“Cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales, entonces no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, entonces a cualquier persona se le tiene que garantizar este derecho”, expresó el mandatario en su rueda de prensa diaria.
López Obrador confirmó que el abogado del Chapo, condenado a cadena perpetua en 2019 por un tribunal de Nueva York, “presentó una solicitud por medios electrónicos” en la Embajada de México en Estados Unidos el pasado 10 de enero.
Su abogado, José Refugio Rodríguez, ha declarado a medios que el narcotraficante pidió hablar con López Obrador para comunicarle el trato que recibe en la cárcel de Colorado en la que está y plantearle la posibilidad de su traslado a México.
Este asunto ya “lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores”, informó el presidente.
“El encargado de América del Norte ya está viendo este asunto y sí lo vamos a revisar”, expuso.
“Nada más hay que ver si procede o no procede, si tenemos, como lo menciona (el canciller) Marcelo (Ebrard), nosotros posibilidad de hacerlo”, añadió.
La defensa del Chapo ha argumentado que al detenido “no le pega el sol, la comida es de pésima calidad, y no hay salud, además de que recibe un trato desigual al resto de reos y que desde el pasado marzo solo ha hecho seis o siete llamadas a sus familiares y abogados.
Ante estos alegatos, López Obrador comentó que “siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos” pese al historial criminal de Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
“Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos, pero no podemos decir ‘no’ así, se tiene que argumentar”, concluyó.
Antes de su extradición a Estados Unidos, el Chapo se fugó en 2015 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como el penal de Almoloya, ubicado en el Estado de México.
Ahí está recluido su hijo Ovidio Guzmán, detenido el pasado 5 de enero y sobre quien también pesa una orden de extradición de Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes.
