La Sala Segunda de Mayor Riesgo amparó en definitiva a empresarios procesados por supuestamente realizar aportes anónimos al cancelado partido FCN-Nación y ordenó a la jueza Erika Aifán, abstenerse desarrollar audiencia para decidir si deben o no enfrentar juicio.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), informó que recibió la notificación de la Sala Segunda de Mayor Riesgo en donde confirma una resolución a favor de seis empresarios.
Agregó que el viernes último presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de apelación, pues el MP no está de acuerdo con la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo.
Según el fiscal, en declaraciones enviadas por el MP a los medios de comunicación, los empresarios impugnan la resolución que la jueza de Aifán programó una audiencia para conocer y discutir la situación de ellos, pero el MP considera que no pude haber ningún agravio, pues se desconoce qué puede suceder en esa audiencia, y puede ser que se decrete una clausura provisional, un sobreseimiento o puede ser que se abra juicio.
Curruchiche considera que no puede ser objeto de impugnación o actuar por adelantado sobre algo que pueda suceder en esa audiencia.
Es por ello que acudieron a la CC para que ellos resuelvan en definitiva sobre esta situación.
El caso
Una investigación del MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinó que del 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2016, el partido FCN Nación incumplió con su obligación de reportar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q8 millones 38 mil 539.66 que recibió de manera anónima.
La investigación fue llamada Financiamiento Ilícito FCN-Nación y tiene relación con el pago para fiscales electorales de mencionado partido y pago de publicidad durante la primera y segunda vuelta electoral de la campaña de 2015.
El Registro de Ciudadanos ordenó el martes 5 de noviembre la cancelación del partido FCN-Nación, por la infracción a las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas de sus actividades permanente y de campaña electoral.
