El Ministerio Público (MP) le imputó este jueves 8 de febrero varios delitos a un segundo grupo de señalados en el caso Toma Usac: Botín Político, en una audiencia de primera declaración que fue convocada por el juez Décimo Penal Víctor Cruz.
En total son ocho las personas señaladas, pero el MP solo le imputó cargos a seis de ellas, debido a que la audiencia se reprogramó para el 13 de febrero próximo.
Durante la audiencia, el fiscal Saúl Sánchez le imputó los hechos y delitos por los que se vinculó a Hada Marieta Alvarado Beteta, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Kevin Alexander Junior Carrera Vielman, Juan José García Marroquín, Miguel Ángel Vásquez Rodríguez y Paulo Roulet Pellecer
Mientras que Cindy Gabriela Dávila Morales y Andrea Nicole Prera de León quedaron pendientes de ser imputadas, por lo que para la próxima audiencia el MP continuará con el proceso.
A todos se les había girado orden de captura por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición, pero esa medida fue revocada, aunque la sindicación continúa por parte del MP.
El fiscal señaló al juez que la próxima semana presentará videos y fotografías para ampliar la acusación.
Además, en su argumentación el fiscal hizo alusión a que los partidos políticos Winnac, MLP, Voz y Movimiento Semilla utilizaron el cierre de la Usac como una plataforma para promocionar sus imágenes.
Quedan libres
El pasado 25 de noviembre, el juez Cruz benefició con libertad condicional a otros seis sindicados en el caso Toma Usac: Botín Político, por lo que abandonaron la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, donde estaban detenidos.
La decisión del juzgador tuvo lugar en una audiencia de primera declaración que se extendió por más de 12 horas y donde se decidió abrir un proceso penal por usurpación y depredación de bienes en contra Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.
El caso
De acuerdo con el MP, en el 2022 la Universidad de San Carlos presentó denuncia por la “toma ilícita” de las instalaciones. Posteriormente, en el 2023, colocó otra denuncia por los daños causados a las instalaciones de dicha casa de estudios.
El MP señala que, en seguimiento a la investigación, “se solicitó ante juez competente la realización de diversas diligencias en calidad de anticipo de prueba”, lo que permitió documentar “los daños ocasionados” a las instalaciones de la Universidad de San Carlos durante los 385 días que estuvo tomada.
La Fiscalía agregó que esas diligencias permitieron establecer un daño patrimonial estimado al menos en Q90 millones, asimismo, “se determinó que existió vandalismo, por ejemplo, la quema y robo de vehículos, sin dejar de lado los servicios sociales que la universidad dejó de prestar a la sociedad guatemalteca debido a esta situación”.
Además, refirió que, en el 2010, la Universidad de San Carlos fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes.
También señaló que, como parte de las investigaciones, el MP solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses un peritaje lingüístico, “el cual no es definitivo ni desvanece los demás elementos de investigación recabados, ya que el alcance es escueto y limitado y no responde a lo solicitado por el ente investigador, ni cuenta con un enfoque criminalístico”.
Agrega que, dentro de la investigación fueron autorizados 31 allanamientos y 27 órdenes; además, se plantearon varias solicitudes de retiro del derecho de antejuicio conta varios funcionarios, entre ellos el entonces presidente electo Bernardo Arévalo y la entonces vicepresidenta electa Karin Herrera.
Asimismo, el MP detalla que con esta investigación se estima que, 250 mil estudiantes fueron perjudicados directamente al no poder recibir clases ni realizar trámites administrativos en la casa de estudios durante más de un año, por lo cual, “los estudiantes afectados también presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos”.
