Piden al Congreso anular la pena de muerte

La organización humanitaria Amnistía Internacional instó al Congreso de Guatemala a abolir la pena de muerte, que está vigente en el país pero suspendida desde el 2000 por un vacío legal.

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“Amnistía Internacional pide a los miembros del Congreso de Guatemala que adopten inmediatamente la legislación propuesta para abolir la pena de muerte y deleguen de una vez este castigo a los libros de historia”, indica un comunicado de la entidad.

La organización explica que es un momento propicio para anular la pena capital debido a que la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), examina una acción de inconstitucionalidad contra ese castigo.

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“Amnistía Internacional insta al Congreso de este país a que aproveche la oportunidad de este debate en la máxima instancia judicial para abolir de una vez esta pena (de muerte) en la legislación nacional”, insiste.

La CC debe decidir si la imposición de la pena de muerte viola principios consagrados en la Constitución del país, por un recurso presentado el 25 de noviembre pasado.   El pasado 5 de octubre, el Congreso rechazó un proyecto que buscaba reactivar la pena de muerte.

La aplicación de la pena de muerte en Guatemala está suspendida desde el 2000 por un vacío legal surgido cuando el entonces presidente Alfonso Portillo (2000-2004) pidió al Congreso derogar la posibilidad de conceder el indulto presidencial.  Sin embargo, el legislativo no determinó a quién le corresponde el último recurso al que tienen derecho los condenados a muerte.

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La CC derogó en marzo de 2016 la pena de muerte por el delito de asesinato, pero la mantuvo para casos de parricidio, ejecución extrajudicial, violación calificada, secuestro, tortura, desaparición forzada y magnicidio.  Según Amnistía Internacional no hay datos que demuestren que la ejecución tiene un efecto disuasivo mayor que la pena de cárcel.

Diputados tienen diversas posturas

Los diputados en el Congreso conocieron la última semana de febrero una propuesta presentada por el diputado Raúl Romero de Fuerza  que pretende eliminar la figura del indulto presidencial a través de una reforma al código penal.

Las bancadas están divididas en este tema. Por ejemplo, FCN Nación dejará que cada diputado decida si apoya o no la aplicación de la pena de muerte. El Movimiento Reformador aún no definen pues por creencias cristianas algunos congresistas se oponen.

Las bancadas Encuentro por Guatemala, UNE y TODOS consideran que la pena de muerte no reducirá la violencia, incluso TODOS presentó el año pasado una iniciativa para abolir la pena máxima. De acuerdo con el jefe de bancada, Guatemala firmó tratados internacionales que no se pueden violar.

La discusión de la pena de muerte se reactivó por la ola de violencia que vive el país. Organizaciones han solicitado que se aplique este castigo contra sicarios, que según estimaciones matan entre 20 y 30 personas.

Zury Ríos y pide pena de muerte

El pasado 16 de febrero, Integrantes de la Asociación Hoy por Guatemala llegaron al Congreso para manifestar pacíficamente y pedir la reactivación de la pena de muerte. De manera simbólica colocaron coronas de flores y con carteles piden un alto a la violencia.

De acuerdo con Ríos de reactivarse la pena de muerte los índices de violencia e inseguridad podrían reducirse.   Pero aseguró que los diputados y el Presidente Morales no tienen el valor y por eso no reactivan la pena de muerte.

Pena de muerte en suspenso

La aplicación de la pena de muerte está en suspenso desde el 2000, cuando el presidente Alfonso Portillo renunció a indultar a condenados. Después, la CC indicó que no había ley que regulara el proceso de indulto.

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En el 2008, el Congreso aprobó una norma que regulaba el derecho de gracia, pero Álvaro Colom la vetó con el argumento de que la condena violaba el derecho a la vida del reo y los convenios internacionales a los que el país está suscrito.

La pena capital no se aplica desde el 29 de junio del 2000, cuando se aplicó la inyección letal a Luis Cetino y a Tomás Cerrate, integrantes de la banda de secuestradores los Pasaco. Luego, se conmutaron 35 condenas a la pena máxima de cárcel.

© Agence France-Presse