La medida, anunciada nueve días después del derrame y que regirá durante tres meses, pretende mitigar la contaminación ecológica, recuperar los ecosistemas y proteger la salud de las comunidades locales que se han visto fuertemente afectadas.
Se “ha evidenciado que, de un recorrido de 147,95 km (desde la quebrada Cuninico hasta el río Marañón), se ha afectado un área de 848.400 m2 de cuerpo de agua” y que en esas zonas además “se realiza pesca artesanal”, según informó el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.
📢 El Gobierno -en atención al impacto ecosistémico y la salud de las personas provocado por el reciente derrame de hidrocarburos en Loreto- declara en #EmergenciaAmbiental el área geográfica cercana a las comunidades de Cuninico y Urarinas.
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— Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) September 25, 2022
Los recursos hídricos comprometidos son la principal fuente de abastecimiento de varias comunidades indígenas locales, por lo que la contaminación las ha dejado sin agua para atender sus necesidades básicas de alimentación y aseo.
“Vamos siete días y no tenemos ninguna novedad favorable a la comunidad por parte del Estado ni por parte de la empresa Petroperú, que solo ha entregado 50 cajas con agua. En Cuninico somos 272 familias, 50 cajas no nos alcanza (…) ¡Siete días sin agua ni comida! Se ha agotado toda la comida que hemos podido tener y ya no tenemos para las ollas comunes”, dijo Galo Vásquez, líder de la comunidad Cuninico, en entrevista con un medio local.
Según Vásquez y otros representantes de las comunidades, aunque las instituciones se habían comprometido en llevarles abastecimiento, una semana después no habían cumplido.
Este lunes, dos días después de esas declaraciones, el gobierno anunció el estado de emergencia.
Un problema que lleva tiempo
Según informó Petroperú en su página web, personal de la empresa junto a miembros de la Policía Nacional y representantes de las comunidades de Urarinas y Cuninico constataron que el derrame fue producto de un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto.
La Fiscalía ya inició una investigación para establecer la responsabilidad del ataque.
Pero al parecer este no es el primer ataque a la infraestructura de Petroperú.
Según ha indicado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en comunicados de prensa, la compañía estatal se ha enfrentado a “oleadas de violencia y hostilidad”.
Por otra parte, diferentes ONG y líderes de las comunidades locales han alertado sobre el problema sistemático de contaminación en los ecosistemas que hacen parte del territorio habitado por los pueblos originarios.
La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), por ejemplo, recordó que, entre 2000 y 2019, se reportaron 474 derrames de crudo en lotes de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano y que en el 65% de los casos la causa ha sido corrosión de los ductos y fallas operativas.
Por su parte, el presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Beltrán Sandi, se quejó de que estos incidentes no son nuevos y que, en la práctica, están amenazando la pervivencia de las comunidades originarias.
