Pese al mutismo de las autoridades de México sobre las investigaciones de los asesinatos de periodistas, esta es la más reciente información que la AFP pudo obtener sobre los cinco homicidios perpetrados en 2017:

– Cecilio Pineda, 39 años

Asesinado el 2 de marzo por un grupo armado mientras descansaba en una hamaca de un lavadero de autos cerca de su casa, en Tierra Caliente, una violenta subregión del estado de Guerrero (sur).

Pineda, que había denunciado amenazas en redes sociales y logró eludir un ataque en 2015, cubría información policíaca, era director del periódico regional La Voz y colaborador del diario nacional El Universal.

Contactado por la AFP, el fiscal general de Guerrero, Javier Olea, declinó dar avances sobre la investigación del crimen de Pineda argumentando que esto podría entorpecer las indagatorias.

“El caso sigue aquí”, se limitó a decir bajo el anonimato un alto mando policial.

– Ricardo Monlui, 57 años

Asesinado a tiros el 19 de marzo cuando salía acompañado de su esposa y su hijo de un restaurante del estado de Veracruz (este), considerado por organismos internacionales como el más peligroso del país para ejercer el periodismo.

Monlui era director del diario El Político y también autor de una columna sobre temas relacionados con política regional.

Contactado en varias ocasiones por la AFP, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, se negó a dar información sobre el caso.

A raíz de varias denuncias de periodistas locales, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas investiga a Winckler por supuestamente negarse a dar información en general a los reporteros.

– Miroslava Breach, 54 años

Su cadáver fue hallado el 23 de marzo con múltiples impactos de bala en la cabeza, al interior de un vehículo en Chihuahua, capital del estado homónimo en el norte de México.

Reportera de los diarios La Jornada y el Norte de Juárez, tenía más de 20 años dedicada a investigar sobre crimen organizado, narcotráfico y casos de corrupción en el gobierno de Chihuahua.

Una de sus últimas coberturas fue la del conflicto armado entre dos líderes de un brazo armado del cártel de Juárez.

El fiscal estatal, Cesar Augusto Peniche, aseguró a la AFP que dio por concluida la investigación sobre el caso.

“Están tratando de ubicar al homicida directo, a los colaboradores y a los autores intelectuales que están 100% identificados, además de que existen elementos de prueba contundentes”, dijo, al explicar que se trata de un grupo de narcotraficantes que opera en la zona serrana de Chihuahua.

La investigación condujo al cateo de casas utilizadas para secuestros mientras que “el arma utilizada para matarla fue encontrada en otro crimen el mes pasado”, dijo.

– Maximino Rodríguez, 71 años

Asesinado a balazos el 14 de abril cuando llegaba en su vehículo acompañado de su esposa a una tienda de La Paz, capital del turístico Baja California Sur (noroeste).

Desde una camioneta, varios individuos abrieron fuego contra el reportero del Colectivo Pericú, especializado en temas policíacos. Su cuerpo sin vida quedó en el interior de su automóvil, mientras su esposa resultó ilesa.

Las autoridades determinaron que el móvil del crimen fue la actividad periodística de Rodríguez y detuvieron a cuatro sospechosos.

Contactada por la AFP, la fiscalía no quiso dar detalles de la investigación, pero según indagaciones periodísticas, los detenidos pertenecen a un grupo de sicarios vinculado con el poderoso cártel de Sinaloa.

– Javier Valdez, 50 años

Asesinado a balazos el 15 de mayo cerca de las instalaciones de Ríodoce, el semanario que fundó en Culiacán, capital del violento estado de Sinaloa (noroeste), cuna de los grandes narcotraficantes de México.

El cadáver de este colaborador de la AFP y reportero del diario La Jornada quedó tendido en plena calle.

Valdez era un reconocido reportero especializado en crimen organizado y narcotráfico, pero según el fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, no había reportado haber recibido amenazas.

Su última colaboración con la AFP fue precisamente para informar sobre la guerra interna entre varias facciones del cártel de Sinaloa desde la extradición del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pese a que un grupo de periodistas solicitó la versión pública de la investigación, la fiscalía estatal se escuda en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio -que exige reserva en cierta información, como los nombres de los detenidos- para evitar hablar del caso.

A poco de cumplirse un mes de su asesinato, la fiscalía no ha presentado avances considerables o confirmado sospechosos, mientras que el gobernador estatal, Quirino Ordaz Coppel, mantiene mutismo sobre el tema.