El río Cahabón es uno de los más extensos y caudalosos de Guatemala. Nace en la Sierra de las Minas y desemboca casi 200 kilómetros después en el lago de Izabal.

Sagrado para las comunidades indígenas que viven en su cuenca, se ha convertido en motivo de discordia para organizaciones ambientalistas que cuestionan la forma en que se está intentando utilizar.

Una obra, ya finalizada en tres de sus cuatro fases, está en el centro de la polémica y su construcción está a cargo de una empresa cuyo propietario es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Se trata del complejo hidroeléctrico Renace, que se compone de cuatro centrales sobre el río, tendrá una capacidad de generar 305 megavatios y, para cuando esté finalizado en el primer trimestre de 2018, será capaz de satisfacer el 15% de la demanda eléctrica del país.

Una organización no gubernamental española y un colectivo ambientalista guatemalteco exigen la suspensión de la construcción hasta tanto no se realice un estudio de impacto ambiental que abarque todas las fases de Renace y denuncian que el río se está secando, algo que la compañía desmiente.

Los activistas también denuncian que el complejo hidroeléctrico afecta la vida de casi 30.000 indígenas quekchíes que viven en zonas cercanas al Cahabón, unos 220 kilómetros al norte de la capital del país.

Y el propio Méndez habla de una relación “magnífica” con las comunidades indígenas.

Pero en el departamento de Alta Verapaz, uno de los más pobres del país, donde se asienta el proyecto, no todos están de acuerdo.

El activista Julio González, del Colectivo Madreselva, le dice a BBC Mundo que el complejo afecta unos 30 kilómetros del río y que ha habido un “despojo de tierras” a comunidades cercanas.

“Hay un despojo sistemático de los bienes naturales del país por parte grupos empresariales”, señala y dice que “no hay ningún beneficio para la población, son empresas que están lucrando a partir de utilizar un bien público y no están dejando mejores condiciones de vida para las comunidades”.

“Ellos mantienen un plan de responsabilidad social empresarial que tiene como fin dar dádivas, son unos proyectitos con el fin de mantener a la gente tranquila”, agrega.

En un informe divulgado este mes por CMI llamado “Renace: ‘Una apuesta por el futuro’. Respuestas a la campaña de desinformación promovida por grupos interesados”, se asegura que 15.000 personas se benefician anualmente con empleos, que han construido carreteras rurales y 14 escuelas, y que han implementado siete programas de desarrollo social.

Pero González también denuncia la existencia de amenazas y la criminalización de líderes indígenas que cuestionan el proyecto Renace.

El Consejo del Pueblo Maya, que agrupa a comunidades de la zona, divulgó un video en Facebook donde cuestionan a las autoridades.

“El Estado ha olvidado a estas comunidades y ahora nos organizamos en la defensa del territorio y nos declaramos en resistencia contra las empresas que pretenden criminalizar la defensa del río Cahabón”.

En las últimas semanas han aparecido “panfletos anónimos” con “graves acusaciones” y “delitos de todo tipo” contra algunos de los principales opositores a Renace.

Uno de los líderes indígenas es Bernardo Caa Xol, quien le dice a BBC Mundo: “Han organizado una campaña de calumnias y difamación por estar en contra de las hidroeléctricas en el Cahabón”.

“Con un atentado contra mi vida buscarían silenciar la voz de las comunidades que se oponen a las hidroeléctricas. Es posible”, remata.

Las autoridades no se han expresado al respecto y no está claro quiénes están detrás de las advertencias. Por lo pronto, aunque algunas organizaciones han solicitado que se paralicen las obras, el complejo sigue su curso y no hay señales de que el gobierno vaya a intervenir de una u otra forma.

La empresa espera culminar la cuarta central hidroeléctrica en 2018 y, por el momento, nada parece detener la marcha de Renace.