El Ministerio Público (MP) anunció este lunes 17 de agosto que abrió una investigación por supuesto tráfico de drogas contra la organización La Línea, que se dedicaba a la defraudación aduanera, luego que de en allanamientos de la semana pasada se incautó efedrina sustancia para fabricación de drogas.
El pasado miércoles 12 de agosto el MP presentó un nuevo caso de corrupción derivado de La Línea, en el que se habría defraudado al Estado por más de Q14 millones. La investigación revela que esta organización anómala estaba estructurada para mantener el monopolio y control absoluto en las aduanas del país y así defraudar al Estado.
Durante esos cateos, en los que se capturaron a 7 personas, se allanó la empresa Pan Atlantic Carrier, S.A., dedicada a la importación y exportación de productos, y la cual estaba vinculada al caso la Línea. Los peritos de la Feci buscaban evidencias contables, pero también hallaron 25 bolsas y 119 paquetes de efedrina.
Es por esta razón, que se cree que el MP abrió la investigación por posible tráfico de drogas contra La Línea.
Defraudaron al Estado
El 12 de agosto, el fiscal Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó en conferencia de prensa que ese nuevo caso se derivaba de la investigación del caso La Línea, en los que están involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Este nuevo caso de defraudación consistía, según el MP, en que empresas enviaban contendores, por vía marítima y terrestre, provenientes de Panamá y Estados Unidos los cuales ingresaban a Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.
Esta organización, según Feci, operó de mayo del 2014 a abril del 2015 y hacían que las mercancías ingresaran a las aduanas con facturas alteradas que no correspondían con el producto importado y allí era donde los integrantes de La Línea pactaban con importadores para que pudieran entrar al país con menor cantidad de lo que debía tributar.
Sandoval agregó ese día que la investigación posterior a abril del 2015 determinó la vinculación de otras personas participantes dentro de la organización criminal La Línea, entre estos funcionarios de la SAT (supervisores o coordinadores de rampa).
También consolidadores, que se trata de particulares que se dedican a contratar en nombre propio y por su cuenta, servicios de transporte internacional de mercancías destinadas (embarques o cargas).
Además, desconsolidadores, que son los encargados de hacer la gestión que permite el ingreso de mercancías al territorio guatemalteco, por medio de la desagrupación de lo contenido en los embarques previamente consolidados bajo un mismo, estos últimos y los antes mencionados aprovechando la organización criminal La Línea defraudaron al Estado de Guatemala.
