La PNC publicó a través de su cuenta de Twitter que solicitará la captura de las personas involucradas en el castigo comunitario aplicado al subcomisario policial Edilberto López Godínez, ocurrido el jueves último.

“Se solicita la orden de captura a líderes negativos y personas que brutalmente agredieron al subcomisario Godínez, indicó el Director General Nery Ramos”, publicó la Policía Nacional Civil (PNC) en esa red social.

También en Twitter, el subdirector general de Investigación Criminal, Stu Velasco, expuso que “hubo ciudadanos que trataron de defender al subcomisario Godínez y también fueron maltratados”.

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La institución policial repudió desde el jueves por la noche la acción llevada a cabo por los comunitarios y las calificó como “graves violaciones a los derechos humanos”.

El jueves, el subcomisario de PNC, junto con otros dos agentes, fue detenido por pobladores de Sololá, sindicado de extorsión, por lo cual le propinaron 20 azotes. La Policía asegura que se trató de una confusión.

Subcomisario fue confundido con extorsionista

Los pobladores indicaron que los tres policías supuestamente habían exigido entre Q3 mil y Q50 mil a cuatro pobladores, para no hacerles daño, según llamadas que fueron grabadas.

La mañana del jueves los pobladores encontraron a los policías y luego de varias horas de diálogo decidieron aplicar el castigo comunitario.

Dos de los sindicados fueron rescatados por otros agentes, no ocurrió así con López Godínez quien recibió el castigo.

En un video grabado antes de que recibiera el castigo, el uniformado dijo sentirse tranquilo porque “no he cometido ningún delito”, y aseguró que confiaba en que las autoridades no encontrarán pruebas en su contra.

“Yo me siento bien, créanme. Si esto me tiene que pasar, Dios sabrá porqué”, expresó el subcomisario.

Añadió que respetaba las decisiones de las autoridades indígenas y aseguró que la acusación en su contra se derivó porque lo encontraron “descansando”.

“Que Dios me ilumine y en sus manos me encomiendo”, dijo.

Castigos frecuentes

En esa región del país suelen darse una gran cantidad de castigos comunitarios, que ahora, gracias a la difusión de la tecnología, se han conocido con mayor frecuencia.
En Quiché, por ejemplo, ocurren con mayor frecuencia y no dejan de ser polémicos. En octubre pasado, autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) denunció al alcalde indígena Juan Zapeta por maltrato a menores, después que le propinó varios azotes a un menor de 12 años.

El menos fue acusado de haberse robado unas gaseosas y una bicicleta.

El hecho despertó una gran polémica en la sociedad civil de Quiché. Zapeta acuso a la PDH de “defender a los delincuentes”, mientras otros sectores manifestaron para mostrar su solidaridad al líder indígena.

A nivel político el debate también ha despertado polémica ya que ha sido uno de los puntos de debate más importantes cuando se han discutido reformas a la Constitución.

Por Sergio Morales