El trasiego de 515 kilos de cocaína por el Río Escondido, en Puerto Barrios, Izabal, ha dejado a presuntos narcotraficantes capturados, y puso en evidencia la corrupción en el sistema de justicia de ese departamento, pues escuchas telefónicas incriminan a jueces.
En la audiencia de primera declaración de los detenidos, escuchas telefónicas sugieren que jueces habrían recibido dinero a cambio de otorgar la libertad a los señalados de tráfico de drogas.
Los investigadores antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) desde principios de año dieron seguimiento a una estructura que se encargó del trasiego de drogas en Puerto Barrios.
Su sede de operaciones era una casa ubicada en el barrio La Esperanza, colindante con el Río Escondido, que dos kilómetros adelante se conectan a la Bahía de Amatique, en el Océano Atlántico.
El Río Escondido fue la ruta para traer droga que fue transportada a la bahía, luego era llevada a la vivienda y allí se cargaba y salía en algún vehículo para continuar su traslado hacia México, pero el 25 de septiembre pasado todo ese plan fue frustrado por las fuerzas antinarcóticas y se decomisó un cargamento de cocaína valorado en Q53 millones.
Escuchas y dinero
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, este martes autorizó a la Fiscalía de Delitos Transnacionales reproducir en la audiencia de primera declaración escuchas telefónicas que se le hicieron a los presuntos narcotraficantes Julio Lemus Calderón, Óscar Lemus Cárcamo y Gerardo Fajardo López.
En una de las escuchas Gerardo Fajardo López aseguró que conversó con Carlos (Carlos Humberto Ramírez Escobar), el secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios y aclaró que el juzgador, Édgar Aníbal Arteaga López, había aceptado pagos.
“Carlos llamó al viejo [el juez Édgar Aníbal Arteaga López] y dijo que sí, que estaba bien que él les daba y que si dejó libres a unos [a presuntos narcotraficantes] que agarraron en Mariscos con dólares y drogas, no hay problema con ellos”, se reprodujo en la escucha a Fajardo López.
El precio, según esas conversaciones captadas por la Fiscalía, el pago por la libertad de cada uno de los capturados era de 500, el fiscal en la audiencia expuso al juez Gálvez que aún falta determinar si se referían al pago de “Q500, US$500 o Q500 mil”.
El secretario Carlos Humberto Ramírez Escobar estuvo presente en la audiencia y movía la cabeza en negación cada vez que era mencionado por los fiscales y en las escuchas.
