Ciudad Guatemala
El presidente Morales, funcionarios y contratistas del Estado no podrán anunciar, informar o inaugurar obras de manera pública.
Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral realizaron la convocatoria a Elecciones Generales. Con este acto empieza el proceso electoral dividido en tres fases. Pero además incluye prohibiciones.
El artículo 223 de la Ley Electoral establece en 17 incisos lo que no se puede hacer durante el proceso electoral, limitaciones que alcanzan a funcionarios. El literal “E” prohíbe usar los recursos y bienes del estado para propaganda electoral.
El “F” prohíbe a los funcionarios y empleados públicos dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como emplear su autoridad o influencia a favor o en perjuicio de determinado candidato y organización política.
Pero el inciso con una prohibición más específica es el “H”, este determina que los empleados, funcionarios públicos así como contratistas del Estado no pueden informar, dar a conocer o inaugurar públicamente obras realizadas en cumplimiento de sus funciones, tampoco pueden participar de cualquier forma en publicidad o propaganda de las actividades, gestión u obras realizadas.
Esto quiere decir, que a partir de este viernes 18 de enero, cuando se realice la convocatoria a elecciones generales, el presidente Jimmy Morales, sus ministros, diputados, alcaldes y demás funcionarios no podrán aparecer públicamente para hacer entrega de obras, y estarán limitados a realizar su trabajo sin publicitarlo.
En el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales se leen las prohibiciones incluidas en las Leyes y Reglamentos Electorales pic.twitter.com/NzpxJw3SQj
— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) January 18, 2019
También estará prohibido que usen colores y tipografía que identifique a una organización política en actividades, documentos, publicidad, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se identifique o de a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales.
Además no podrán denominar obras, proyectos o cualquier actividad pública con el nombre de un funcionario, mientras no haya transcurrido dos periodos de haber dejar el ejercicio del cargo.
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