“La Corte certifica al Secretario de Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el tratado [de extradición] de Perú y EE.UU.”, concluyó el juez Thomas Hixson, de California.
Ahora la decisión final para proceder con la extradición le corresponde al secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken.
Perú pidió en 2018 la extradición de Toledo, que gobernó el país entre 2001 y 2006.
El expresidente estuvo detenido en California, EE.UU. desde julio de 2019. En marzo de 2020 pasó a arresto domiciliario.
La justicia de su país lo investiga por supuestamente recibir un soborno de hasta US$31 millones de la brasileña Odebrecht a cambio de favorecer a esta constructora en la licitación de un tramo de la carretera Interoceánica durante su mandato.
También lo investigan por supuesto lavado de activos en el caso conocido como “Ecoteva”.
El exgobernante siempre ha negado estos cargos, por los que enfrenta dos órdenes de prisión preventiva, y asegura que es víctima de una persecución política.
