Quien habla es Luis, un indígena del municipio José Joaquín Guerrera, en Guerrero, en el suroeste de México.

Su hijo, es uno de los 19 menores de entre 6 y 15 años que esta semana protagonizaron una marcha con rifles que conmovió en México y distintas partes del mundo.

Los niños fueron reclutados para entrenarse en técnicas de autodefensa, según la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Lo hicieron como reacción al asesinato de diez personas de la comunidad que habían sido contratados para ayudar en un concierto del grupo Sensación Musical. Al menos cinco de ellos fueron torturados, decapitados y mutilados.

Las imágenes con niños armados sorprendieron aún en un país tan violento como México y circularon por todo el mundo.

En mayo del año pasado, niños de esta región habían declarado la guerra al crimen pero usando solamente palos como si fueran escopetas.

Pero no se habían visto fotos de niños armados. Incluso cuando los activistas han denunciado por años el reclutamiento de menores por los grupos criminales.

“Es lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen, en el mejor de los casos, ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente”, dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Durazo insistió en que la seguridad pública es responsabilidad del Estado y aunque reconoció que se tiene que hacer un “esfuerzo adicional en Guerrero”, aseguró que en la zona han mejorado algunos de los índices de criminalidad.

Agregó que no todas las policías comunitarias “tienen un origen ni un propósito legítimo”. Y dijo que el gobierno revisará su funcionamiento y que respetará “las que son producto nato de usos y costumbres históricas”.

“Grito desesperado”

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que agrupa a 63 ONG, considera que “los niños armados en Guerrero son un grito desesperado de los indígenas nahuas pidiendo que el gobierno les ayude contra los narcotraficantes”.

Aunque en REDIM también señalan que no por ello, el uso de los menores por la CRAC-PF está justificado.

“Les llamamos a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias”, dice un comunicado de REDIM.

La organización, sin embargo, pide que no se criminalice a las familias indígenas y a la policía comunitaria, y que se exija al gobierno que se proteja a esas comunidades.

Explica que son comunidades abandonadas por el Estado, en las que no hay seguridad ni desarrollo social. Además, el crimen organizado ha aumentado su control territorial en el área, sobre todo para el trasiego de drogas.

“En Guerrero el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos para que formen parte de las filas del crimen ha crecido de forma alarmante. Los criminales tienen campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes“, asegura el comunicado.

Guerrero es estratégico para la delincuencia: es el principal productor de goma de opio en México, que es a su vez el tercer productor del mundo, después de Afganistán y Myanmar, según datos de la ONU.

“Asediados por el narco”

“Nosotros hemos aprendido a defendernos del crimen organizado porque las autoridades no lo han hecho”, le dice a BBC Mundo Bernardino Sánchez Luna, consejero de la CRAC-PF.

Sánchez afirma que no es por gusto que han decidido entrenar a los niños, sino por necesidad.

“Todos aquí estamos en riesgo, sufrimos levantones, secuestros, asesinatos. También los niños están expuestos a eso y también tienen que protegerse a sí mismos. Los estamos preparando para que al menos puedan correr cuando se necesite”.

Las comunidades son pobres. Sobreviven de la siembra de calabaza, maíz y frijol. Algunas solo tienen educación primaria y no hay hospitales.

Sánchez explica que los niños no han sido entrenados de una forma constante sino solo en contadas ocasiones.

“Quienes critican esto es gente que nunca ha vivido en medio de la violencia. Que no sabe que defenderse es una cuestión de sobrevivencia”.

Asegura que las 16 comunidades agrupadas en la CRAC-PF son las únicas que han resistido al narco en la región. “Por eso quieren acabar con nosotros”, concluye.

“Burbuja fuera del control del narco”

Marlén Castro, de Amapola Periodismo, coincide en que las 16 comunidades indígenas constituyen “una burbuja muy pequeña dentro de una enorme zona dominada por los grupos de la delincuencia”.

“Son un último frente de resistencia de las comunidades nahuas al dominio del narco. Pero lo han pagado con mucha sangre”, afirma.

En los últimos cinco años han matado a 48 personas de esas comunidades indígenas.

Y dice que muchos medios se equivocan al decir que los niños que se integraron a la policía comunitaria son huérfanos de los 10 asesinados recientemente.

“Tristemente, como todos los niños en esta zona, han crecido en un contexto de mucha violencia y horror. A algunos hasta ir a su escuela les puede costar la vida“.

“Autodefensas legítimas”

“La CRAC-PF tiene todas las características de ser considerada una autodefensa legítima”, le dice a BBC Mundo el director del diario El Sur, Juan Angulo Osorio.

Osorio afirma que resuelven sus asuntos en asambleas, por usos y costumbres y que se circunscriben a sus comunidades, no hacen movimientos ofensivos. No usan armamento de alto poder, sino escopetas y rifles de caza.

“Sus cargos son nombrados en asamblea y son rotativos. Están un tiempo en la policía y luego regresan a sus actividades”.

El grupo criminal que domina la región, conocido como “los ardillos” es uno de los grupos más violentos que operan en México. Acostumbran a calcinar a sus víctimas.

Después de que las imágenes de los niños armados fueran conocidas en todo el mundo, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, fue a dialogar con los representantes de las comunidades. Les prometió incrementar la seguridad en la zona.