La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), efectúo tres allanamiento este jueves 2 de septiembre, en las zonas 10,14 y 16 de la capital, mediante los cuales se ejecutaron dos órdenes de aprehensión por lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de las diligencias era fortalecer las investigaciones de un caso de lavado de US$7 millones 500 mil (unos Q58 millones). Además se informó que durante los allanamientos “se logró la aprehensión de dos personas vinculadas a ocho Organizaciones no Gubernamentales investigadas en este caso”.
En un comunicado el MP informó que se trata de los abogados “Juan Miguel Ordóñez Zea y Julia Cristina González Vizcaíno, ambos tienen nexos con las Organizaciones no Gubernamentales: Fundación Saba School of Medicine Fundation Guatemala, Adeviseco, Inter-American Resource Foundation, Proyecto Salud y Vida, Corporación Cetro, S. A., David de León Fredrick y/o David Dorle de León, Patricia Lynn Hough.
Agrega que “en las diligencias se secuestraron documentos de las oenegés, además papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema”.
Se informó que, en las pesquisas preliminares, la Unidad de Bancos estableció que los fondos fueron utilizados para hacer inversiones en bienes inmuebles y en depósitos de cuentas bancarias bajo investigación.
Pronunciamiento
La corporación de abogados Aguilar & Aguilar, a la que pertenecen los dos aprehendidos, informó a través de un documento que las detenciones fueron ilegales. El documento señala que los dos juristas fueron ligados al caso por el simple hecho de prestar servicios profesionales “a la entidad Fundación Saba, una sociedad extranjera cuyos fundadores, residentes en Suiza, vendieron una universidad en la Isla de Saba y parte de los fondos de la venta se utilizarían para ayuda médica -encamamientos y recursos hospitalarios- en áreas de escasos recursos en Guatemala”.
Añade que “todos esos hechos ocurrieron antes de la contratación de Aguilar & Aguilar”. El documento también señala que “ningún abogado de Aguilar & Aguilar ha tenido contacto, control, acceso, beneficio, ni vinculación con dichos fondos. la firma fue contratada en el año 2011, dos años después del ingreso de los fondos a la república de Guatemala”.
