En el juicio del Caso La Línea, el Ministerio Público (MP) confirmó este viernes 19 de agosto que la Unidad de Métodos Especiales entregó el informe completo que pidió el Tribunal de Mayor Riesgo B.
Esto se da luego de que el miércoles 17 de agosto, la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Jeanette Valdés, decidió apercibir a la referida Unidad por no entregar completo un expediente de investigación.
La juzgadora requirió el expediente y se percató de que estaba incompleto por lo que reprochó esa irregularidad en la audiencia.
El expediente completo requerido por la juzgadora es el método especial 88-2014 que contiene diligencias de solicitudes, autorizaciones, prorrogas del MP, informes de hallazgos inevitables, audios, grabaciones, escuchas telefónicas, desplegados de mensajes de texto, desplegados telefónicos y sinopsis, se informó.
El expediente contiene pruebas de 29 de abril de 2014 al 15 de abril de 2015 del Caso La Línea.
El Caso La Línea
El recién pasado 19 de julio, el Tribunal de Mayor Riesgo B continuó el juicio por el Caso La Línea y declaró José Alfredo Guillén, un técnico en aduanas que contó cómo se enteró del funcionamiento de la estructura de defraudación aduanera, con quiénes trabajó y cómo se repartían “la cola”, el dinero que recaudaban de forma ilegal.
Guillén declaró por videoconferencia y fue cuestionado por su labor de asesor y explicó que brindó asesorías de 2012 a 2013 en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, y allí en la audiencia afirmó que se enteró del funcionamiento de La Línea cuando asesoraba a una empresa privada de Selvyn Abdiel Palma Rodríguez, representante de la empresa Global Logistics, Sociedad Anónima.
Las primeras capturas en este caso ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.
En el 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.
La investigación del MP, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.
