Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, implicado en un caso de lavado de dinero relacionado con un desfalco en la municipalidad de Chicamán, Quiché, enfrentará a la justicia, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) declarara con lugar el recurso de apelación planteado por la Fiscalía Contra la Corrupción (FECI).
“La CC declaró con lugar el recurso de apelación que planteó el MP y la FECI contra la sentencia de amparo otorgada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo en calidad de tribunal extraordinario de amparo a Sergio Guillermo Enríquez Garzaro”, escribió la Fiscalía en sus redes sociales.
El MP señala que Enríquez Garzaro recibió por medio de una de sus empresas dinero que, según la pesquisa, se obtuvo a través de un fraude millonario en la municipalidad de Chicamán, Quiché.
Enríquez Garzaro se entregó a la justicia el 15 de marzo de 2017 señalado por el supuesto fraude a la municipalidad de Chicamán, Quiché, en un caso en el que también se vinculaba a la exdiputada Emilenne Mazariegos.
El Ministerio Público (MP) lo señala por lavado de dinero, por haber participado en la compra de un vehículo de lujo para la estructura vinculada en el desfalco.
De acuerdo con la investigación, el dinero para la compra del vehículo Mercedez Benz GLK200 2012, placas P-389 FFD, fue depositado a través de seis transacciones en efectivo por parte de Emilenne Mazariegos a la cuenta de la empresa Mis Mantas, S.A., cuyo socio y administrador era Sergio Enríquez Garzaro.
Los depósitos que hizo Mazariegos sumaron Q300 mil más Q80 mil que depositó Enríquez Garzaro, según el MP.
Posteriormente, el representante legal de Mis Mantas, S.A., Víctor Hugo Enríquez Morales –capturado-,- giró cheques por Q250 mil y compró un cheque de caja por Q133,864.91 para la compra del vehículo. Con eso se ocultó el origen real de los fondos cancelados para esa entidad.
El fraude
La exdiputada Emilenne Mazariegos y otros familiares, así como exfuncionarios de Chicamán, habrían desviado fondos de la comuna obtenidos mediante dos préstamos.
Los recursos, que serían para obras de mejoramiento en el municipio, habrían ido a parar a cuentas personales y con los cuales los miembros de la estructura compraron bienes inmuebles y vehículos, según la fiscalía.
