Las organizaciones del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica condenaron este martes 17 de octubre la “violencia homicida” contra manifestantes en Guatemala.
“Condenamos la violencia homicida en contra de manifestantes en Guatemala”, indicaron en un comunicado de prensa compartido en San Salvador y señalaron que el 16 de octubre se registró el asesinato de la primera persona manifestante en Guatemala, producto del ataque armado propiciado por sujetos desconocidos en contra de población civil”.
Agregaron que “es una muestra de la escalada de violencia que existe en el país en contra de quienes, amparados en su derecho de libertad de reunión pacífica y manifestación, piden la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras”.
Apuntaron que las demandas de la población son “resultado de las ilegalidades cometidas en sus funciones, las cuales buscan dejar sin validez el proceso electoral actual”.
De acuerdo con el Equipo Regional, “el ataque armado en Malacatán no es el único ocurrido en contra de la población organizada, desde la agudización de las jornadas de protestas pacíficas”.
“Se han conocido otros intentos de intimidación y amenazas a la vida de manifestantes en Zaragoza en Chimaltenango, donde autoridades ancestrales denunciaron ataques con arma blanca, también en carretera a El Salvador, Cobán, San Pedro Carchá, entre otros”, advirtieron.
Reafirmaron su “repudio a los hechos violentos en contra de la ciudadanía manifestante, por exigir se respete la voluntad popular y se destituyan de los cargos a quienes promueven la corrupción e impunidad”.
Cientos de indígenas de Guatemala cumplieron este martes 16 días de bloqueos y manifestaciones en todo el territorio para exigir la renuncia de Porras, pese a incidentes violentos y amenazas de represión en algunas carreteras.
Por su parte, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó los actos de violencia contra las protestas y adjudicó la responsabilidad a la fiscal general.
Desde inicios de septiembre, Arévalo advirtió públicamente que la fiscal Porras encabeza un intento de “golpe de Estado” para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
