El caso fue calificado de homicidio motivado por el odio a la identidad de género, conforme a una ley que entró en vigor en 2015.
Ocurrió a principios a finales de enero de 2019, cuando tres policías mataron a golpes a Camila Díaz Córdova, una trabajadora sexual de 29 años.
Los agentes la detuvieron y la subieron una patrulla por supuestos altercados en la vía pública. Después le propinaron una paliza y la arrojaron a la carretera.
Murió unos días después en un hospital de la capital por las profundas lesiones que le causaron los golpes, según confirmó la autopsia.
La mujer había sido deportada desde Estados Unidos en agosto de 2017, donde huyó por amenazas contra su vida de la pandilla salvadoreña Barrio 18, según informó este martes un tribunal del país centroamericano.
En noviembre de 2017, le negaron el asilo y a su regreso a El Salvador volvió a ejercer la prostitución en las calles del país.
“Se le hizo justicia a Camila”, le dijo a la prensa la fiscal asignada al caso, Gisela Meléndez, tras conocerse la sentencia.
Durante el proceso judicial los tres policías se declararon inocentes. Su abogado defensor, José Cabezas, dijo a Reuters que no compartía el criterio del juez y que no se había logrado probar la culpabilidad de los acusados.
35 años de vida
En El Salvador, la expectativa de vida de una persona trans es de tan solo 35 años, según denunció la asociación Aspid-Arcoiris Trans.
De 1993 a julio de 2020 se registraron más de 600 homicidios de personas de la comunidad LGBTI en El Salvador, y hubo 151 casos de desplazamiento forzado entre 2018 y septiembre 2019, de acuerdo con cifras de organismos de derechos humanos.
Humans Right Watch denunció que se han registrado en el país al menos siete homicidios de mujeres transgénero en los últimos cinco meses.
En noviembre de 2019, Naciones Unidas expresó su preocupación por ataques a personas LGBTI en El Salvador y pidió a las autoridades que castiguen a los responsables.
