Tres, de los cinco sindicatos de la portuaria quetzal promovieron un amparo, el cual fue aceptado provisionalmente por una Sala mixta de apelaciones de Escuintla.

La Sala ordena suspender toda actividad en la terminal de contenedores quetzal (TCQ).

Javier Reyes líder sindical asegura que TCQ, no cumplió con los requisitos establecidos desde su construcción.

No cuenta con licencia y exige el pago de la misma, ademas busca retrotraer las actuaciones para detener a toda costa las operaciones de la terminal.

En enero de este año el interventor de la portuaria Alexander Aizenstatd, informó que “tras completar las autorizaciones y permisos que estaban pendientes, ya cuentan con la licencia de impacto ambiental y ya está regularizado el proceso de licencia de construcción”, confirmó en conferencia de prensa.

Por esta construcción el Estado tiene una deuda aproximada de 126,5 millones de dólares que se deben cancelar en un plazo de 10 años y que el costo mensual de pagos a empleados y otros servicios es de 3 millones de quetzales (401.609 dólares).

Las autoridades confirman que el interés de reactivar la terminal TCQ, tiene como fin recuperar los bienes de Guatemala y evitar que se pierdan.

El contrato original otorgado a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ),  en el 2012 originó investigaciones por corrupción en las altas cúpulas del organismo ejecutivo y miembros del extinto partido patriota y por el caso están en prisión preventiva 12 personas involucradas en una estructura liderada por los dos exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
A ellos el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), les señalan de beneficiarse por medio de “coimas ó sobornos” superiores a los 25 millones de dólares, por lo que permanecen en prisión preventiva.

TCQ en suspenso por resolución de Sala en Escuintla.

— Guatevisión (@Guatevision_tv) April 26, 2017