El Ministerio Público (MP) dio a conocer que solicitó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una “debida ejecución de amparo”, acción con la cual pretende que las autoridades del Organismo Ejecutivo cumplan con un amparo que recientemente otorgaron dichos magistrados.
Aunque la información de la Fiscalía no especifica a qué amparo se refiere, recientemente la CC otorgó uno de forma provisional a las cámaras empresarias agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) para que se desalojaran los bloqueos.
En dicha resolución del pasado 4 de octubre, los magistrados ordenaron al presidente de la República, Alejandro Giammattei, al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Manfredo Ardiano López, a despejar los bloqueos de carreteras en el país.
Autoriza a utilizar la fuerza pública “cuando sea absolutamente necesario y en casos excepcionales”, cuando la manifestación ya no sea pacífica y haya indicios claros de amenaza inminente de violencia grave.
El recurso fue presentado por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y también va en contra del presidente, el ministro de Gobernación, el director de la PNC y se agrega al procurador General de la Nación.
En la petición, el MP pide que se ordene a las mencionadas autoridades “que den efectivo cumplimiento al amparo provisional otorgado en su momento por dicha Corte, debiéndose tomar todas aquellas medidas necesarias para tal ejecución, a efecto de preservar el orden público y la coexistencia con otros derechos que asisten a la población”.
Añade que, en caso de incumplimiento de dicho amparo se certifique lo conducente conforme lo establece la ley.
Las protestas que piden la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana llevan ya siete días. Este domingo se produjeron más de 80 en todo el país.
Prensa Libre pidió una postura a la Presidencia y al Ministerio de Gobernación, pero hasta el momento no se han pronunciado.
