht para adjudicarle a la empresa brasileña la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima, en 2009, en su segundo gobierno.

Las autoridades sostenían que recibió parte de este soborno en forma de un pago de US$100.000 por una conferencia en Sao Paulo.

El resto de los sobornos los habría recibido a través de los exfuncionarios de su gobierno Luis Nava y Miguel Atala.

Medios peruanos informaron este mes que Nava supuestamente recibió alrededor de US$4 millones de la Caja 2 de Odebrecht.

Además, García estaba acusado de recibir aportes de Odebrecht para las elecciones presidenciales de 2006.

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A inicios de 2018, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, dijo a las autoridades peruanas que había entregado US$200.000 a la campaña de García, a través de Luis Alva Castro, otro miembro del APRA, el partido de ambos.

En noviembre de 2018 el Poder Judicial ordenó que se le impidiera al político peruano la salida del país por 18 meses.

Como respuesta, García solicitó asilo en la embajada de Uruguay en Lima, aduciendo una supuesta persecución política, pero en diciembre se lo negaron.

Desde entonces, el exmandatario enfrentó la investigación en su casa, en Lima.

Amplia trama

En 2017, Odebrecht declaró al Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 y obtuvo ganancias por US$143 millones.

Este periodo abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

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Sobre Toledo pesan dos pedidos de prisión preventiva por supuestamente recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht, para adjudicarle la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

Pero Toledo, que niega las acusaciones, se encuentra en EE.UU. y Perú ha pedido su extradición.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue ministro de Economía durante el gobierno de Toledo, cumple un pedido de prisión preliminar desde el pasado miércoles.

También se le acusa de recibir sobornos por la construcción de la Interoceánica durante la gestión de Toledo, cargo que él rechaza.

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Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, también están siendo investigados por supuestamente recibir US$3 millones de Odebrecht para la campaña presidencial de Humala de 2011.

Pero ambos enfrentan el proceso en libertad.

La excandidata presidencial Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva mientras la investigan por supuestamente recibir US$1 millón de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011, en la que perdió frente a Humala.

García que se debatía entre la vida y la muerte este miércoles en un hospital de Lima, tras dispararse un tiro en la cabeza en momentos en que era detenido, murió pese a los intentos de salvarle la vida.

El cerco de la investigación Odebrecht comenzó a estrecharse de manera apremiante sobre la figura de García a fines de año pasado, cuando fracasó en su intento de conseguir asilo en Uruguay para eludir la investigación de la fiscalía por supuesta corrupción.

En noviembre había ingresado a la embajada uruguaya en Lima, donde solicitó asilo alegando “persecución política”, pero Montevideo rechazó su pedido y al cabo de 16 días tuvo que marcharse a su casa.

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Fue la primera vez en una prolífica carrera política de cuatro décadas que el líder socialdemócrata peruano, hoy muy impopular en su país, enfrentó aprietos judiciales.

Nacido en Lima el 23 de mayo de 1949, su vida familiar fue igualmente azarosa. Padre de seis hijos de tres relaciones diferentes, también tiene un nieto. Estaba residiendo hasta el año pasado entre Lima y Madrid, donde vivía su actual pareja con su hijo menor.

 Profesión: sobreviviente

A pesar de la impopularidad que arrastró luego del desastre económico de su primer gobierno (1985-1990), ganó la presidencia nuevamente en 2006 al frente del APRA, el partido más antiguo y sólido de Perú.

En 2006 su reelección se pudo explicar porque tuvo como rival en segunda vuelta al militar nacionalista Ollanta Humala, identificado con el entonces gobernante venezolano Hugo Chávez.

García fue el mal menor, dijo entonces el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

Los analistas consideraron que su resurrección política se debió, además, a sus extraordinarias cualidades como candidato, que le permitieron contrarrestar los fantasmas de su primer gobierno y mostrarse como alguien más reposado y sin esos arranques impulsivos que llevaron a que alguna vez lo llamaran “Caballo Loco”.

“Sólo Dios y los imbéciles no cambian”, señaló García para reforzar su mea culpa y su metamorfosis al dejar de ser promotor de la intervención estatal en la economía y abrazar el libre mercado.

Su primera gestión había dejado una nación en una profunda crisis económica y moral. Su política económica estuvo marcada por un severo control del tipo de cambio, la estatización de la banca y una inflación anual de más de 7.600% en 1990.

Exilio y regreso

Por otro lado, la violencia terrorista del grupo maoísta Sendero Luminoso alcanzó sus picos durante su primer gobierno, que fue acusado tanto de ineficiencia como de excesos en la lucha antisubversiva, incluso con la formación de escuadrones de la muerte.

Pero estas acusaciones, al igual que los cargos de corrupción que quiso endilgarle el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quedaron en nada.

Perseguido tras el autogolpe de Fujimori en 1992, García pidió asilo en Colombia y luego en Francia, regresando a Perú en 2001 cuando todas las acusaciones en su contra habían prescrito.

En su segunda presidencia, de 2006 a 2011, se adaptó a la vigente economía neoliberal de la que había renegado en su primer gobierno y logró borrar los malos recuerdos que dejó.

No obstante, la sombra de la corrupción lo siguió persiguiendo, al igual que entonces.

Las encuestas venían mostrando en los últimos meses que Alan García es el político más impopular de Perú, con un rechazo de 80%.

“En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos” del exmandatario, y por “consideraciones estrictamente jurídicas y legales (…) no concedemos el asilo político al señor Alan García”, dijo Vázquez en rueda de prensa junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

“Había que dar una respuesta rápida”, señaló el mandatario, que se apoyó en la lectura de tratados de derecho internacional público para fundamentar su argumentación.

El canciller Nin Novoa recordó que García inició el trámite de pedido de asilo en base a la Convención de Caracas de 1954, y leyó uno de los artículos de ese tratado en el que, remarcó, se señala que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas” ante tribunales ordinarios competentes por “delitos comunes”.

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García, de 69 años, pidió asilo en la embajada uruguaya el 17 de noviembre luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país durante 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato para construir la línea uno del metro de Lima en su segundo mandato (2006-2011).

García es sometido a una investigación preliminar de la fiscalía pero aún no es un procesado. Tiene prohibida la salida del país, pero no tiene orden de arresto.

Alega ser víctima de una “persecución política” en su país.

Nin Novoa sostuvo que el gobierno uruguayo considera que “no (se) constituye persecución política tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos durante sus dos gestiones”.

“En consecuencia se ha instruido al embajador de Uruguay para que invite al señor Alan García a que se retire de nuestra representación diplomática”, añadió.

Ley y tradición

Vázquez, en su lectura, explicó que el país estaba obligado por ley y tradición a concederle el refugio político provisorio a García hasta tanto no decidiera definitivamente sobre su demanda.

El mandatario mostró el expediente de “más de mil hojas” que le fue enviado por las autoridades peruanas para argumentar contra la concesión del asilo a García.

El expresidente socialdemócrata peruano, que también gobernó en 1985-1990, abandonó la embajada de Uruguay luego de que Vázquez le negara el asilo que solicitó, dijo por su parte el canciller peruano Néstor Popolizio y confirmó el embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros.

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El presidente Martín Vizcarra y el Poder Judicial peruano habían negado que García fuera víctima de persecución política, mientras que organizaciones internacionales de derechos humanos habían declarado que su pedido de asilo era una “táctica para eludir la Justicia”.

La semana pasada, mientras García permanecía en la embajada uruguaya, la fiscalía peruana le abrió una nueva investigación por supuestas irregularidades en otra licitación pública.

Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para “facilitarle” a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.

Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.