Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, firmó un nuevo acuerdo con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. a poco más de un mes después de haber firmado el controversial acuerdo migratorio que se sigue discutiendo en Guatemala.

Degenhart y McAleenan coincidieron en la ciudad de Panamá en una cumbre que reúne a los responsables de la seguridad pública de Centroamérica y Estados Unidos.

El acuerdo firmado tiene el nombre de Cooperación para Prevenir y Combatir la Delincuencia y otras Amenazas a la Seguridad Pública.

“Entre los temas que se analizan están la seguridad en las fronteras, puertos y aeropuertos, delitos transnacionales, tráfico ilegal de personas, pandillas, tráfico ilegal de armas y narcotráfico”, informó el comunicado oficial del Ministerio de Gobernación.

El objetivo de la reunión es fortalecer el trabajo de seguridad conjunto, para reforzar las fronteras de los países participantes y así evitar delitos transnacionales.

Según las autoridades guatemaltecas, se trabaja también en cómo enfrentar el tráfico ilegal de armas, implementación de mejoras en fronteras, puertos y aeropuertos con el objetivo concreto de fortalecer y reforzar las coordinaciones de seguridad en las aduanas de los países participantes y así evitar delitos transnacionales.

El presidente Jimmy Morales se reunirá el lunes 15 de julio con su similar Donald Trump para firmar un acuerdo que, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, declararía a Guatemala como tercer país seguro, por lo que sería receptor de migrantes que soliciten asilo.

Ante esta posible declaración, los presidenciables Sandra Torres y Alejandro Giammattei se pronunciaron.

Sandra Torres, a través de su cuenta de Twitter, le exigió al presidente Morales no firmar el acuerdo.

Exijo @jimmymoralesgt que NO firme acuerdo con @POTUS que lesiona la soberanía que decía defender, ya que impone obligaciones económicas que no podemos asumir y desataría una crisis humanitaria.
¡Rotundamente nos oponemos a ser un 3er país seguro! #NoAl3erPaísSeguro

— Sandra Torres (@SandraTorresGUA) July 13, 2019

En el caso de Alejandro Giammattei, ayer en Chiquimula, les dijo a los medios de comunicación que Jimmy Morales no debe tomar la decisión de firmar un acuerdo que declare a Guatemala como tercer país seguro. Agregó que se debe hacer un llamado al Congreso para detener la discusión de ese convenio.

Eliot Engel asegura que acuerdo es ilegal

El congresista estadounidense Eliot Engel, asegura que firmar un acuerdo entre EE. UU. y Guatemala, para que este se convierta en un país que otorgue asilo a migrantes, es ilegal debido a que no obedece las leyes norteamericanas.

Engel afirmó que además de ser peligroso que se firme ese acuerdo, es ilegal debido a que Trump “no tiene autoridad constitucional independiente para negociar y concluir tales acuerdos. Más bien, esa autoridad debe fluir desde y ser ejercida de conformidad con un estatuto aprobado por el Congreso”.

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Esta aclaración la hizo el congresista, miembro del comité de Asuntos Exteriores, a través de una carta enviada a los secretarios de Estado, Mike Pompeo y al interino de Seguridad Nacional, Kevin Mcaleenan.

Amnistía Internacional: “Guatemala no tiene las condiciones para ser tercer país seguro”

Juliana Cano Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional, habló sobre la posibilidad de que Guatemala sea declarado como un lugar apto para darles refugio a migrantes, algo que se considera poco realista.

La principal razón es que el país tiene un sistema de asilo bastante débil. Las leyes vigentes en Guatemala para temas de asilo tienen vacíos que no permiten un proceso claro que distinga entre la gente que busca protección por razones de violencia o situaciones de grave peligro o gente que está migrando por otras razones.

Otra razón es que Guatemala no es un país seguro. El fundamento de un país seguro es que las personas que están buscando asilo puedan estar en un lugar donde no haya peligro y hay varios informes que demuestran que Guatemala no es un país seguro.

Las autoridades indígenas de Cotzal, señalaron que a partir de una orden de la Corte de Constitucionalidad se creó el gabinete de pueblos indígenas en el 2014. Su propósito era dirigir la consulta al pueblo Maya Ixil sobre el caso “línea de transmisión Chixoy II”.

Pero el 15 de enero de este año,  Jimmy Morales derogó el acuerdo gubernativo 117-2014 con lo que según líderes comunitarios se desobedeció una orden de la CC.

El acuerdo gubernativo 11-2019 crea el gabinete específico de desarrollo social para apoyar una consulta de orden territorial.

Las autoridades indígenas señalaron que con el acuerdo gubernativo que daba vida jurídica al gabinete de pueblos indígenas derogado se rompe el proceso de consulta al pueblo indígena Maya IAxil.

Comunitarios dijeron que estarán alertas sobre las acciones que el gobierno emprenda en sus territorios.

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“Enfrentándose a una investigación criminal, el presidente de Guatemala ha decidido destruir el Estado de Derecho para salvarse a sí mismo”, afirmó la congresista estadounidense, Norma Torres.

Morales ha “mantenido un patrón de comportamiento que ha socavado el sistema de justicia de Guatemala y ha llevado al país al borde de una crisis constitucional”, agregó y se comprometió a seguir apoyando a los guatemaltecos en su lucha por la justicia.

“Como miembro de la cámara de los representantes haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar la responsabilidad de los funcionarios corruptos del Gobierno que han vendido su país”.

El Presidente de la República no está por encima de la ley. El acuerdo de @CICIGgt es una ley interna. El accionar del Presidente transgrede la ley. Una vez más el @MPguatemala y la @CC_Guatemala tienen la responsabilidad trascendental de restablecer el Estado de derecho.

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) January 8, 2019

Rechazamos rotundamente las acciones ejecutadas por el Gobierno de Guatemala @jimmymoralesgt, al querer desarticular el trabajo de la @CICIGgt, con la finalidad de favorecer y mantener la impunidad de los grupos económicos y políticos que han corporativizado la corrupción.

— Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) January 7, 2019

@CC_Guatemala debe ordenar la destitución INMEDIATA de @sandrajovel6.
Ahora ya no hay lugar para grises, decisiones a medias ante tan clara insubordinación a la ley y desobediencia a la máxima corte del país.

El tema ya no es CICIG, aquí el tema es el país y no podemos perderlo.

— #UsacEsPueblo (@UsacEsPueblo) January 7, 2019

Momentos históricos para Guatemala: La ciudadanía y la institucionalidad llamados a hacer prevalecer el Estado de Derecho sobre el pacto de corruptos. #FlorecerásGuatemala #NoAlMoralazo

— Thelma Aldana. Guatemala. (@ThelmaAldana) January 7, 2019

En flagrante violacion al Estado de Derecho Jovel ignora resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y atenta contra la separación de poderes. LAS RESOLUCIONES JUDICIALES SE ACATAN. Sus acciones tiene implicaciones penales, además de otras consideraciones. https://t.co/IlwmMNRLW4

— Claudia Escobar M. (@ClaudiaE_Jurist) January 7, 2019

Ya hace ratos el @MPguatemala debería haber accionado contra Jovel y Degenhart, al menos; la @CC_Guatemala debería haber destituido a estos dos, al menos.

Todas las acciones de estos funcionarios son ilegales e inválidas.

— Lucrecia Hernández Mack (@hernandezmack) January 7, 2019

¡Atentos! Es nuestro deber defender el Estado de Derecho ante esta #AcciónIlegal

Artículo 135 CPRG. Son derechos y deberes de los guatemaltecos (…)
los siguientes:
a. Servir y defender a la Patria
b. Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República (…)

— AEU (@AEU_OliverioCDL) January 7, 2019

El artículo 53 del Reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue modificado nuevamente por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esta vez para eliminar algunos requisitos para las personas que optarán a cargos de elección popular.

Anteriormente, el artículo establecía que para ser candidato se debía cumplir con certificados del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comunicaciones, Registro Mercantil y Contraloría General de Cuentas, con el fin de garantizar que ningún contratista del Estado se pudiera postular.

Los Partidos Políticos presentaron ante el TSE un memorial en el que solicitaban se tomara en consideración estos requisitos porque algunas instituciones no tenían la capacidad técnica ni legal de extender los certificados.

Ahora con la decisión de los magistrados, los candidatos solo deben presentar finiquito (para quienes han manejado fondos públicos) y antecedentes penales y policiacos.

Magistrada Mijangos cree que se debieron incluir más requisitos

En un voto razonado del acuerdo, la Magistrada María Eugenia Mijangos señala que dentro de los requisitos previos a la inscripción de candidatos a parte de los aceptados ya por el pleno de Magistrados se deben de haber admitido como tal los siguientes:

• Constancia o solvencia tributaria extendida por la SAT.
• Constancia del Registro Mercantil de no figurar como propietario individual o representante legal de empresa.

La Magistrada asegura en su voto que esas dos constancias son aconsejables pedirlas porque a través de ellas se está desarrollando lo estipulado en los artículos 113 y 164  de la Constitución.

Además advierte que al no incluir las constancias no se está contribuyendo a erradicar de alguna forma el conflicto de intereses que podrían tener algunos de los que se postulen a elección de cargo público.

Mario Taracena, representante de la UNE ante el TSE aseguró que era una decisión acertada porque las instituciones no iban a poder extender las constancias.

Mientras Fernando Linares del PAN dijo que se satanizaba a los contratistas del Estado.