Taxistas de cinco asociaciones participaron este miércoles 17 de febrero en una manifestación en las calles del centro de la capital para mostrar su rechazo al acuerdo gubernativo 17-2020, reglamento para la contratación de seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y carga.
Hugo Xicará, representante de los taxistas, dijo que llegaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la zona 1 de la capital, para solicitarle al procurador Jordán Rodas que presente un amparo que impida que entre en vigencia acuerdo gubernativo 17-2020, del Ministerio de Gobernación, que les quiere imponer un seguro obligatorio.
Explicó que la normativa viola derechos constitucionales de igualdad, vida y propiedad porque ese gremio no da servicio de transporte público sino de personas.
Refirió que ese seguro que las autoridades están exigiendo debe ser para toda la población que tiene vehículos.
Agregó que otro motivo por el que se oponen es porque en estos momentos están enfrentando problemas económicos derivados de la pandemia, pues no hay mucho trabajo, no hay turismo ni mucha actividad económica que les permita agenciarse de fondos.
Recalcó que no están en contra de la prevención vial, ni de la prevención del delito, pero que en este momento los taxistas no pueden asumir ese gasto. Además, que si las autoridades quieren imponer un seguro, debe ser para toda la población y no solo a los taxistas.
También criticó que el seguro sea solo por daños a terceros, con lo cual sus sus taxis no quedan cubiertos si alguien sin seguro los choca.
Xicará dijo que la prima anual de dicho seguro oscila entre Q3 mil 500 y Q4 mil, pero las aseguradoras quieren que se haga en tres pagos y por el momento los taxistas no tienen ese dinero para pagarlo.
Añadió que fueron atendidos por Saúl Orellana, auxiliar de la PDH para asuntos el área central, quien se comprometió a pasar la información al departamento jurídico y analizar si es procedente presentar un amparo.
El viernes los taxistas irán a la Corte de Constitucionalidad para proceder legalmente contra este artículo y si las autoridades no derogan el acuerdo tomarán otras medidas más drásticas en la capital y los departamentos.
