Rigoberto De Jesús Ortega Jiménez, de 32 años, fue capturado en el caserío El Roblar, aldea La Paz, Jalapa, cuando abusaba de un menor de 12 años, en el interior de un moto taxi con placas M-373HWM, color rojo.

El menor manifestó que Ortega Jiménez, bajo engaños, hizo que se subiera al referido mototaxi, llevándolo a una parte oscura de ese caserío, donde fue descubierto en flagrancia; el niño fue trasladado a un centro asistencial para realizar los análisis de salud respectivos.

Según Unifec en Guatemala, cada día se reportan 23 casos de abuso sexual a niñas y adolescentes y nacen 6 bebés de niñas menores de 14 años producto de una violación. Muchos abusos y violaciones no se denuncian y quedan en la impunidad.

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Guatemala representa el 9% del total de casos reportados a la fecha se tienen 9 mil 843 víctimas de este hecho.

El portal del Ministerio Público muestra que diariamente se reciben 225 denuncias por delitos relacionados con los menores de edad.

La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de vecinos, capturó Junior Estuardo Pérez Arriola, de 34 años, en la 2a avenida C y 2 calle de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, sindicado de abusar de una menor de 13 años, a la que contactó por medio del videojuego Free Fire.

Según el reporte de la PNC, Pérez Arriola utilizó el videojuego Free Fire para contactar a la menor de edad y luego de un tiempo llegó a un acuerdo con ella para encontrarse en persona.

Agrega que cuando la menor llegó al punto indicado, Pérez Arriola la introdujo a un vehículo y se la llevó a un lugar desolado, donde aprovechó para tocarla en partes íntimas.

Los vecinos y las autoridades lograron dar con la persona y la detuvieron, mientras que la menor fue resguardada.

La PNC hace un llamado a los padres de familia para que estén atentos a la forma en la que los menores de edad usan los juegos en línea y que los orienten sobre los riesgos que corren al contactad con desconocidos y acordar verse en persona, como en este caso.

Medios mexicanos informaron que Yatziri falleció tras cuatro meses de permanecer en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital General de la zona, luego que sus padres y su madrastra fueran capturados tras maltratarla y abusarla sexualmente.  La menor de siete años había pedido a los médicos que no la curaran, porque no quería volver con sus padres.

Desde que inició la investigación contra los detenidos, un tío de la pequeña se encuentra fugado.  Él fue acusado de abusar sexualmente de la niña.  Esta no fue la primera vez que Yatziri ingresaba al hospital; en otras ocasiones hizo lo mismo con quemaduras que provocaron que los médicos le realizaran un injerto.

La pequeña había perdido un pulmón y tenía hemorragias internas en el estómago por los golpes que recibió por años de sus agresores.  El pasado 28 de diciembre, la menor falleció debido a un fallo multiorgánico.

El cardenal polaco Henryk Gulbinowicz, sospechoso de abusos sexuales y recientemente impedido por el Vaticano de ejercer su ministerio, falleció el lunes a los 97 años, anunció el episcopado polaco en un lacónico comunicado.

El cardenal, a quien el Vaticano prohibió el uso de insignias de obispo, no podrá tampoco ser enterrado en una catedral, según la decisión anunciada hace diez días, tras una investigación sobre las acusaciones de las que era objeto el prelado.

Lea más: Vaticano dice que palabras del papa Francisco sobre personas del mismo sexo fueron sacadas de contexto y no cambian doctrina

Henryk Gulbinowicz fue acusado en Polonia de haber abusado en 1989 de un menor de 15 años, de haber protegido a un sacerdote acusado de pedofilia y de no haber informado a la Santa Sede sobre otro sacerdote condenado por pedofilia.

Nombrado cardenal por Juan Pablo II el 25 de mayo de 1985, Henryk Gulbinowicz era arzobispo emérito de Wroclaw (sudoeste de Polonia) desde abril de 2004.

Horas después, su cuerpo sin vida fue encontrado a pocos metros de allí, abandonado en una esquina de la calle.

Sucedió en Bolivia el pasado 5 de julio. Poco después se supo que la niña de 9 años no solo había sido asesinada, sino también violada.

• La violación colectiva de una menor indígena a manos de un grupo de soldados que sitúa al Ejército de Colombia en el centro de un nuevo escándalo

La indignación de los vecinos del barrio humilde de la ciudad de El Alto (vecina de La Paz) que encontraron a la menor tirada en el suelo pronto se convirtió en muestras de repudio en el resto del país e incluso declaraciones de parte del gobierno exigiendo máximas sanciones para el o los responsables.

Pero la fatalidad que le tocó pasar a Esther no es una excepción en ese país (ni en Latinoamérica).

Así se lo señala a BBC Mundo la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en Bolivia, Celia Taborga, quien explica que el caso de la niña asesinada en El Alto es una muestra de la vulnerabilidad que sufren muchas niñas y adolescentes en ese país sudamericano.

Una situación de inseguridad que por las cuarentenas por la pandemia del coronavirus se incrementó al punto de que las menores, en palabras de Taborga, “están obligadas a convivir con sus abusadores”.

El hecho

La ira de los vecinos de la familia de Esther llegó a tal punto que cientos de ellos cercaron una casa donde se creía que estaba uno de los autores del doble crimen.

La niña vivía con su madre y dos hermanas menores en un inmueble en el que se alquilan pequeños apartamentos o cuartos.

• El asesinato de una mujer frente a sus hijos que indigna a Colombia

Dos días después del asesinato, el atacante fue capturado gracias a que una niña de 12 años, que dijo haber visto cómo lanzaba el cuerpo de la víctima, lo identificó.

El sospechoso, Zenon M., fue sentenciado el jueves a 30 años de prisión, la máxima pena en Bolivia, después de confesar que asesinó a Esther con ayuda de un cómplice.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, confirmó la noticia en su cuenta de Twitter:

Condenan a 30 años de cárcel sin derecho a indulto al asesino confesó de niña Esther pic.twitter.com/5m7RTn72nU

— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) July 9, 2020

Días antes, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había pedido a la justicia de su país que no descansara hasta lograr una sentencia contra el/los culpables.

La mandataria felicitó a la policía por la “rápida aprehensión del principal sospechoso de la violación y asesinato de la niña Esther en la ciudad de El Alto”.

• La presidenta de Bolivia da positivo en una prueba de coronavirus

El estudio forense determinó que Esther murió por estrangulamiento y que había sufrido abusos sexuales con anterioridad al día de su muerte.

Existen otros tres detenidos que son procesados por complicidad y encubrimiento de lo sucedido.

El peligro en la cuarentena

Desde que se supo lo sucedido con la niña, el caso recibió amplia cobertura en medios y despertó extendidas muestras de rechazo desde diferentes sectores de Bolivia.

En criterio de Celia Taborga, de Unfpa, varios casos similares pasan inadvertidos e incluso no llegan a registrarse.

“Hay un subregistro, no solo por la cuarentena, sino porque la violencia sexual no es algo que se denuncie siempre. Realmente no podemos saber cuánto será el tamaño de la violencia sexual que sufren las niñas en Bolivia”, indica.

La funcionaria del organismo internacional, citando datos del sistema de salud boliviano, indicó que en lo que va de 2020 y en medio de las cuarentenas, en Bolivia se registra un promedio de cuatro embarazos de menores de 15 años de edad por día.

“Y eso solo son los casos de abusos sexuales que terminan en embarazo. Más del 90% de estos casos son producto de violación, no son embarazos buscados, es violencia sexual. ¿Y, además, qué pasa con las que no se embarazan?”, plantea.

• “La violación ha tenido el objetivo de recordar a las mujeres su posición de sumisión”

El gobierno boliviano decretó la cuarentena a mediados de marzo para contener la expansión del coronavirus y en las últimas dos semanas se han ido flexibilizando algunas restricciones en determinadas ciudades pese a que la cantidad de contagios confirmados por día no deja de aumentar.

“Por la cuarentena, las menores están viviendo con sus violentadores. Están encerradas con sus violadores”, advierte Taborga.

La experta añade que el problema no solo es para niñas y adolescentes, sino para las mujeres en general.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES

La Fiscalía General de Bolivia informó que solo en los dos primeros meses de la cuarentena se registraron 2.935 casos de violencia contra la mujer entre agresiones, violaciones, estupro y violaciones a menores.

La entidad reconoció que las cifras pueden ser mucho mayores dado que es probable que “debido a las medidas de emergencia sanitaria, las víctimas no pudieron hacer efectiva la denuncia“.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2019, Bolivia era el país en el que más mujeres eran asesinadas en Sudamérica.

Y las cifras del primer semestre de 2020 (53 asesinatos) superan a las del mismo periodo del año anterior.

El dilema detrás del caso de Esther

En medio de los mensajes de repudio por lo sucedido, surgieron algunas voces que cuestionaron a la madre de la niña por dejarla sola con su hermana pequeña, pero fueron minoritarias y ampliamente criticadas por el resto.

La familia de Esther, como casi el 60% de Bolivia, vive del trabajo informal.

Y fue una de las muchas que casi se quedó sin ningún ingreso durante las largas semanas que duró la cuarentena rígida.

Por ello fue que el levantamiento de las restricciones significó para muchos comerciantes y vendedores ambulantes una oportunidad de recuperar algo de lo perdido.

Entre ellos la mamá de Esther, que este último domingo salió a vender fruta aún a riesgo de contagiarse de coronavirus, porque esa era la única forma con la que mantenía a sus hijas.

Se trata de Cristian Iván González Castro, de 32 años, quien tenía vigente una orden de captura.

Le puede interesar

El virus que te graba cuando ves pornografía

Autoridades los señalan del delito de posesión de material pornográfico infantil con agravaciones específicas.

La Policía Nacional Civil informó que cuando los agentes identificaron al detenido, constataron que era requerido por un Juzgado.

González fue puesto a disposición de las autoridades para que solvente su situación legal.

Caso similar

El 2 de noviembre del 2018, un guardia de seguridad del Ministerio Público (MP) fue detenido por haber compartido por celular un video de pornografía infantil.

Según la Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, el detenido fue señalado por el delito de comercialización o difusión de material pornográfico de personas menores de edad.

Eduardo es el protagonista de esa triste historia que ha entristecido a la comunidad y a las autoridades del condado de Monroe.

De acuerdo con medios locales, toda la agonía del niño fue grabada en video y en fotos.

Luis Posso, de 33 años, padre del niño, y su esposa Dayan Median Flores, 26, que podrían enfrentar cargos por asesinato.

El niño fue hospitalizado, pero murió pocas horas después. Tenía moretones, solo pesaba 50 libras y no tenía grasa corporal.

De acuerdo con el jefe de la policía local, Brad Swain, el niño sufrió una muerte lenta y dolorosa.

En el celular de Posso había videos cuando Pablo estaba sujetado a la bañera y los otros miembros de la familia usaban el servicio sin prestarle atención. Las autoridades encontraron látigos, cadenas y candados.

También había una fotografía de Posso junto a Eduardo atado.

En su defensa, la pareja ha dicho que el niño no estaba privado de alimentos y lo maltrataba físicamente porque se portaba peor que los otros tres hijos que tiene.

Ambos trabajan como promotores de un circo en todo Estados Unidos.

“No puedo pensar en otro caso como éste en 30 años, va más allá de todo aquello en lo que he trabajado”, deploró Swain.

Por Claudia Acuña y Cristian I.Soto

Por orden el juzgado de Niñez y Adolescencia de Mazatenango y con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) , fueron detenida 10 personas: tres están señaladas por trata de personas; una, solo por violación; y seis, por violación y actividades sexuales con personas menores de edad.

Los aprehendidos son Adelina Osorio García, de 67 años y abuela de las víctimas; Glondy Fabiola López Castillo y Jengly Marisol Osorio, mamá y tía de las niñas; señaladas de trata de personas y actividades sexuales remuneradas.

Además, Erick Francisco Mazariegos Castro, Arístides Lorenzo Castillo López, Byron René López Castillo, Daniel Eduardo Osorio Guillen, Adelina Osorio García, Vicente Rafael Sánchez de León y Héctor Manuel Jerez Lara, este último tenía orden de captura vigente por violencia contra la mujer.

En la cárcel de Suchitepéquez fue notificado el reo Erick Francisco Mazariegos Castro, de 43 años, quien guarda prisión por otro delito, sobre su vinculación con este caso por el que tiene orden de captura.

Durante los operativos en la colonia Santa Marta fueron rescatados dos menores de edad: un niño de 6 años que fue entregado a su papá, quien llegó por él al lugar y una niña, 13, trasladada en un picop estatal a un hogar de niñas en Mazatenango.

De acuerdo con el fiscal de Trata, Mynor Pinto, el caso comenzó en septiembre del 2016 con el rescate de las tres niñas víctimas, en un operativo de la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual se les resguardó.

>Le podría interesar: Muralista japonés plasmó la historia de las víctimas de la erupción del Volcán de Fuego

Unos meses después, la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez recibió la denuncia por la vulneración de varios menores y por la especificación de los delitos señalados el caso se trasladó a la Fiscalía de Trata, en la capital.

Cuando las niñas fueron entrevistadas tenían 11, 13 y 15 años de edad e indicaron a las autoridades que fueron llevadas a la casa de su abuela, en donde fueron captadas por  su mamá y tía, para explotarlas sexualmente, informó Pinto.

De acuerdo a la investigación, la intención de las mujeres era obtener ganancias económicas. Al inicio, les exigían a las niñas una cuota diaria de Q50 por medio de ventas que las obligaban a hacer y si no cumplían con el monto establecido las golpeaban.

Pero ese dinero no era suficiente para las mujeres, por lo que las presuntas tratantes decidieron explotar a las niñas de forma sexual y “agenciarse” de más ingresos, según el expediente.

Las señaladas ofrecían los servicios sexuales de las niñas a hombres adultos y las trasladaban a autohoteles o a viviendas de Mazatenango. El dinero se quedaba en poder de las mujeres, determinó la pesquisa.

>También lea: Lachuá agoniza por acciones de invasores

De acuerdo con Pinto, la Fiscalia ha realizado investigación de trata como fenómeno criminal y ha determinado que existen casos en los que en las mismas circunstancias familiares han sido explotadas sexualmente varias menores.

La Fiscalía de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público (MP) le presentó las pruebas al Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio en contra de William Giovanni Valenzuela Solís, a quien no le importó la edad de sus víctimas, a quienes violó una de ocho y otra de nueve años.

El Tribunal resolvió dictar sentencia condenatoria de 16 años y cuatro meses de privación de libertad inconmutables a Valenzuela Solís.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Maestro de primaria es condenado por violar a una niña dentro de una escuela en Quiché

Los Fiscales demostraron que Valenzuela cometió los delitos de violación con agravación de la pena en contra de una niña de nueve años de edad; mientras que en contra de su víctima de ocho años de edad se demostró que cometió el delito de agresión sexual.

La Fiscalía le presentó al Tribunal las pruebas documentales, testimoniales e informes médico forenses y los psicológicos que fueron validados. El tribunal programó la audiencia de reparación digna para el 16 de agosto de 2018.

Este procedimiento es parte de un operativo llamado Alerta América, el cuál se realiza de forma simultánea en Argentina, Paraguay y El Salvador, donde sí se han capturado personas.

Por el momento en Guatemala se han secuestrado indicios e información de los involucrados, quienes han recibido, poseído y difundido material pornográfico de menores de edad utilizando redes sociales. No hay ninguna captura a esta hora, aunque se advirtió que podría darse alguna en flagrancia.

#OperativoAlertaAmérica
En inmueble allanado en #SantaCatarinaPinula se localiza equipo de cómputo, un teléfono celular y memorias de almacenamiento de datos, con posible contenido de pornografía infantil. pic.twitter.com/Y2bCcVkg7t

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 18, 2018

En la coordinación del #OperativoAlertaAmérica, el MP contó con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), por medio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). pic.twitter.com/cY8q0iMZat

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 18, 2018

Antecedentes

Estas diligencias se desarrollan luego de la investigación que realizó la Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas, tras la captura de dos pedófilos.

El primero, José Ricardo Cabrera Von Raynt, detenido en zona 5 de la ciudad de Guatemala, el  28 de julio de 2016 por los delitos de posesión y distribución de material con contenido de abuso sexual infantil. Cabrera fue condenado el 22 de mayo del año pasado a 6 años de prisión incomutables y multa de Q50 mil.

También Samuel Moisés González Arriola, detenido en Chinautla, Guatemala, en enero de 2017 por los delitos de posesión y distribución de material con contenido de abuso sexual infantil. Fue condenado el 11 de abril de este año a 8 años de prisión inconmutables y Q500 mil de multa.

Gracias a estas detenciones y condenas, se logró obtener los dispositivos de ambos que poseían material pornográfico infantil distribuido por mensajería instantánea de redes sociales a contactos de otros países. Tanto Cabrera como González, almacenaban y compartían vídeos, fotografías y conversaciones, lo que permitió detectar la posible participación de otras personas en estos hechos ilícitos.