La defensa de Luis Armando Pérez y Lucinda Eva Marroquín, quien son procesados en el caso Hogar Seguro, que surgió tras la muerte de 41 niñas internas en un centro a cargo del Gobierno en 2017, solicitó que se les otorgara medidas sustitutivas de arresto domiciliario, pero este jueves 18 de enero, la jueza a cargo les negó esa solicitud y ordenó que siguieran en prisión preventiva.

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió sin lugar la solicitud de medidas sustitutiva planteada por la defensa de Pérez Borja y Marroquín, por lo que ambos deben continuar en prisión preventiva mientras el juicio sigue su rumbo.

En audiencia de revisión de medidas de coerción, los abogados defensores solicitaron que sus patrocinados salieran de prisión preventiva y se les concediera arresto domiciliario.

En el caso de Luis Armando Pérez Borja, quien fungía como subcomisario de la PNC cuando ocurrieron los hechos, la defensa argumentó que en materia penal se ha sobrepasado el tiempo en prisión preventiva y solicitó arresto domiciliario; además, indicó que no cuenta con los recursos económicos y que se le inhiba de una caución económica.

Por su parte, la defensa de Lucinda Eva Marroquín, quien era subinspectora de la PNC, también solicitó el arresto domiciliario y someterse al control telemático.

El juicio contra ocho personas acusadas por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción empezó el 10 de enero pasado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, siete años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.

Previo al inicio del debate, la juzgadora resolvió sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de Anahí Keller, una de las señaladas y quien fungía como subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social.

En el documento, Keller solicitaba ser separada del debate por tener a su favor un recurso de sobreseimiento; sin embargo, la juzgadora argumentó no tener una notificación al respecto y continuó con la audiencia.

Los hechos

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los incidentes que derivaron en la muerte de las 41 niñas habrían iniciado el 7 de marzo del 2017, cuando un grupo de menores intentó escapar del hogar por supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese lugar.

Según relato del agente fiscal Édgar Gómez, luego de los incidentes, 56 adolescentes fueron encerradas en una habitación en la que quedaron hacinadas, y una de ellas habría incendiado una de las colchonetas que se encontraban en el recinto.

Agregó que el pedido de auxilio habría sido omitido por las autoridades y esto derivó en la muerte de 19 menores de edad en el lugar y otras 22 que fallecieron en centros asistenciales; además, 15 resultaron con quemaduras.

El presidente Alejandro Giammattei presentó este viernes 12 de octubre su último informe de gobierno y aseguró que deja el poder “con la frente en alto” previo a entregar su cargo el próximo domingo al presidente electo, Bernardo Arévalo de León; sin embargo, su asistencia a esa ceremonia sigue siendo incierta.

Giammattei, cuya Administración, según expertos, estuvo marcada por la persecución de sus rivales políticos y millonarios escándalos de corrupción, dijo que su gobierno fue un “trabajo de mucho esfuerzo” desde enero de 2020 a la fecha.

“Dejamos un mejor país del que encontramos”, argumentó el gobernante de 67 años, tras un discurso de casi una hora.

“Estamos tremendamente agradecidos por esa confianza que el pueblo de Guatemala nos dio en las urnas en las elecciones de 2019”, añadió.

El gobernante hizo este viernes la entrega final de su informe de Gobierno, un acto que habitualmente se lleva a cabo el 14 de enero en el cambio de mando presidencial, lo que aumenta las dudas sobre su participación en el cambio de mando.

No lo confirman y ni descartan

Kevin López, secretario de Comunicación Social de Presidencia, no confirmo ni descartó que Giammattei participe en la ceremonia de cambio de mando y reiteró que en Guatemala quien el Congreso el que se encarga de la investidura de los mandatarios.

“Primero, el cargo no lo entrega el presidente al presidente, en ese sentido, el cargo en Guatemala, a diferencia de otros países, es el Congreso el que pone la investidura al presidente”, dijo López.

Además, sobre si se contaría con la presencia del mandatario en la toma de posesión señaló que “son presencias que todavía no se han confirmado, tampoco se han descartado”.

Guatemala vive momentos de tensión por los intentos del Ministerio Público (MP), desde julio hasta la fecha, de retirar la inmunidad de Arévalo de León y de anular las elecciones generales.

El mismo presidente electo indicó el 1 de septiembre pasado que la Fiscalía lleva a cabo un “golpe de Estado” en su contra junto a “otros actores corruptos” en busca de evitar que sea investido.

Giammattei se despide de la Presidencia con una baja aprobación popular y, según sectores, con una Administración que no logró cumplir con sus promesas de campaña sobre corrupción, desnutrición e infraestructura.

Una de las tachas más notables de su gestión es que en 2022 decidió renovar el mandato al frente al Ministerio Público de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos por “socavar” la Justicia en Guatemala.

De igual forma, durante el Gobierno de Giammattei, más de 30 funcionarios vinculados al sector judicial, entre fiscales y jueces, decidieron exiliarse tras denunciar persecución política en su contra.

Además, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín fue apresado en 2022 pocos días después de lanzar fuertes críticas contra el círculo cercano de Giammattei.

También el exfuncionario Miguel Martínez fue sancionado por Estados Unidos con la Ley Magnitsky (que contempla sanciones a extranjeros por violaciones a los derechos humanos o por casos de corrupción de gran envergadura) en diciembre pasado.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, realizó este viernes 15 de diciembre una visita de “cortesía” al primer ministro beliceño, Juan Antonio Briceño, para dialogar sobre temas de interés para ambos países.

La Cancillería de Belice detalló en sus canales oficiales que Arévalo de León y Briceño platicaron en el vecino país sobre la posibilidad de “reforzar e identificar nuevas áreas de cooperación” entre las dos naciones.

Arévalo de León llegó a Belice después de visitar Costa Rica, donde sostuvo encuentros con el mandatario de ese país, Rodrigo Chaves, y con el premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez.

Las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Belice son cordiales, aunque ambos países mantienen una disputa territorial actualmente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos.

El diferendo entre guatemaltecos y beliceños fue sometido a disputa en la Corte Internacional de Justicia después de que Guatemala avalara en una consulta popular en 2018 llevar el caso a La Haya en 2019.

Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991 pero nunca aceptó las fronteras y continúa con el reclamo de unos 11 mil kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.

El presidente electo guatemalteco debe tomar posesión el próximo 14 de enero en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

Además de Belice y Costa Rica, Arévalo de León también ha visitado Estados Unidos desde que fue elegido presidente en agosto pasado de la mano del partido político Movimiento Semilla.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido un llamado urgente a la Unión Europea (UE) y sus estados miembros para imponer sanciones específicas a altos funcionarios guatemaltecos, incluyendo congelamientos de activos y prohibiciones de viaje.

La solicitud, según HRW, responde a las “graves violaciones de derechos humanos y retrocesos democráticos” en Guatemala, perpetradas por las autoridades del país, según describe una carta con fecha 7 de diciembre.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, al compartir la carta reiteró que el “voto de los guatemaltecos debe ser respetado”.

HRW destaca en la misiva que se necesitan acciones inmediatas ante lo que considera son maniobras que “socavaron el proceso democrático” y “los derechos fundamentales” en Guatemala. Entre los funcionarios señalados se encuentran: la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana.

HRW destaca que estas acciones son una respuesta a las “interferencias en el proceso electoral de 2023”, donde autoridades guatemaltecas “han atacado el derecho al voto”.

La organización subraya que estas interferencias representan una amenaza directa a la democracia y los derechos fundamentales en Guatemala.

De acuerdo a la carta, en las recientes elecciones existió la prohibición de candidatos presidenciales de la oposición y una investigación criminal arbitraria, como ejemplos de estas interferencias.

Además, señala que la Fiscalía General “lidera esfuerzos para socavar el derecho al voto” y de acosar a Semilla, partido del candidato Bernardo Arévalo. “La Fiscalía General ha liderado esfuerzos para socavar el derecho al voto y acosar a Semilla mediante maniobras legales”, acusa.

HRW pide sanciones

La organización señala que desde su nombramiento en 2018, la oficina dirigida por la Fiscal General, ha socavado investigaciones sobre corrupción y abusos de derechos humanos, además de iniciar procedimientos penales arbitrarios contra periodistas, jueces y fiscales independientes.

De la misma manera, acusa que el fiscal Rafael Curruchiche desde que fue nombrado en 2021 como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) “ha socavado investigaciones sobre corrupción y ha iniciado casos infundados contra fiscales independientes, jueces y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.

En tanto, según HRW, la fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso, “ha liderando investigaciones penales que socavan la libertad de expresión” y participando en persecuciones penales abusivas.

En la carta se pide sanciones también contra el juez Fredy Orellana, a quien HRW lo señala de aprobar procesamientos penales infundados liderados por la Fiscalía General, contribuyendo a socavar instituciones democráticas.

La organización dejó plasmado que en 2023, Estados Unidos incluyó a Orellana en la lista de Actores Corruptos y No Democráticos por “autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados”, socavando instituciones democráticas.

Además, HRW instó a la UE a trabajar en conjunto con otros gobiernos y actores clave para asegurar una transferencia de poder pacífica en el país centroamericano.

Se pidió al MP la postura sobre los señalamientos de HRW, pero hasta el momento no han emitido comentarios al respecto.

Guatemala: Hoy le hemos pedido formalmente a la Unión Europea que imponga sanciones contra Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana y Cinthia Monterroso.

El voto de los guatemaltecos debe ser respetado.

Nuestra carta: https://t.co/ug0x3GxRdj pic.twitter.com/Lj1Q6YycbW

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) December 7, 2023

Varios exministros del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se libraron de enfrentar a la justicia en el caso de corrupción Cooptación del Estado, luego de que la jueza Eva Recinos, titular del juzgado de Mayor Riesgo B, considera que no había indicios suficientes para enviarlos a juicio y cerrara el proceso, informaron este jueves 23 de noviembre fuentes judiciales.

La jueza Recinos, quien fue electa por el Congreso como magistrada de sala de Apelaciones, suspendió la persecución penal por lavado de dinero y por cohecho pasivo, donde la juzgadora no logró determinar que los señalados recibieron sobornos como lo sugirió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Los hechos narrados en este expediente, como el de “la coperacha” en el que habría habido una recopilación de obsequios para el cumpleaños de Pérez Molina, no quedaron sustentados para la juzgadora, quien reprochó que no se cuentan con indicios que sugieran que sí ocurrió la entrega de lanchas, motos, fincas y un automóvil jaguar al exmandatario, como lo narraron algunos testigos, entre ellos el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón.

Entre los exministros que fueron beneficiados con el cierre del proceso por lavado de dinero y cohecho pasivo están Mauricio López Bonilla (Gobernación), Noé Ulises Anzueto (Defensa), Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones), Dwight Pezzarossi (Cultura) y Carlos Batzín (Cultura).

Además, se libraron del proceso Rudy Gallardo, exdirector del registro Nacional de las Personas (Renap), Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC).

La jueza envió  a juicio a Alex Girón por cohecho pasivo, Denis Leonardo Lam por cohecho Activo, Julio Roberto Sandoval Cano por fraude, y Raul Castillo Castillo por tráfico de influencias.

Recinos ordenó la libertar de López Bonilla y ordenó certificar lo conducente contra del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, y la agente fiscal Lesly Marleny Rosales Max porque los argumentos que presentaron para la acusación “carecen de fundamentos jurídicos y fácticos que evidencia el actuar de los acusados”.

Puntos clave del caso Cooptación del Estado

1. El 16 de abril del 2015, el MP y la Cicig presentaron los primeros resultados de la investigación del caso La Línea. Entonces se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos, pero producto de documentos, escuchas telefónicas y declaraciones de diversas personas se detectó que se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
2. Se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
3. EL 15 de abril de 2016 se da a conocer que los exgobernantes y por lo menos 15 personas más habrían participado en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos pactados en US$30 millones-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal. Esta investigación es llamada “Caso TCQ”.
4. El 2 de junio de 2016, el MP y la Cicig develaron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos, diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011 que llevó a la Presidencia de la República a Pérez Molina y a Baldetti. El caso es llamado “Cooptación del Estado”.
5. Ese día son capturadas 25 personas, entre empresarios, banqueros, testaferros y exfuncionarios. También se emiten varias órdenes de captura internacional.
6. El 11 de junio de 2016 se anuncia la existencia de una nueva fase de la investigación del caso Cooptación, y en la cual se captura a los exministros Mauricio López Bonilla (Gobernación), Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto (Defensa).
7. También se ordena la captura de los exministros Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones) y Erick Archila Dehesa (Energía y Minas). Además, se vincula a Pérez Molina, Baldetti y el exgerente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez (ya capturados). A los exministros se les señala de hacer “Cooperacha” para dar lujosos regalos a los mandatarios y así mantener sus puestos y la facilidad de disponer, sin controles, los recursos de sus ministerios.
8. El 13 de junio de 2016 se inicia la audiencia de primera declaración de 57 personas implicadas en el caso Cooptación del Estado, a cargo del entonces juez Miguel Ángel Gálvez.
9. Durante la audiencia, el MP y la Cicig afirman que la maquinaria del PP realizaba una actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, que se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
10. Según el MP y la Cicig, a través de empresas y testaferros, Pérez Molina, Baldetti y varios de sus colaboradores recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos.
11. Durante las audiencias, los abogados defensores y los señalados se enfocan en atacar y desvirtuar el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti, y quien contó a l MP cómo funcionaba la estructura de empresas, financistas y lavadores.
12. El 21 de julio de 2016 el exjuez Gálvez empieza la exposición de motivos y deducciones sobre los indicios racionales para sustentar su resolución. Afirma que no tomará en cuenta el testimonio de Monzón y que solo se sustenta en pruebas documentales encontradas en computadoras y archivos de diversas personas.
13. El 27 de julio de 2016, luego de una larga exposición, el exjuez Gálvez ligó a proceso a 53 de los 57 señalados por el caso (cuatro de los señalados quedaron libres de la acusación). Los delitos son: cohecho pasivo, cohecho activo, lavado de dinero, asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito. Algunos solo quedaron ligados por uno o dos de los ilícitos.

Un temblor de magnitud 5.5 se registró en Guatemala este miércoles 1 de noviembre, según informó el Insivumeh.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el movimiento sísmico tuvo epicentro a 87 kilómetros de Escuintla, en costas del Pacífico, a las 15.52 horas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que se efectúan los monitoreos en el país para establecer si hay personas heridas o si se reportan daños a infraestructura.

Usuarios de redes sociales informaron que el temblor fue sensible en Fraijanes, San José Pinula, , Ciudad San Cristóbal, Mixco, Villa Nueva, Antigua Guatemala, Retalhuleu, Chimaltenango, Totonicapán, Sololá, Santa Rosa y otros.

La mañana de este 26 de octubre un grupo de integrantes de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de la Sierra del Norte y el Sur de Guatemala y víctimas del conflicto armado interno participan en una manifestación que recorre el centro de la capital guatemalteca para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, y hacen un llamado para que tomen acción el presidente Alejandro Giammattei, la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de la República.

Amilcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que desde horas de la mañana un grupo de personas participa en una manifestación en movimiento que se concentró en la CSJ y recorrió sectores como la sexta, séptima y novena avenida de la zona 1 para dirigirse a las áreas de la Plaza de la Constitución, CC y el Congreso de la República.

Explicó que la información que les han dado es que la marcha y protesta permanecerá durante todo el día en la 8 y 9 avenida, desde la novena hasta la décima calle de la zona 1 capitalina.

Agregó que también continúa la manifestación concentrada la 15 y 15 calle, frente al MP en el barrio Gerona, también en la zona 1, en donde agentes de la Policía Nacional Civil realizan desvíos vehiculares.

Afirmó que por el momento en ninguna de las vías principales o secundarias hay bloqueos o algún tipo de interrupción en esos tramos.

Exigencias de las CPR

Los integrantes de las CPR que participan en la marcha mencionaron que ante la crisis política que se vive en el país, y la cual consideran que apunta a la consolidación de un golpe de Estado contra el pueblo de Guatemala y el nuevo gobierno electo democráticamente, las CPRs se unen a los 48 Cantones de Totonicapán y a los cientos de comunidades que desde sus regiones se han sumado a las manifestaciones en contra de la corrupción

Los manifestantes exigen al presidente Alejandro Giammattei que le pida la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, como un acto político de buena voluntad para que finalice la crisis política actual.

A la CSJ le exigen que no proteja a Porras ni al juez Fredy Orellana, y que tramite los antejuicios en contra de ambos, pues aseguran que ambos están cometiendo ilegalidades que atentan contra la democracia y el estado de Derecho.

Le piden al Congreso de la República que apruebe de urgencia nacional la Iniciativa 6300 para reformar la Ley Orgánica del MP, y que el presidente de la República pueda remover a la fiscal general.

La petición a la CC es que cumpla con garantizar el derecho de manifestación pacífica y que no emita resoluciones represivas que incitan a la violencia y la criminalización de los manifestantes.

También hicieron un llamado a todos los sectores sociales para que se unan a la lucha convocada por las autoridades indígenas en defensa de la democracia y en contra del pacto de corruptos.

Finalmente solicitan a la comunidad internacional que continúe pronunciándose sobre la grave crisis que enfrenta el país y que imponga sanciones económicas en contra de los funcionarios y empresarios corruptos que quiere concretar el golpe de Estado.

Integrantes de las CPR durante la manifestación en el centro de la capital de Guatemala para apoyar a los 48 Cantones de Totonicapán y exigir la reununcia de Consuelo Porras. (Video Guatevisió: La Red)

El jueves recién, la diputada Evelyn Morataya y Acción Ciudadana denunciaron a las autoridades del Ministerio de Salud y a los directores de varios hospitales nacionales por la contratación directa de las empresas Pacto Ambiental, S. A., y Ecovapor, las cuales desde 2020 han cerca de Q30 millones por la desinfección y esterilización de áreas de Intensivo, aunque carecen de registro sanitario.

De acuerdo con la denuncia, los hospitales nacionales de Villa Nueva, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Cuilapa, Totonicapán, Amatitlán, Roosevelt y San Juan de Dios, así como de los regionales de Quiché y de Occidente, en Quetzaltenango, contrataron a esas empresas, mismas que tienen relación entre sí y comparten representación legal; sin embargo, este viernes el jefe de la cartera de Salud, Francisco Coma, dijo que eso es responsabilidad de los directores de los nosocomios, pues ellos dirigen unidades ejecutoras que gozan de independencia para el manejo de sus presupuestos.

Además, el ministro dijo que ya se había solicitado una auditoría interna al respecto, cuyos resultados aún están pendientes.

Asegura que, respecto a la necesidad de utilizar vapor para la desinfección de áreas, es un tema que debe ser aclarado por los directores de los hospitales, pues son ellos los que conoces las necesidades de centros asistenciales que dirigen.

“Al enterarnos de la denuncia, el día de ayer, nos sentamos con todo el equipo jurídico y administrativo del ministerio central para evaluar”, dijo Coma.

“La función del ministerio central, de la planta central del ministro, no tiene una relación directa con compras, porque, de acuerdo a lo que se estableció en normas y reglamentos del Sistema Nacional de Salud, las unidades ejecutoras son unidades que reciben un presupuesto y son descentralizadas”, dijo el funcionario.

Agregó que “ellos tienen en sus manos la ejecución de su presupuesto, la toma de las decisiones para adquirir y comprar insumos, servicios y medicamentos conforme a lo que su hospital requiera”.

“Esos eventos no son de conocimiento del ministro, no llegan aquí, sobre todo por las características que la señora diputada mencionaba, que la mayoría son compras directas, es una decisión directa de los hospitales”, prosiguió Coma.

Agregó que la unidad de auditoría de la cartera efectúa monitores constantes de gastos y desde hace mes y medio el despacho administrativo solicitó auditorias de esos procesos, cuyos resultados aún están a la espera.

Respecto al tipo de desinfección, Coma dijo que eso también es una responsabilidad de los directores de los hospitales, quienes al tener los resultados de las autorías deberán aclarar públicamente sobre el tema.

Reconoce que en algunas áreas de los nosocomios si es necesario aplicar métodos especiales de desinfección para prevenir infecciones intrahospitalarias.

Y no se debe precisamente a la dureza que pueden haber mostrado en sus mensajes de campaña los dos candidatos que compiten en esta segunda vuelta: Sandra Torres y Bernardo Arévalo, quien parte como favorito según las últimas encuestas.

Ex primera dama del país, Torres es vista como la fórmula continuista del gobierno actual tras haber transitado de la socialdemocracia a un mayor conservadurismo.

Hijo del expresidente Juan José Arévalo, el progresista Bernardo Arévalo se presenta en cambio como “el candidato anticorrupción” que trata de romper con la clase política tradicional que lideró los últimos dos ejecutivos. Su victoria supondría un notable giro a la izquierda en el país.

A lo que se debe principalmente la tensión actual en el país centroamericano es a las decisiones del Poder Judicial.

Tras haber ya pasado la primera vuelta, la Fiscalía estuvo a punto de dejar fuera a Movimiento Semilla —el partido de Arévalo— por presuntas irregularidades en su formación, lo que llevó a que miles de guatemaltecos salieran a protestar a las calles.

Tras ese inesperado segundo puesto logrado por Arévalo, justo por delante del candidato del partido del actual presidente, Alejandro Giammattei, la Fiscalía impulsó investigaciones que ordenaron suspender la candidatura de Semilla y que incluso se temió que pusieran en riesgo la continuidad de todo el proceso electoral.

Los jueces se han convertido así en un actor clave en estas elecciones presidenciales —tanto o más que los propios candidatos—, por lo que la población guatemalteca sigue muy de cerca las decisiones que salen de los tribunales y que se teme podrían seguir afectando al proceso incluso después de las elecciones del domingo, dado que las pesquisas siguen en marcha.

“Esta elección es atípica por la embestida que se le ha venido dando desde el mismo Ministerio Público (Fiscalía), que es algo completamente excepcional en los procesos electorales anteriores”, asegura la politóloga guatemalteca Gabriela Carrera.

“La estrategia no es nueva, tras la criminalización que hemos visto en los últimos años a periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Pero esta vez la criminalización se trasladó a ser persecución política, en lo que el organismo judicial ha tenido un papel clave al actuar contra una opción diferente a la de los dos últimos gobiernos”, le dice a BBC Mundo.

El polémico proceso judicial

Después de que las autoridades electorales prohibieran por motivos técnicos la participación en estas elecciones de varios precandidatos de perfil alejado al conservadurismo oficialista, la polémica continuó cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó no oficializar los resultados de la primera vuelta hasta realizar un nuevo cotejo de las actas.

La medida, puesta en marcha tras el reclamo de nueve partidos entre los que se encontraban la UNE de Sandra Torres y el oficialista VAMOS, provocó fuertes críticas de organismos internacionales, pero el recuento no arrojó cambios sobre los resultados.

Fue entonces cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche —incluido al igual que la fiscal general, Consuelo Porras, en la lista Engels del Departamento de Estado de EE.UU. de “actores corruptos y antidemocráticos”—anunció la suspensión de Movimiento Semilla por un presunto uso de firmas fraudulentas para su formación como partido. Arévalo calificó esta decisión de “golpe de Estado técnico”.

La CC, sin embargo, frenó la orden judicial basándose en que ningún partido político puede ser cancelado en el transcurso de un proceso electoral, lo que dio de nuevo luz verde a la participación del candidato en segunda vuelta.

Pese a ello, la policía y agentes de la Fiscalía allanaron las oficinas de Semilla en busca de documentación como parte de su investigación.

También fue allanada en varias ocasiones la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre el que la Fiscalía mantiene al menos otras 13 investigaciones penales para verificar el papel de las juntas electorales a cargo de las mesas de votación en primera vuelta y la veracidad de los resultados.

El organismo pidió protección a la CC ante el temor de que estas acciones de las autoridades pudieran vulnerar el proceso electoral y la democracia en el país.

“En Guatemala no hay ningún ámbito que no sea sujeto de amparos, y siempre hemos tenido procesos electorales con grados muy altos de hiperjudicialización que se han intentado manipular a través de esa figura. Pero ahora pareciera que el Ministerio Público ha tenido una especie de dedicación en sacar a candidatos incómodos del proceso”, dice Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala.

¿Qué pasará tras la elección?

Está por ver cómo la victoria de uno u otro candidato afectaría al cuestionado Poder Judicial actual del país. Mientras que Torres respaldó abiertamente la labor de la fiscal general Porras, Arévalo avanzó que pediría su renuncia en caso de llegar a la presidencia.

El candidato de Semilla llega a la cita electoral del domingo tras una campaña en la que ha prometido sacar a los corruptos del poder y cambiar el país.

Torres apostó por un discurso más conservador que nunca. Muchos de sus seguidores acabaron calificando a Arévalo de “comunista” que querría expropiar tierras a los más ricos —algo que nunca dijo—, y criticaron su apoyo a la población LGBT argumentando que podría acabar con el modelo de “familia tradicional”, de gran peso en una sociedad como la guatemalteca.

Las encuestas demostraron en primera vuelta su poca fiabilidad al no haber contemplado nunca a Arévalo como uno de los más votados, pero según dos estudios publicados por Cid-Gallup y el diario Prensa Libre el 16 y 17 de agosto, respectivamente, el candidato de Semilla se proclamaría ganador al recibir entre un 22% y 30% de votos más que Torres.

Pero esta hipotética victoria podría no ser el final del proceso electoral, dado que las investigaciones a Semilla siguen su curso y hay un largo plazo hasta que el nuevo presidente de Guatemala asuma su cargo el 14 de enero de 2024.

“Pareciera que esto no acabará el domingo sino que probablemente continuaremos viendo a actores intentando manipular el proceso electoral”, pronostica el analista político Dabroy en entrevista con BBC Mundo.

Este mismo jueves, el fiscal Curruchiche aseguró que, en el marco de la investigación de Semilla, no se descartan más allanamientos, órdenes de aprehensión o solicitudes de antejuicio —la retirada de inmunidad a funcionarios públicos frente a detenciones o procedimientos penales— después del domingo.

“Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político” Semilla, insistió nuevamente, tras lo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por persistirse en “judicializar el proceso electoral”.

Solo un día después, la Corte Suprema otorgó una medida cautelar permanente a Semilla que bloquea la orden de suspensión, aunque la medida puede ser recurrida ante la Corte de Constitucionalidad.

En toda esta batalla judicial, otro escenario a tener en cuenta según la politóloga Carrera es que de materializarse la anulación de Semilla, a sus diputados —el partido obtuvo solo 23 congresistas electos en primera vuelta de un total de 160, por detrás del oficialista VAMOS y la UNE— se les negaría ser parte de un partido y por lo tanto ser presidentes de comisiones legislativas, lo que limitaría su influencia en el Congreso.

“No podemos descartar más sorpresas porque nos las están dando desde el primer día de este proceso electoral. Independientemente de quién gane el domingo, estoy segura de que va a haber muchas personas insatisfechas y el panorama puede ser complicado”, concluye la directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó que a partir del viernes 4 de agosto que estará desviando el tránsito vehicular sobre la ruta al Atlántico, por trabajos de mantenimiento entre los kilómetros 4 y 4.5 en la zona 18.

Amilcar Motejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, dijo que debido a los trabajos de mantenimiento en esa área se requiere que se hagan trabajos de construcción en el carril derecho desde el final del carril auxiliar de la colonia Atlántida hacia el puente Belice.

Es por eso que habrá dos carriles de circulación habilitados de zona 18 hacia zona 6, pero que estos no serán de forma distinta a la habitual por lo que solicitan a los conductores respeto a la señalización.

Montejo señaló que los usuarios que van del barrio San Antonio hacia la ruta del Atlántico deberán usar dos carriles a la derecha de donde normalmente lo hacían, pero que en toda el área habrá señalización e indicaciones de los agentes administradores del tránsito.

Paradas específicas

El vocero vial afirmó que el transporte colectivo tendrá paradas específicas para que de esta forma no afecten a los demás usuarios.

Los conductores del transporte pesado deberán utilizar el carril izquierdo del tramo habilitado, pero esto será únicamente mientras duran los trabajos de mantenimiento a esa parte del tramo.

40 días

Según Montejo los trabajos tendrán una duración de unos 40 días, que empiezan el 4 de agosto y se espera que finalicen el 10 de septiembre.

@amilcarmontejo

ALERTA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL, EN CERCANIAS DEL PUENTE BELICE Ruta El Atlantico, km 4 al km 4.4 zona 17 y 17 Son acciones de mantenimiento vial durante 40 dias #TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT #CapCut #voiceeffects

♬ Powerful songs like action movie music – Tansa