Protagonista de una saga judicial con varias causas y denuncias en su contra, la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) afrontará su primer juicio oral por supuesto perjuicio al Estado en un polémico caso de operaciones cambiarias al final de su mandato.

La propia expresidenta había solicitado al juez que lleva esta causa Claudio Bonadío elevar el caso a juicio oral. El magistrado, que con Kirchner son enemigos declarados, no fijó la fecha de este proceso conocido como “dólar futuro”.

Junto a Kirchner, de 64 años, serán juzgados el exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central de Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli.

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La expresidenta, que es activa usuaria de las redes sociales, compartió en Twitter a modo de reacción un ‘gif’ del movimiento juvenil que la apoya La Cámpora, en el que califica como una “obra” el procesamiento de Bonadío, y al que agrega un ‘emoticon’ de sospecha.

El juez Bonadio los acusa de haber causado daño financiero al Banco Central por sus medidas y política monetaria contra la devaluación en 2015.  Ya los había embargado por 15 millones de pesos (un millón de dólares) cada uno.

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A fines de 2015, Kirchner decidió frenar el aumento del dólar vendiendo la divisa ‘a futuro’ a 10,6 pesos a pagar seis meses después, cuando según los denunciantes era previsible una devaluación con el cambio de Gobierno. Empresarios y gente de dinero aprovechó esta operación, entre ellos varios funcionarios del gobierno de Macri, y un semestre más tarde cobraron el dólar a 15 pesos con un beneficio de 40%.

Son cuatro las causas que pesan sobre Kirchner, la mayoría por supuestos casos de corrupción, sin embargo “la del dólar futuro es la más favorable a ella”, explicó a la AFP el analista político Rosendo Fraga.

El anuncio de este juicio se produce en un momento de creciente tensión social contra las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, mientras la polarización política entre kirchnerismo y macrismo tiñe marchas gremiales, huelgas docentes y siembra desconfianza sobre la politización de la justicia.

Fraga incluso percibe “cierta estrategia del mismo gobierno en instalar a la expresidenta” en el debate electoral previo a las elecciones legislativas de octubre para dibujar un panorama “Cristina o Macri” en el que a su criterio se beneficiaría el oficialismo, dijo.

Elegible

 Por ahora los analistas descartan que cualquiera de estos procesos judiciales impida a Kirchner presentarse como candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país con 40% del padrón electoral, donde la expresidenta cuenta con un importante apoyo popular.

“No hay que descartar que la expresidenta aproveche esta oportunidad del juicio para tener una plataforma de arenga política” en un año electoral, dijo a la AFP el sociólogo Ricardo Rouvier, de la consultora Rouvier y asociados.

Kirchner transformó su indagatoria por este caso en abril pasado en un multitudinario acto político frente a los tribunales de Buenos Aires, en lo que fue su primera aparición pública desde su salida del gobierno en diciembre de 2015.

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Kirchner, Kicillof y Vanoli serán juzgados por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración estatal”, según el fallo que dio por cerrada la instrucción, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Otros 12 acusados, exmiembros del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, serán juzgados como presuntos partícipes necesarios de la supuesta maniobra.

Ping pong judicial

En octubre se celebran los comicios legislativos de mitad de mandato.  Una investigación paralela a cargo del juez Sergio Torres apunta contra Macri, su exministro de Economía Alfonso Prat-Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tras una denuncia de diputados kirchneristas.

Los denunciantes acusan a Bonadio y Sturzenegger de autorizar y pagar los contratos de dólar a futuro con los precios posteriores a la devaluación, beneficiando a funcionarios y empresarios cercanos al gobierno.

Por esta causa, el fiscal Jorge Di Lello citó a declaración testimonial a varios funcionarios, entre ellos Prat Gay y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

La expresidenta, que se dice “víctima de una persecución judicial“, está procesada en otras dos causas por presunta corrupción en negocios inmobiliarios y por el supuesto “direccionamiento” de obras públicas.

© Agence France-Presse