Por Natiana Gándara

El objetivo por recuperar la vivienda embargada a Alejandro Sinibaldi no rindió los frutos esperados, dado que la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó un recurso de apelación que presentó el hermano del exministro que se encuentra prófugo.

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La presidenta de la sala de apelaciones, Anabella Cardona, explicó que se rechazó el recurso debido a que se presentó de manera extemporánea.

Juan Pablo Sinibaldi Aparicio, hermano de Alejandro Sinibaldi, es el representante legal de la sociedad anónima Hacienda Agua Negra, entidad a la que se encuentra inscrita la propiedad de Antigua Guatemala, que según el Ministerio Público es propiedad del exfuncionario. La vivienda tiene un valor de Q3.2 millones.

El juzgado de Extinción de Dominio resolvió el 3 de noviembre de 2017 la inmovilización y embargo de varias propiedades del exministro, entre ellas la vivienda en Antigua Guatemala, y se notificó el 18 de enero de 2018, pero fue hasta el 9 de marzo que se impugnó.

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La presidenta de la sala de Mayor Riesgo explicó que después de notificar se tienen 48 horas para apelar y se tomaron dos meses para plantear el recurso.

“Su petición de retrasó dos meses cuando debió hacerlo en 48 horas”, resolvió la juzgadora.

Extensa propiedad

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (Feci) informó en enero pasado que realizaron un allanamiento e inspección de una casa ubicada en la Antigua Guatemala.

La propiedad está vinculada a Alejandro Sinibaldi, quien permanece prófugo de la justicia, vinculado a varios casos de corrupción ocurridos durante su gestión en el gobierno del extinto Partido Patriota.

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El inmueble de tres fincas se ubica en la 6ª avenida norte de la mencionada ciudad colonial y según el MP, la diligencia tuvo por objeto entregar la propiedad para que sea administrada por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senadeb).

“Las residencias de Sinibaldi que se inspeccionan fueron las que se localizaron durante la investigación del caso Construcción y Corrupción. Ahora se busca entregar a la Senabed”, dijo en ese entonces, Julia Barrera portavoz del MP.

El MP informó que la propiedad tiene un valor registral de Q3.2 millones y está registrada a nombre de una entidad, cuyo representante legal es Alejandro Sinibaldi Aparicio.

La inmovilización y embargo de la propiedad fue autorizada desde el 3 de noviembre último, por el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio.