El juicio por el caso La Línea está a punto de llegar a su final y el Tribunal de Mayor Riesgo B se prepara para dar a conocer la fecha en la que se dictará sentencia contra los 29 acusados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
A casi un año de que ese juicio empezara, el Tribunal se prepara para informar la fecha en la que se dictará sentencia, pero mientras eso ocurre, este lunes 28 de noviembre, los acusados continuaron haciendo uso de su última palabra, un proceso previo a la lectura de la condena.
Este lunes fueron ocho los acusados que hicieron uso de la última palabra y para el próximo lunes se tiene previsto que otros seis lo hagan, entre ellos Pérez Molina y Baldetti; además, para ese día se espera que los jueces revelen la fecha en la que se dictará sentencia.
Se informó que en la semana del 5 al 12 de diciembre que se informará cuándo se dictará la sentencia del juicio que inició el 17 de enero pasado.
Las juezas Irma Jeannette Valdés, presidenta, Marling González y Katty Sarceño, vocales, serán las que responsables de dictar sentencia en uno de los casos de corrupción más emblemáticos que han surgido en Guatemala, pues salpica a altos funcionarios de gobierno, aduanas y la SAT.
Entre los funcionarios de alto rango que son procesados en el caso La Línea están el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes fueron acusados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), por supuestamente haber liderado la banda que habría defraudado al Estado por US$3.5 millones entre 2012 y 2014.
El caso La Línea se reveló en abril de 2015 y provocó la caída del gobierno de Pérez Molina que decidió renunciar en septiembre de ese año.
Pérez Molina, de 71 años, ha permanecido en prisión preventiva durante 7 años, tiempo que tomó al sistema de justicia de Guatemala agotar todas las fases del proceso penal, de este emblemático caso.
Además, esta investigación fue el parteaguas de decenas de casos revelados de estructuras criminales que operaban en el Estado guatemalteco.
Sin embargo, siete años después más de una decena de fiscales que investigaron este tipo de casos de corrupción han tenido que salir al exilio, tras denunciar presiones y persecución penal en su contra.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que investigó este caso, fue reestructurada y ahora es dirigida por Rafael Curruchiche, un fiscal que Estados Unidos sancionó quitándole la visa, acusado de fabricar casos contra operadores de justicia.
Con información de EFE
