Iván Velásquez: La impunidad supera el 97% en Guatemala

“La impunidad ha superado el 97 por ciento en el país, lo que ha provocado un estímulo para el delito… Todo se pensó para que la justicia no funcionara”, expuso el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, durante su discurso en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El encuentro, que culmina hoy, se lleva a cabo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con la presencia de ejecutivos y periodistas de los medios de comunicación más importantes del continente americano.

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Velásquez, quien fue invitado para hablar acerca de la corrupción, explicó que para iniciar la línea de investigación en el 2014 se planteó como hipótesis la existencia en el país de redes político económicas que se organizaron e incrustaron en todas las estructuras del Estado para aprovecharlo en su beneficio.

Es decir, ponerlo a su servicio, para enriquecerse, y lograr, “con su complacencia e ineficacia, el desarrollo sin obstáculos de los lucrativos negocios del narcotráfico, del contrabando, la trata de personas y su necesaria y fortalecida estructura de lavado de dinero”.

Según Velásquez, esta hipótesis se comprobó, y el primer resultado se reveló en el 2015, con el caso La Línea.  El comisionado recordó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti como “desafiante y burlona” cuando se evidenció lo relacionado con la corrupción en la limpieza del Lago de Amatitlán.

Añadió que estas investigaciones han permitido desnudar los vínculos entre la política, la corrupción y el lavado de dinero, así como las relaciones entre jueces, abogados constituidos en bufetes de la impunidad y empresarios que financian de manera ilícita campañas para obtener beneficios estatales.

Impunidad y corrupción enraizadas

El comisionado Velásquez aseguró que estas redes político económicas se niegan a desaparecer porque “todo se pensó para que la justicia no funcionara”. ��Un ejemplo, dijo, es que solo en 34 municipios de 340 se tiene presencia del Ministerio Público (MP), y los recursos para el sector siempre han sido limitados.

“Ese gigante herido, esa macroestructura criminal, se resiste a desaparecer. No es una corrupción coyuntural, no es siquiera el afán de riqueza de unas personas; por el contrario, se trata de algo más profundo que pretende mantener el aparato estatal como herramienta para unos pocos”, aseguró Velásquez.

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Para erradicar esta situación, el comisionado lanzó cuatro recomendaciones que van desde fortalecer al MP hasta continuar con la lucha social y la fiscalización por la prensa.

“Por décadas se ha mantenido capturado al Estado porque a esas estructuras les conviene un régimen que les garantice la impunidad, y se debe cambiar esa línea”, condenó Velásquez.

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Vigilancia de la sociedad y la prensa

“Es necesario que el binomio sociedad-medios de comunicación, que tanta incidencia tuvo en el pasado reciente, continúe vigente, asumiendo los roles que el presente actual les exige.   En un extremo, una nueva ciudadanía más participativa, organizada, interesada en los asuntos públicos, vigilante, exigente de las grandes reformas que el país requiere.   Y en el otro, una prensa que además de informar de manera oportuna, completa y verás se convierta en mecanismo de control del ejercicio del poder y ponga luz en lo que se pretende mantener oscuro, indague sobre aquello en lo que se quiere silencio, cuente lo que se quiere secreto, y descubra lo que se desea esconder”.

Fortalecer el sistema de justicia

“No basta que esa acción sea persistente, sino que además deben cumplirse como requisito indispensable dos condiciones:

1. Que se robustezca la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de justicia, porque si nos referimos solo al MP es imposible afectar la impunidad cuando esta institución tiene una cobertura territorial de apenas el 10 por ciento de los municipios del país, y unas fiscalías especializadas bastante precarias,
2. Que se reforme el sistema de justicia para asegurar la existencia de instituciones modernas que permitan garantizar la independencia judicial y la mayor cantidad de jueces y magistrados”.

Continuar con las investigaciones y el apoyo de Cicig

“Es necesario continuar la labor de identificación, persecución y desarticulación de esos Ciacs (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad) que con sus redes político económicas ilícitas continúan vigentes y mantienen la cooptación del Estado, hundiendo sus raíces en décadas pasadas y manifestándose también en acciones cumplidas durante períodos gubernamentales anteriores.   Esta labor la debe continuar el MP, con apoyo de la Cicig, cuya permanencia en el país por solicitud del presidente de la República —Jimmy Morales— se ha acordado a, por lo menos, hasta septiembre de 2019”.

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No se ha llegado al punto de quiebre

“No hemos llegado al punto de quiebre de no retorno en la lucha contra la impunidad y la corrupción.   De manera que la contraofensiva que en la actualidad se desató contra estas estructuras que se resisten a desaparecer debe ser derrotada para lograr, por una parte, prontas condenas para los responsables de esos crímenes y, por otras, superando la desinformación, a cuyo amparo se pretende hacer ver como una persecución la labor del MP, tratando de convertir el proceso de este Estado cooptado en una guerra ideológica, como si la corrupción, lo mismo que el hambre y la miseria, tuvieran que catalogarse como de izquierda o de derecha”.

• Tomado de Prensa Libre.