Foto: Estuardo Paredes, Prensa Libre.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que para lograr sacar a los congresistas que permanecieron unas nueve horas en el interior del Parlamento y lanzó gas pimienta, no gases lacrimógenos contra manifestantes, tras una jornada de protestas contra la corrupción.

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Los agentes montaron un operativo para evacuar en autobuses policiales a los parlamentarios que no habían podido abandonar el hemiciclo, tras una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.

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Las salidas y entradas al Parlamento, en el centro de la capital, habían sido bloqueadas por miles de guatemaltecos indignados por la crisis política que sacude al país, luego que los diputados aprobaran el miércoles dichas reformas que aún no habían cobrado vigencia.

Policía Nacional Civil no lanzó bombas lacrimógenas para evacuar a los diputados. pic.twitter.com/MaVb4MkrNc

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 16, 2017

Para dispersar la protesta la policía lanzó gas pimienta a los manifestantes y periodistas que estaban cubrían la misma, que llamaban a un paro nacional para exigir la renuncia de los congresistas.

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Policía Nacional Civil no lanzó bombas lacrimógenas, fue fas pimienta

PNC indica que respetó protocolos

La Policía Nacional Civil en todo momento fue respetuosa de los protocolos para el trabajo policial en manifestaciones y respetuosa de los Derechos Humanos. Pese a que se evidencia que los manifestantes se encontraban de forma pacifica ante ellos cuando agentes comenzaron a avanzar para dispararlos.

Policía Nacional Civil en todo momento fue respetuosa de los protocolos para el trabajo policial en manifestaciones y respetuosa de los DH. pic.twitter.com/dmt8t60tA1

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 16, 2017

Nunca volverán a la vida jurídica

Ante el clamor popular, las reformas que habían sido aprobadas por 107 de los 158 diputados fueron archivadas el viernes y nunca “volverán a la vida jurídica” nacional, afirmó el presidente del legislativo, el opositor Óscar Chinchilla.

Con estas modificaciones se pretendía desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.

El Congreso había aprobado además otro controvertido cambio del Código Penal: hasta ahora un delito penado con hasta 5 años de prisión podía ser excarcelable mediante fianza, pero los legisladores ampliaron el margen a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.

Una parte de la población calificó estas decisiones como un “pacto de corruptos”.

La indignación contra el actuar de los diputados se había atizado también porque dos días antes rechazaron un pedido de la fiscalía y de una misión antimafias de la ONU para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.

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